El Congreso aprueba la reforma de la dependencia: más derechos, más dinero y otro modelo de cuidados

El Congreso ha dado luz verde de forma definitiva a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad con un nuevo marco que amplía derechos, prestaciones y servicios, y trata de reducir la carga burocrática para quienes necesitan apoyos. El Pleno ha aprobado este miércoles el texto tras su paso por el Senado, con buena parte de las enmiendas incorporadas en la cámara alta. Estas son precisamente las que se han votado en esta jornada, ya que la norma en su conjunto recibió el visto bueno de los diputados el pasado mes de julio. El Ministerio de Derechos Sociales presenta la modificación como una "refundación del modelo de cuidados en España" e incorpora a la ley el compromiso de que la Administración General del Estado cubra el 50% de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

A esta medida se suma el real decreto-ley convalidado por el Congreso en julio, que prevé una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027, la mayor subida de la financiación estatal de la dependencia hasta la fecha, según el Ejecutivo.

En su intervención, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reclamado a las comunidades autónomas que aprovechen el incremento de recursos y la aprobación de las nuevas leyes para reducir las listas de espera de la dependencia. El objetivo que ha marcado el Gobierno es que se reduzcan a la mitad en 2027 y desaparezcan en 2028. "Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad", ha señalado. Bustinduy ha recordado también que, gracias a la financiación adicional aprobada mediante real decreto-ley, las comunidades autónomas han recibido en apenas dos meses 517.444.324 euros extra, según las estimaciones de la cartera.

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Más derechos, prestaciones y servicios

¿Qué cambia a partir de ahora? La reforma amplía el catálogo de servicios y elimina incompatibilidades entre prestaciones, de modo que las personas dependientes podrán combinar recursos como centros de día, cuidados familiares y teleasistencia, en función de su plan individual de atención. También extiende la ayuda a domicilio a acompañamientos al médico o para hacer la compra, reconoce a las personas cuidadoras del entorno aunque no sean familiares y refuerza la asistencia personal. La teleasistencia pasa, además, a ser un derecho subjetivo. El Estado asumirá las cotizaciones de las cuidadoras principales y el plazo máximo para resolver el reconocimiento de la dependencia se recorta de seis a tres meses. La norma garantiza asimismo la continuidad de los cuidados cuando la persona cuidadora enferme gravemente o tenga que ser hospitalizada.

En discapacidad, el texto establece el reconocimiento de un grado del 33% para quienes tengan reconocido el grado I de dependencia

En el ámbito de la discapacidad, el texto establece el reconocimiento automático de un grado del 33% para quienes tengan reconocido el grado I de dependencia y del 65% para las personas con grados II o III. La accesibilidad universal se convierte en un derecho reclamable y las administraciones deberán apoyar económicamente las obras de adaptación de viviendas y las actuaciones para eliminar barreras. La atención temprana será también un derecho subjetivo para los niños de cero a seis años con trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos. La reforma prohíbe encarecer determinados seguros por razón de discapacidad e incorpora la figura del facilitador procesal, destinada a evitar situaciones de indefensión en los procedimientos judiciales.

El siguiente paso será la publicación de la reforma en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, las comunidades autónomas deberán adaptar sus procedimientos y servicios para que los nuevos derechos puedan aplicarse en la práctica.