Consumo obligará a las empresas a detallar los algoritmos de la publicidad personalizada

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este viernes que su departamento regulará los algoritmos para personalizar los precios y la publicidad que utilizan las empresas, a las que obligará a explicar los parámetros que usan.

En el acto 'Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital', celebrado con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras, Bustinduy ha resaltado que su objetivo es que dichos algoritmos sean "transparentes y accesibles" para los consumidores, así como prohibir que cualquiera de estos parámetros sea discriminatorio o explote situaciones de urgencia o necesidad.

"Se trata de impedir que se asuman como válidas prácticas en pos de obtener un beneficio económico espurio y se violenten los derechos de las personas consumidoras", ha resaltado el ministro.

Asimismo, las empresas tampoco podrán variar los precios que se personalicen de forma automática durante todo el proceso de compra, con el objetivo de evitar que las personas consumidoras sientan la presión de tomar decisiones apresuradas por la incertidumbre de las variaciones.

Para ilustrar qué supondrá la regulación anunciada, el Ministerio de Consumo ha utilizado el ejemplo de un servicio de transporte por coche que fija los precios de forma dinámica, es decir, con precios que varían.

En este supuesto, la empresa tendrá que ofrecer una información clara al usuario de cómo se ha formado el precio que se le muestra: si ha sido por la distancia hacia el destino, por la hora del viaje, por la frecuencia con la que realiza ese trayecto o por la concurrencia de eventos masivos en la ciudad en la que se encuentre.

Además, se prohibirá que el precio del viaje se fije por razones discriminatorias, como por ejemplo que el cliente tenga una discapacidad, por su perfil racial, o porque se encuentre en una situación de emergencia o de necesidad, como que le quede poca batería en el móvil.

"Tenemos derecho a saber qué información están utilizando y por qué", ha subrayado Bustinduy, quien ha lamentado que se haya "normalizado" que el control de infraestructuras digitales esté en manos de actores privados que, en sus palabras, "persiguen sus propios intereses y beneficios sin que exista capacidad para poder limitar, orientar o controlar esas actividades".

El ministro ha hecho hincapié que con esta nueva regulación también se busca una mayor concienciación sobre el uso de datos personales, así como más control sobre la privacidad.