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El Constitucional dicta sentencia contra la evidencia científica

Sombra ideológica

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Foto de archivo de la píldora del día después. / EFE

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MADRID.- Ideológica, ultraconservadora, imprudente, quebrantadora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres... La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala el derecho a la objeción de conciencia de un farmacéutico de Sevilla sancionado con una multa por negarse a dispensar en 2008 la píldora del día después ha sido criticada desde tantos puntos de vista como colectivos hay involucrados en el tema. Subjetividades al margen, hay un hecho irrefutable que el presidente de la Sociedad Española de la Contracepción (SEC), José Vicente González Navarro, resume en una frase: "El argumento jurídico del Tribunal Constitucional se basa en una falsedad".

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Y ese posible efecto abortivo es al que se agarra el TC para considerar que el derecho de objeción de conciencia de los médicos puede concurrir también sobre el deber de los farmacéuticos de dispensar la píldora del día después. El problema es que este medicamento no es abortivo. Y eso no lo dicen los colectivos que critican la sentencia, sino el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española y Europea del Medicamento, la Federación de Ginecología y Obstetricia y la Organización Mundial de la Salud. "El Constitucional ha cometido una imprudencia muy grave al desacreditar la valía científica de unas instituciones que merecen respeto", denuncia Isabel Serrano, ginecóloga de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE). 

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Sombra ideológica

Ese fue, precisamente, el argumento que llevó a la vicepresidenta del TC, Adela Asúa, a efectuar su voto particular en contra, igual que los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré y Juan Antonio Xiol. "En lugar de afrontar la problemática a examen desde la perspectiva estrictamente jurídica propia de la jurisdicción constitucional, parece responder a un posicionamiento previo que no logra ocultar la sombra ideológica que le guía", expresa Asúa. De hecho, el ponente de la sentencia es el magistrado Andrés Ollero, exdiputado del PP y antiabortista confeso.

 

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