Cinco realojos en seis meses: el periplo de una familia vulnerable desahuciada en Barcelona

"Tenía miedo; con tres hijos menores, si nos echaban de casa, ¿adónde íbamos a ir?", recuerda Muhammad. De origen pakistaní y vecino de Barcelona desde hace veinte años, ha accedido a contar a Público cómo él y su familia fueron desahuciados el pasado enero y el "calvario" que han vivido desde entonces: una noche en el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB), tres pensiones distintas —una de ellas en condiciones "insalubres", con chinches y cucarachas— y, finalmente, un apartamento temporal. Su caso pone sobre la mesa una realidad a menudo olvidada: ¿qué pasa con las familias una vez han perdido su hogar? 

En la cafetería también está Isi, miembro del Sindicat de Llogateres. Es una de las activistas que ha acompañado a Muhammad a lo largo de este largo camino, que comenzó en 2022, cuando recibió el primer burofax que lo instaba a abandonar el local donde vivía, en el barrio del Poble-sec. "Una vivienda digna es algo muy básico. La administración no tiene capacidad de organización y, si él no hubiera pedido ayuda, su historia habría sido muy distinta", asegura Isi. 

Sin alternativa habitacional 

El local donde han crecido los hijos de Muhammad no tenía cédula de habitabilidad. La familia vivía allí desde 2014, pagando un alquiler de 500 euros durante los primeros cinco años, y de 550 a partir de 2019. Todo cambió en junio de 2022, cuando el propietario —que era un gran tenedor— les comunicó que no podía renovarles más el contrato. Les dijo que buscaran otra vivienda y que, mientras tanto, tendrían que pagar 100 euros más al mes. 

"Estaba muy angustiado porque mi mujer tenía la pierna mal y, con mi sueldo, no encontrábamos nada asequible en el barrio", relata Muhammad. Trabaja en el sector de la hostelería y no quería irse lejos porque sus hijos estudian en un colegio cercano. "No podía pagar 100 euros más al mes, por eso contacté con el Sindicat de Llogateres. Me explicaron que ese plus no era legal y que siguiera pagando solo el alquiler. El propietario me dijo que ese no era su problema y me llamaba de vez en cuando para presionarme a marcharme. Nunca quiso negociar con el Sindicat", continúa. 

La situación se fue alargando hasta diciembre de 2024. El primer intento de desahucio no se llevó a cabo, pero, al mes siguiente, en enero, la comitiva judicial y la policía forzaron la salida de Muhammad y su familia. "Como no tenía cédula de habitabilidad, no vinieron los Servicios Sociales a hacer seguimiento del caso. No tenían las mismas garantías porque no era una vivienda legal. Fuimos nosotros quienes exigimos una alternativa habitacional", denuncia Isi. 

Cuando una persona está a punto de ser desahuciada, en principio hay un equipo de Servicios Sociales que se encarga de ayudarla tras el lanzamiento. Si cumple una serie de requisitos para ser considerada vulnerable, se activa un protocolo para ofrecerle una alternativa de emergencia y la administración se encarga de buscarle una solución habitacional estable. El problema es que hay mucha lista de espera y pueden pasar muchos meses hasta que eso ocurra. 

Cinco realojos en seis meses 

Muhammad y su familia pasaron la primera noche en el CUESB, pero estaban obligados a marcharse al día siguiente a las ocho de la mañana. "No había privacidad. Si pasábamos más noches allí, teníamos que estar todo el día por la calle con las bolsas. No teníamos alternativa, pero gracias al Sindicat conseguimos 15 días en una pensión en Sant Pau-Dos de Maig [a 25 minutos en metro de Poble-sec]. Allí nos ofrecieron un par de habitaciones y cáterin; las condiciones eran normales", explica. En esa pensión había otras dos familias desahuciadas ese mismo mes con hijos que compartían escuela con los de Muhammad. 

Pasados los 15 días, tocaba recoger las pocas pertenencias que no habían guardado en el trastero del Ayuntamiento y volver a trasladarse. Esta vez los enviaron a un hostal en Badalona [a unos 40 minutos en metro hasta Poble-sec]. "Estuvimos dos noches. Fue un horror: camas sucias, colchones rotos, chinches y cucarachas. Dos o tres baños para 50 familias. Una cocina pequeña que no se podía usar hasta las ocho de la mañana. ¿Cómo iba a preparar el desayuno para los niños? Era mejor dormir en la calle que en aquella pensión", recuerda con amargura. 

Precisamente hace unas semanas varios sindicatos de vivienda irrumpieron en las oficinas del Ayuntamiento de Barcelona para reclamar realojos dignos. Uno de los activistas presentes en la protesta, Dani, del Grup d'Habitatge de Sants, denuncia a Público el "colapso" del sistema: "Los recursos se activan en el momento en que se ejecuta el desahucio. Eso quiere decir que muchas familias son reubicadas en lugares que no cumplen los requisitos básicos para poder vivir. Son espacios pequeños, sin cocina o muy alejados de su entorno social. Es un impacto muy grande para sus vidas y el desarrollo de los niños". 

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Una empresa turística, gestora de los realojos 

La tercera pensión en la que se alojó la familia de Muhammad fue, ahora sí, en Poble-sec. Sin embargo, la única habitación para cinco personas no tenía ni espacio para una mesa donde hacer los deberes, el baño se estropeaba "cada dos por tres" y toda la comida que servían era "congelada". Estuvieron allí cuatro meses, hasta el 30 de junio, y llegaron a poner una denuncia ante el Síndic de Greuges por las condiciones materiales del albergue. 

Según Isi, el sistema no está "colapsado", sino "mal gestionado". "Tener a una persona un mes en una pensión le cuesta al Ayuntamiento de Barcelona 1.000 euros. Cinco personas, 5.000 euros. Lo gestionan empresas privadas. La pregunta es por qué no hay un parque público de vivienda más amplio. Sería más barato y se ofrecerían condiciones de vida más dignas. Es un problema de prioridades", se queja la activista del Sindicat de Llogateres. 

Por su parte, Dani asegura que la estructura de alojamientos de emergencia está gestionada por BCD Travel, una empresa turística que contacta con los hostales, generalmente privados. "La administración debería invertir en medidas para prevenir el desahucio. No tiene ningún sentido gastar dinero en habitaciones que van directas a manos privadas", añade. Según datos oficiales, el Ayuntamiento alojaba a 2.950 personas en marzo de 2024, una cifra un 55% superior a la media registrada en 2021. 

Además, el activista del Grup d'Habitatge de Sants denuncia que ante esta situación, la respuesta del Ayuntamiento fue poner en marcha un protocolo que carga la "responsabilidad del colapso" a las personas realojadas. "Revisan constantemente que las familias desahuciadas intentan encontrar una solución, que buscan piso. Se hace una entrevista para evaluar si son dignas de estar en la Mesa de Emergencia", lamenta. El protocolo, que se implementó en junio de 2024, limita a seis meses la estancia en alojamientos de emergencia. 

Muhammad, por ejemplo, lleva tres años buscando piso, pero no encuentra nada asequible. Está inscrito en la Bolsa de Viviendas de Alquiler de Barcelona, pero dice que "salen dos pisos al mes" y que hay "decenas de familias esperando". Mientras tanto, desde el 30 de junio, vive en un apartamento en el barrio de Collblanc [a 20 minutos en metro de Poble-sec] con su esposa y sus hijos. "Al menos tenemos un espacio propio y una cocina, pero sigue siendo inestable. El 12 de agosto sabremos si podemos quedarnos una temporada más", concluye el hombre, que se siente "completamente agotado".