El Tribunal Constitucional ha allanado el camino a los planes trasvasistas que, en plena época de tensiones territoriales y de sequía, ha puesto en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy.

Lo ha hecho al declarar nulos e inconstitucionales los preceptos de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón que regulaban la gestión por esa comunidad autónoma de la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos que figura en su Estatuto de Autonomía (850 más los usos aprobados y poryectados), y también en varias leyes estatales, y que, en la práctica, suponía un blindaje legal para futuros proyectos de transferencia de caudales del Ebro a otras cuencas.

La sentencia, adelantada por Heraldo.es, declara nulos los artículos que declaraban ese volumen de recursos hídricos “de uso exclusivo de los aragoneses”, encomendaban a su Gobierno la gestión “con el fin de desarrollar políticas autonómicas de gestión y uso del agua en su territorio”, le autorizaban para inscribir ese derecho en el Registro de Aguas estatal, le habilitaban para intervenir en “la concesión de los recursos hídricos asignados y reservados por la planificación hidrológica, así como el régimen de aprovechamiento de las aguas”, y, por último, establecían el llamado “principio de cautela” a la hora de autorizar nuevos usos que pudieran afectar a esa reserva.

Fragmentar las cuencas

El TC levanta de hecho cualquier posibilidad de veto local a los trasvases al declarar “un exceso competencial” que Aragón pase a gestionar esa reserva, que el Estado debiera consultarle antes de autorizar nuevos usos del agua, ya sea dentro de la cuenca o hacia su exterior, y que su eventual aprobación quedara supeditada a que no le afecte.

Aragón “carece de habilitación estatutaria para legislar sobre la reserva hídrica de una cuenta intercomunitaria, o para atribuir a sus órganos funciones de gestión sobre los mismos”, señala el tribunal, que, al mismo tiempo, cierra cualquier posibilidad de que alguna comunidad pueda obtener una competencia de ese tipo mediante un pacto político, ya que “no resultaría constitucionalmente admisible que el legislador estatal, único competente en la materia, abordara una reforma que comportara una fragmentación de la gestión de las aguas intercomunitarias en sentido incompatible con la unidad de cuenca”.

El recurso del Gobierno central contra esta ley causó sorpresa en la comunidad, ya que había sido aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón en la pasada legislatura, lo que incluye a los estatales PP, PSOE e IU y a los aragonesistas Par y Cha.

Planes trasvasistas

La sentencia llega al mismo tiempo que el ministerio de Medio Ambiente está activando un plan de trasvases ( ) cuyo pacto político espera tener cerrado el próximo verano.

Otra cosa es que el Ebro, al que el Gobierno central sigue mirando para “mantener las demandas de agua y la estructura socio-económica de algunos territorios" del arco mediterráneo, tenga capacidad para ‘exportar’ más de los 250 hectómetros que ya se llevan los ocho trasvases que soporta: su déficit estructural de 875 anuales se ve agravado por un desplome de las aportaciones provocado por el cambio climático que ha reducido a un tercio en un siglo su vertido al Mediterráneo y que, si se cumplen las previsiones, se intensificará en los próximos años.

Mientras tanto, las organizaciones ambientalistas advierten de la necesidad de un cambio de modelo de gestión del agua que los planes trasvasistas del Gobierno amenazan con cronificar.