Jennifer Muñoz Vázquez es mujer, joven, pobre y gitana. Todos estos factores han interaccionado para sufrir discriminación. Así lo apoya Cristina de la Serna, la directora del departamento de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, que ayudan a la afectada en esta lucha.

Tras ser condenada por el hurto de un juguete de 6,90 euros, Muñoz recurrió a la Audiencia Provincial y el Supremo, sin lograr la estimación. Hoy, aconsejada por la Fundación Secretariado Gitano, ha presentado una comunicación para elevar su caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órgano del sistema de Naciones Unidas encargado de luchar contra cualquier forma de discriminación contra la mujer. La Fundación espera que se haga justicia en lo que considera un caso de discriminación interseccional, por su doble condición de mujer y de gitana.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2019, cuando Jennifer acudió a un hipermercado con su bebé y su cuñada. El vigilante de seguridad la retuvo aludiendo que el juguete que llevaba su bebé en la mano, valorado en 6,90 euros, era robado. Ella siempre ha asegurado que el juguete se lo habían regalado en la inauguración de una juguetería días antes. La joven pidió que se visionaran las cámaras de seguridad, como prueba de que ese día ni siquiera había pasado por la juguetería, pero salió de allí con un acta de denuncia para presentarse a un juicio rápido por un delito de hurto al día siguiente. Jennifer habló con el dependiente de la tienda de juguetes, que se ofreció testificar a su favor e incluso llamó al jefe de seguridad del hipermercado para confirmarle que él le había regalado el juguete.

Al juicio, Jennifer acudió sin abogado y volvieron a pesar sobre ella "los estigmas de ser gitana y mujer", como asegura a Público Cristina de la Serna. "En la actitud de todo el sistema se podía leer entre líneas que lo había robado porque era gitana. Es un caso clarísimo de discriminación de género y antigitano a la vez", lamenta la responsable de Igualdad de Secretariado Gitano. Lo cierto es que el juez solo tuvo en cuenta el testimonio del vigilante y condenó a la joven con una multa de 26 euros por el delito de hurto, lo que, además, le ha generado antecedentes penales.

Ahora, la joven gitana está "absolutamente convencida de esta lucha. Cree que se ha cometido una injusticia en su caso y se siente dolida en su dignidad", añade. "No la han reconocido sus derechos y ella quiere llegar hasta el final", subraya De la Serna.

Lo cierto es que el Comité de Naciones Unidas al que han acudido no tendrá validez jurídica, "pero sí capacidad reparadora para ella en particular y logrará resarcir a las mujeres gitanas en general, a las que se las persigue y sospecha porque sí", asegura.