Claves para entender la ley de vivienda que el Gobierno envía al Congreso

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda con la intención de enviarlo al Congreso como proyecto de ley "antes de que termine el año". Se pone así fin a casi un año de tensa negociación entre los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos.

El texto pactado por el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales dirigido por Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha visto la luz con la regulación de los alquileres entre sus puntos más polémicos, un asunto que al mismo tiempo más rechazo suscita en el sector inmobiliario.

La ley de vivienda ha encarado este martes una nueva etapa con el establecimiento de zonas de precios tensionadas, la reserva del 30% de las nuevas promociones para vivienda social o los incentivos fiscales para la reducción de precios como algunas de sus claves.

Limitación del precio del alquiler en las zonas tensionadas

Lo más llamativo es que el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo permite limitar el precio de los alquileres en zonas tensionadas, en función de un índice oficial, a las personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas. Al resto de propietarios, se les limita el incremento de precios al 10% sobre la última renta del contrato anterior, según fuentes conocedoras del texto.

La distinción entre arrendadores que son personas físicas y jurídicas no ha gustado a las organizaciones sociales impulsoras de la ley, que este lunes volverán a movilizarse frente al Congreso para pedir esa y otras modificaciones.

La declaración de zonas tensionadas corresponderá a las comunidades autónomas, a petición de los municipios, que lo podrán solicitar si la renta de alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar y si en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC, señalan las fuentes.

El movimiento de vivienda quiere que la declaración de zona tensionada se pueda pedir solo con que se cumpla una sola de esas dos condiciones, en lugar de las dos simultáneamente. Reclaman también que los municipios tengan autonomía para aprobar la declaración y no dependan de la autorización del correspondiente gobierno regional.

Desgravaciones fiscales

Como mecanismo de contención de rentas, el anteproyecto de ley establece también para los nuevos contratos una desgravación general del 50% en el IRPF, modulable en función de diversos criterios hasta el 90% de bonificación máxima para los caseros que rebajen un 5 % el precio de sus alquileres, han confirmado fuentes del ministerio.

Viviendas vacías

El texto que ha aprobado este martes el Gobienro define la vivienda vacía como aquella que esté desocupada más de dos años y sea de propietarios con un mínimo de cuatro viviendas, y da la posibilidad a los ayuntamientos de aplicarles un recargo de hasta el 150% de la cuota líquida del IBI para incentivar su puesta en el mercado.

Vivienda social y protegida

Para incrementar el parque público, establece la reserva del 30% del suelo urbanizado en las nuevas promociones para vivienda pública y, de ese porcentaje, la mitad para alquiler.

Crea también junto a la vivienda protegida la figura de la "vivienda asequible incentivada", como aquella de titularidad privada con beneficios urbanísticos y fiscales destinada al alquiler a precios reducidos.

Sin efecto hasta 2024

Cumpliendo todos los requisitos legales y dado que el actual periodo de sesiones de la cámara termina en diciembre, la tramitación parlamentaria de la ley de vivienda comenzaría previsiblemente en febrero de 2022, una vez empiece el nuevo periodo de sesiones.

A ello habrá que añadir el período de enmiendas durante dicha tramitación. Unidas Podemos y ERC defenderán en forma de enmiendas durante la tramitación de la ley, figura además la eliminación del plazo de 18 meses para la aplicación obligatoria del índice de precios.

La tramitación parlamentaria de la ley de vivienda comenzaría previsiblemente en febrero de 2022

Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, ha declarado que esta vacatio legis retrasaría el efecto pretendido de la ley sin ninguna justificación, puesto que ya existe el sistema de índices de referencia del Ministerio de Transportes.

"Teniendo en cuenta que el proceso parlamentario va a tardar como poco un año, nos pondríamos en 2024 para que se puedan empezar a regular los alquileres, lo que es una barbaridad", explica Bardera, convencido de que ese tiempo "le sigue dando oxígeno a los grandes tenedores, no solamente para seguir aumentando los precios con cada nuevo contrato, sino para que pongan a funcionar a sus sistemas jurídicos para que inventen maneras de burlar la regulación".