"Ahora mismo somos zombis. No tengo hambre, apenas duermo", dice Carmen Nava, con voz sofocada, a través del teléfono en alguno de los 35 metros cuadrados de la céntrica buhardilla madrileña en la que está pasando el confinamiento desde hace cinco semanas. Pero el verbo pasar es demasiado benévolo en su caso, afirma, porque su encierro es también el de su marido, Daniel Sossa, y el de sus hijos de dos, cuatro y seis años. "Es sofocante, supervivencia extrema. Ya me molesta hasta ver a mi pareja", confiesa mientras se escuchan de fondo algunos gritos infantiles.

La pandemia y sus efectos restrictivos cayeron como un jarro de agua fría en esta pareja de bolivianos con nacionalidad española. Tras sufrir un desahucio por impago de alquiler hace dos años, pasaron por pisos compartidos y un barracón prefabricado en Tres Cantos donde el Ayuntamiento de Madrid les alojó dada su emergencia y vulnerabilidad. "Chinches, cucarachas, robos y conflictos. Todos los días era así. Insoportable", describe. Una estafa múltiple les dejó sin sus ahorros cuando iban a alquilar un piso en Vallecas. "Desde entonces, encontrar una vivienda adecuada para mi familia es un imposible. Los precios son elevadísimos", describe.

Gracias a la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) pudieron encontrar en enero la minúscula buhardilla en la Plaza de Matute, en pleno Barrio de las Letras de la capital. "Es muy cara, 650 euros al mes, pero es la única que nos alquilaban con las pequeñas nóminas que teníamos", explica la mujer, ahora desempleada, sin posibilidad de buscar trabajo o malvivir de la economía sumergida. Su marido, con un contrato parcial de fin de semana, ha sufrido un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Sus únicos ingresos actuales son 400 euros al mes y una ayuda regional al alquiler que solo ingresan si aportan el recibo de abono de la renta mensual. Sabe que el impago es inevitable el mes que viene, lo ha explicado a la Administración, "pero las normas son así, nos la quitarán cuando no pueda paga", dice desesperada. Carmen divide su tiempo entre inventar juegos con los que entretener a sus hijos e inscribirse en ofertas de empleo por Internet para las que hay 3.000 candidatos o más.

Asegura que apenas duerme, que sus hijos tampoco y que el estado emocional de la familia es dramático. "Los niños lloran a cada rato, por cualquier cosa. Nos ahogamos sin espacio y sin dinero. El virus no entiende de clases, pero sus efectos económicos, sí. Nosotros vivíamos al día, lo estamos sufriendo muchísimo más que la media. Sobre todo nuestros hijos", lamenta. Y lanza un apunte: "Si los políticos pasaran cinco minutos en mi casa no estarían discutiendo tanto rato sobre el renta básica. Es pura necesidad en esta situación".

Tocan a seis metros cuadrados por persona, sin contar las camas, la ducha y los pocos muebles que caben. "Cuando lavo la ropa y despliego el tendedero apenas me quedan 25 metros útiles", ilustra. "Mis hijos solo saben si es de día o de noche porque las dos ventanas que tenemos son minúsculas y dan al cielo. No podemos ni salir a aplaudir a las 20.00 horas", insiste. "Ojala tuvieran su habitación pero con los sobreprecios de la vivienda no puedo dársela ni de coña", incide.

Medio millón de viviendas 'zulo'

Su situación es extrema, aunque no es la única. Según el Instituto Nacional de Estadística, casi siete de cada diez viviendas de España tienen entre 46 y 105 metros cuadrados. 7,56 millones de pisos tienen entre 75 y 105 metros; 5,1 millones disponen de 106 a 150 metros y menos de dos millones son superiores a 150 metros. Los pisos como el de Carmen y su familia, de menos de 46 metros cuadrados, superan el medio millón y, en las grandes ciudades, su elevado precio no dice nada bueno sobre la garantía del derecho a la vivienda España, otro de los aspectos que la covid-19 ha agudizado.

Según el último informe FOESSA, más de 4,6 millones de personas viven en casas que no reúnen las condiciones de habitabilidad, salubridad o adecuación suficiente; pero no disponen de medios para mudarse, sobre todo en Madrid y Catalunya. Dos años antes de que la pandemia irrumpiera de sopetón en nuestras vidas, Eurostat ya alertaba de que el 4,7% de la población española vivía en situación de hacinamiento, que a casi el 5% le faltaba la luz natural y que el 16% padecía humedades y goteras en casa. Ahora nadie puede evadirse ni durante unas horas de las malas condiciones de su casa.

Un estudio de Provivienda de 2019 alertaba de que el 22,5% de las personas vulnerables viven hacinadas frente al 3,4% de la población general y que la mala calidad de la vivienda también enferma. 

Esta organización está realizando un estudio todavía preliminar sobre cómo están afectando el virus a la población vulnerable con que la trabajan. Inestabilidad emocional, ansiedad por aislamiento social, falta de recursos económicos e impagos son los casos más habituales. "Comienzan preocupándose por la bienestar de su familia y por la mala calidad de la casa, pero conforme avanza el tiempo empiezan a tener miedo de la falta de ingresos y de cómo saldrán adelante después del estado de alarma", explican fuentes de la organización.

La desigualdad es más palpable que nunca pese a las repetidas advertencias de expertos, activistas y ciudadanos. Lo que para muchas familias era un lugar donde dormir, cenar y ducharse antes de salir a los quehaceres diarios, ahora se ha convertido en una especie de prisión que les asfixia, sobre todo a los niños, que llevan más un mes sin tocar la calle.

Siete en 50 metros y un positivo por coronavirus

Azucena López y su marido Antonio llevan ochos acostumbrados a vivir apretados en un piso de 50 metros cuadrados en el barrio madrileño de San Fermín, cerca del Hospital 12 de Octubre. Tres habitaciones pequeñas, un baño, una cocina y un salón angosto que ahora ocupa casi por completo un colchón en el suelo. Porque a este matrimonio y sus tres hijos menores (17, diez y cinco años) les pilló el estado de alarma con su hija de 22 años y su pareja de visita. "Yo empecé con los síntomas y los chicos ya no se fueron por precaución y porque me hospitalizaron por neumonía a los pocos días", explica la mujer.

Si la economía ya era un quebradero de cabeza para esta familia antes de la emergencia sanitaria, ahora más. Su marido, desempleado, trabajaba vendiendo en mercadillos tres días a la semana, pero ahora no están permitidos. Ella, también desempleada, ganaba lo que podía cosiendo vestidos de fiesta en casa. Reciben la renta Mínima de Inserción (RMI) de la Comunidad de Madrid y, aunque llevan 17 años solicitando una vivienda social, no ha dado resultado. "Es difícil vivir en esta casa en confinamiento y, dadas mis circunstancias familiares, creo que se tendría que tener más en cuenta a la hora de adjudicar viviendas de protección oficial", cuenta por teléfono.

Lo peor del confinamiento, confiesa, ha sido su cuarentena. "En el hospital me dieron el alta y me dijeron que tenía que aislarme de mi familia al menos durante 14 días. Les expliqué mi situación pero me dijeron que tendría que apañarme", resume. Los hoteles a los que se derivaba a algunos infectados durante el aislamiento solo estaban disponibles para personas que residen con población de riesgo. "Sabemos que todos en casa hemos tenido coronavirus, era imposible no estar en contacto. Unos con fiebre, otros con diarrea y dolores de cabeza. Siete en una casa de un solo cuarto de baño. Así es imposible no contagiarse", expone.

Por esa razón ni siquiera ha hecho uso del permiso para acompañar a la calle a su hijo José, de cinco años y con trastorno del espectro autista. "Somos responsables y podemos contagiar a los vecinos. Ni siquiera mi marido puede ir a ver a sus padres, que son dependientes. Es una locura esta situación", afirma.
Bajan a comprar una vez a la semana porque tampoco tienen espacio para almacenar más. Se turnan la cocina para comer y, el tiempo que está vacía, la usan los chicos para hacer tareas escolares. "El que más está sufriendo los efectos es el menor. Su autismo exige muchas rutinas y actividades que ahora no podemos hacer, mucho menos con tan poco espacio", lamenta.

Ha improvisado un saloncito de juegos en el minúsculo balcón y un mural para colgar los diagramas en los que le explica mediante ilustraciones a su hijo que hoy es lunes y que hace sol afuera pero, a veces llueve, porque es abril. Lo que no puede explicarle son los motivos por los que están encerrados y tiene que descargar su hiperactividad saltando EN una pequeña cama elástica en el salón mientras sus hermanos hacen los deberes y sus padres, la comida.

"Vivir así es una agobio constante. Yo me enfado por todo. Tanto por si mis hijos comen como por si no, les grito si duermen mucho y también si duermen poco. Nos molesta cualquier cosa y las discusiones son constantes", sentencia.

Su particular hacinamiento y que la casa sea un salón de juegos no solo hace sufrir a los padres, sino también a las paredes, los muebles y cristales. "Tenemos el sueño descontrolado y mi hija se pone a llorar con cualquier cosa que le pides, desde recoger la mesa a hacer los deberes", describe. "Está siendo durísimo, pero sabemos que habrá gente mucho peor", sentencia.

La PAH denuncia "en qué casa me quedo"

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado que son miles de familias las que exponen en su asambleas que no tienen garantizada una vivienda digna durante el confinamiento, pero también las víctimas de desahucios que pasan que permanecen encerradas en infraviviendas, en pensiones o albergues temporales. "Es inaceptable e incomprensible", denuncia en un comunicado en el que critica la "insuficiente" respuesta de las instituciones a esta crisis, "dando la espalda una vez más a la ciudadanía más vulnerable".

Los activistas insisten en la gran cantidad de viviendas vacías que aún son propiedad de los bancos tras las oleada de desahucios de la pasada crisis económica o en manos de la Sareb, el llamado banco malo. "Es el momento de corresponsabilizar al sector privado de la banca, fondos buitre y grandes propietarios para acabar con esta crisis", demandan, movilizar toda esta vivienda vacía y ponerla a disposición de la ciudadanía. "En 2008 ya pagamos la crisis nosotras, con un rescate a la banca de 65.725 millones de euros de dinero público", recuerdan, una razón por la que exigen la cesión de viviendas vacías y la concesión de alquileres sociales a familias como la de Azucena o la de Carmen, cuya carpeta "está llena de facturas que no cuadran", insiste. "No cuadra nada, no cuadra mi vida de esta manera", dice.