El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha denunciado este martes ante la Fiscalía y la Comunidad de Madrid el caso de Inés, la menor de 11 años con discapacidad expulsada de un campamento el pasado fin de semana tras las quejas de unas compañeras.

El delegado del Cermi para los Derechos Humanos, Jesús Martín Blanco, ha anunciado la denuncia presentada esta mañana a la vez que ha lamentado que "una actividad lúdica, como es un campamento, haya provocado dolor a Inés y su familia". También la Coordinadora del Tercer Sector ha condenado en un comunicado estos hechos y ha informado de que ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo y del Menor para que se inicien acciones para aclarar lo sucedido.

Carolina Gómez, madre de la niña, ha asegurado que está estudiando si denunciará la discriminación a su hija en el campamento Pueblo Inglés, gestionado por la empresa Diverbo, la cual niega haber expulsado a la pequeña. Para el Cermi "resulta intolerable que una circunstancia como la discapacidad colonice nuestra existencia para clasificarnos fuera de la vida en común y para ocultar a la propia persona con dignidad y derechos".

Martín ha lamentado la actitud del campamento, una "constante perversa" que aparta a este colectivo de "la esfera de la inclusión": "Pone de manifiesto que nuestras vidas siguen estando depreciadas en valor y despreciadas en actitudes, algo intolerable en un Estado con cuarenta años de vida democrática".

Por su lado, la Coordinadora del Tercer Sector ha pedido formalmente este martes al Gobierno de la Comunidad de Madrid que actúe contra la empresa Diverbo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, para conocer la situación producida con la expulsión de la menor.

Esta ONG ha solicitado que se analice por parte del Ejecutivo madrileño si esta actuación "no supone una evidente discriminación hacia la infancia y un ataque a los derechos de los menores con capacidades diversas.

Además, entiende que, de acuerdo a la legislación en materia de protección a la infancia y las relativas a ocio y tiempo libre, que en parte regulan a los campamentos, "la Comunidad de Madrid debería iniciar actuaciones ante un potencial delito de odio".