En casa de los inquilinos que ya han solicitado la prórroga: "No somos ni bichos ni números"

Soraya (prefiere no dar más datos) es una de las miles de personas que han podido acogerse a la prórroga de los alquileres en estas últimas cuatro semanas. Es inquilina de un bloque en lucha en la calle Riereta, en Barcelona. Como al resto de sus vecinos, su casero, un gigante inmobiliario, le ha mandado una carta exigiendo que abandone el piso en junio. Pero no se va a ir. Al menos le quedan otros tres años para pelear.

"Nosotros nos hemos acogido al decreto y, como estamos en una zona tensionada, tenemos tres años más", explica. De momento nadie le ha contestado al burofax que mandó informando de esta decisión. Ella supone que están esperando a ver cuál es el futuro del decreto ley.

"Tenemos claro que este es nuestro hogar y que no somos ni bichos ni números. No nos vamos a marchar, vamos a luchar", reivindica Soraya. Tiene una discapacidad del 36% y vive con su hija de ocho años.

Al menos 28 familias de estos bloques, respaldadas por el Sindicat de Llogateres, ya han enviado el burofax a la propiedad. Otra docena de los edificios que la compañía ha adquirido en Sant Adrià –en este caso, de protección oficial– también se ha acogido a la prórroga extraordinaria. 

Este lunes han contado sus historias de lucha y las presiones que están sufriendo en una rueda de prensa. Lo hacen a menos de 24 horas de la sesión parlamentaria en la que se decidirá el futuro del decreto ley que permite renovar bajo las mismas condiciones los contratos de alquiler que finalicen entre el 22 de marzo –día en que se publicó en el BOE– y el 31 de diciembre de 2027.

Como en el caso de Soraya, muchos inquilinos se topan con un "silencio administrativo" por parte de sus arrendadores o con diversas excusas para convencerlos de que la medida no les afecta. Sin embargo, la postura de los sindicatos de vivienda y las asociaciones jurídicas es clara: para activar este derecho solo hace falta enviar una notificación formal. Además de prorrogar los contratos entre dos y tres años, durante este periodo las subidas de renta no podrán superar el 2%.

Santiago: "Si fuese por la casera nos echaba ya"

Santiago R. Puerta y sus dos compañeros de piso no se lo pensaron y la misma semana que salió adelante el real decreto enviaron el burofax. Ellos tampoco han obtenido respuesta, pero no están preocupados porque saben que no es necesario. "Con esto al menos tenemos dos años más", cuenta. Lleva desde 2024 viviendo en este piso de Carabanchel, pero desde hace algún tiempo la relación con la casera no es buena.

"Sabíamos que no nos iba a renovar. Tuvimos una serie de problemas con ella y nos reconoció que estaba deseando que el contrato terminara porque, si por ella fuera, nos echaría ya", relata. La dueña es una multipropietaria que controla todo el bloque, incluido el bajo comercial, y tiene hasta siete edificios parecidos en distintas zonas de Madrid. "En el contrato figura como un particular, pero en realidad es una empresa; incluso tiene sede física", asegura.

No habían tenido grandes roces con ella hasta que intentó "meterles una serie de cobros". El año pasado, una de las habitaciones quedó libre y entró una chica a vivir. Para incluirla en el contrato, la dueña les exigía 50 euros a cada uno, pero se negaron. "Estamos medianamente informados y sabemos que estas cosas son ilegales. Los honorarios los tienen que pagar ellos. Se lo dije por teléfono y, tras esa discusión, supimos que no nos querría renovar", detalla.

El contrato les vencía en octubre de 2027, por lo que gracias a esta medida podrán permanecer en el domicilio al menos hasta 2029. Pagan unos 900€ que consideran razonables "para cómo están las cosas". En esa zona de la capital –tradicionalmente obrera– ya se están encontrando con rentas que superan los 1.600€, muy por encima de lo que se pueden permitir: "Así nos da para ahorrar algo y no tener que destinar el 70% de nuestro sueldo al alquiler".

Eva: "Llevo desde los 18 en alquiler y no tengo ahorros"

"El decreto se publicó un sábado y yo el lunes envié el aviso", cuenta Eva Milán. Es inquilina desde 2017 en un piso de un pequeño arrendador, al que accedió a través del programa de vivienda del Ayuntamiento de Alicante. Empezó con una renta de apenas 280 euros y actualmente paga unos 378€. Su contrato terminaba en julio y ya le habían comunicado que tendría que marcharse o, como única alternativa, comprar la propiedad.

Aunque esta última siempre fue la intención de Eva, se le ha ido complicando. El año pasado consiguió una hipoteca gracias al aval ICO al 100%, pero no tenía capacidad, entre otras cosas, para asumir el coste del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. "Llevo desde los 18 años viviendo de alquiler. Ahora tengo 35 y me ha sido imposible ahorrar lo suficiente", lamenta. Estos años no han sido sencillos para su familia. Tanto a ella como a su marido los despidieron en 2021, al poco del nacimiento de su hija.

"Hemos ido tirando poco a poco. Sigo buscando financiación para comprar la casa. Es una situación de mucha ansiedad y mucho estrés", cuenta. Se ha acogido a la prórroga para ganar algo de tiempo, porque sabe que la intención del propietario es vender y que quiere hacerlo cuanto antes "para reformar su otra vivienda". A ella le dio seis meses de margen, pero, según cuenta, le sería imposible conseguir el dinero en ese tiempo.

"La relación hasta ahora ha sido buena, no he fallado en los pagos en nueve años", dice. De momento no ha recibido respuesta a su burofax y no sabe cómo va a reaccionar: "He intentado buscar otro alquiler, pero no es una opción. Están a más de mil euros. Yo gano 1200 y mi pareja ha encontrado un puesto hace dos semanas , con lo cual no tenemos una base sólida para aportar nóminas y demás", concluye.

Los bloques en lucha también se unen

Entre los grandes beneficiados de este decreto están decenas de afectados de los llamados "bloques en lucha", a quienes fondos e inmobiliarias tratan de expulsar para realquilar sus viviendas a precios mucho más altos o mediante fórmulas más rentables, como el alquiler temporal o por habitaciones.

La prórroga no ha llegado a tiempo para todos, ya que no sirve para evitar desalojos cuando los contratos son posteriores al 22 de marzo de este año. Sin embargo, está siendo un balón de oxígeno para quienes estaban a punto de hacer las maletas. Es el caso de algunos inquilinos de los edificios propiedad de la Casa de Alba, en Madrid.

Alrededor de una veintena de afectados en la calle Duque de Liria han solicitado la prórroga de sus contratos a Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo. Según denuncian desde hace meses, la propiedad pretende expulsarlos para convertir las viviendas en apartamentos turísticos. De momento, esperan poder quedarse. 

Todos ellos, al igual que Soraya, Eva y Santiago se han organizado a través de los sindicatos y asociaciones a favor del derecho a la vivienda de sus barrios y ciudades. Les han facilitado formularios y han convocado decenas de asambleas y puestos informativos a lo largo de estas cuatro semanas para conseguir que el mayor número de inquilinos puedan prorrogar sus arrendamientos. Según cálculos del Ministerio de Consumo, hasta dos millones de familias podrían beneficiarse de este derecho.