SANTIAGO DE CHILE.- Una quincena de organizaciones feministas y de defensa de los Derechos Humanos hicieron este martes en Chile un llamamiento a redoblar los esfuerzos por aprobar un proyecto de ley promovido por la presidenta Bachelet para despenalizar el aborto. "Chile debe fortalecer su democracia protegiendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mediante leyes y políticas públicas integrales y laicas", señalaron en una declaración pública las organizaciones, encabezadas por Amnistía Internacional (AI) Chile.

El proyecto, impulsado por el Gobierno de Michelle Bachelet, propone despenalizar el aborto en tres supuestos: cuando la vida de la mujer corra peligro, cuando el embarazo sea consecuencia de una violación y cuando el feto no sea viable. Según las organizaciones sociales, debatir y legislar el tema es un "imperativo democrático ineludible" y los tres supuestos del proyecto son el "mínimo ético" que el Congreso chileno debe reconocer y aprobar.

La iniciativa, a la que se opone la oposición conservadora y algunos sectores de la Democracia Cristiana, ya ha sido aprobada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y en octubre será analizada por el pleno de la Cámara, donde el oficialismo tiene mayoría.

Chile, junto con El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua, son los únicos países latinoamericanos que prohíben el aborto en todas las circunstancias. Según la ley chilena contra el aborto, aprobada en 1989 durante la última etapa de la dictadura de Augusto Pinochet, el aborto es ilegal incluso cuando la vida o la salud de la mujer o el bebé corren peligro y cuando el embarazo es consecuencia de una violación.

En ese sentido, las organizaciones que firmaron la declaración pública interpelaron a los gobiernos latinoamericanos por "las más de 6.000 mujeres que cada año mueren por complicaciones del aborto y por los 55.000 abortos que se realizan diariamente en países que penan su realización". Según el Ministerio de Salud, en Chile más de 33.000 mujeres ingresan a diario en los hospitales por complicaciones derivadas de abortos inseguros. De ellas, más de una décima parte (3.600) son niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad.

Coincidiendo con la publicación de esta declaración, Amnistía Internacional organizó en el centro de Santiago una recogida de firmas a favor de una campaña para denunciar la criminalización del aborto, que ya cuenta con más de 45.000 adherentes.

"La draconiana ley chilena contra el aborto trata a las mujeres como ciudadanas de segunda y pone su vida y su salud en peligro". Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, que asegura que la prohibición del aborto en Chile "crea un clima de temor entre los profesionales de la salud, cuyo primer impulso es a menudo denunciar ante a la Policía los casos de mujeres o niñas sospechosas de haberse sometido a un aborto, en lugar de proporcionarles tratamiento para salvarles la vida".

Esta situación  crea un sistema de atención médica de dos niveles, en el que "a las mujeres se las considera meros receptáculos portadores de hijos”, ha manifestado Fernanda Doz Costa, investigadora de Amnistía Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en América.

AI afirma que aunque el proyecto de ley que se está debatiendo "sigue siendo limitado", puede convertirse en "un importante primer paso en la dirección correcta".