La pobreza se ha convertido en uno de los grandes retos sociales de Catalunya. A pesar del crecimiento económico de los últimos años, los buenos datos del mercado laboral y la recuperación después de la pandemia de la covid-19, una parte de la población catalana vive en una situación de pobreza. Los datos oficiales muestran que no sólo no se ha reducido, sino que la tendencia es alcista, sobre todo en cuanto a las personas que se encuentran en riesgo de pobreza.

El indicador que se utiliza habitualmente para medir esta realidad es la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE). Según la última encuesta de condiciones de vida publicada por el Idescat, en 2025 casi una de cada cuatro personas en Catalunya -el 24,8%- se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Esta cifra ha aumentado respecto al año anterior, cuando fue del 24%, y rompe la ligera mejora que había habido tras la pandemia de la covid-19. En el año 2020, la tasa de riesgo de pobreza alcanzó el 26,7%. La cifra ha ido disminuyendo hasta 2025, cuando ha vuelto a repuntar.

Si echamos la vista atrás, hace 10 años, el índice de pobreza ya era elevado (23%), aunque no tanto como en los años más duros de la crisis financiera. En 2015 la tasa era del 23%. Hasta 2019, la situación se mantuvo relativamente estable, sin grandes mejoras pero tampoco con grandes variaciones. Todo cambió con la pandemia de la covid-19, que afectó especialmente a los hogares más vulnerables y a los que vivían al día, un hecho que hizo aumentar las desigualdades. A pesar de la recuperación económica, la pobreza no ha vuelto a los niveles previos a 2020, cuando estalló la pandemia y toda la economía se vio resentida.

Los niños, los más afectados

La pobreza no golpea a todos por igual. Uno de los colectivos más afectados es el de la infancia. Más de un tercio de los menores de 16 años en Catalunya viven en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra muy superior a la media general. Esto representa un aumento de 1,3 puntos respecto al 2024. Por su parte, para el grupo de población de 16 a 64 años es del 24,5%, 9 décimas más que el año anterior, y para el grupo de 65 años o más la tasa es del 17,3%, 3 décimas más que el año 2024.

También las personas de origen extranjero presentan tasas de pobreza mucho más elevadas que el resto de la población. En muchos casos, esto se explica por trabajos más precarios, salarios más bajos y más dificultades de acceso a ayudas o a una vivienda digna. Hace 10 años, las personas migradas ya eran el colectivo con más riesgo de pobreza.

Los datos del Idescat también reflejan que una parte significativa de la población tiene privaciones por motivos económicos. Así, un 35,5% de los catalanes no tiene capacidad de hacerse cargo de gastos imprevistos de 900 euros, cifra que supone un aumento de tres décimas respecto del 2024. Prácticamente, tres de cada diez ciudadanos no se puede permitir vacaciones de mínimo una semana al año, mientras que un 16,8% no es capaz de mantener la vivienda a temperatura adecuada. En el año 2019, esta cifra era del 8,3%. Además, un 14,2% de la población afronta retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal. En el año 2019, antes de la pandemia, solo era un 7,5% de la población.

A pesar de que los ingresos medios de los hogares catalanes han aumentado ligeramente en los últimos años, no ha sido suficiente para compensar el aumento del coste de la vida. Según el Idescat, el número de personas que declaran llegar con dificultad a final de mes representa el 47,3%, tres décimas menos que en 2024.

Los datos también muestran que los ricos son cada vez más ricos y, en cambio, los pobres son cada vez más pobres. Las personas con más ingresos siguen ganando casi cinco veces más que las que tienen menos. Esta distancia no se ha reducido de manera significativa durante la última década, lo que explica por qué el crecimiento económico no llega a todo el mundo de la misma manera.

El Ingreso Mínimo Vital  

Las administraciones públicas han impulsado medidas para hacer frente a la pobreza, como la Renta Garantizada de Ciudadanía o el Ingreso Mínimo Vital, que no siempre llega a todas las personas que lo necesitan, ya sea por falta de información, por trabas administrativas o por requisitos difíciles de cumplir. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, admite que los datos del Idescat no son "positivos" pero matiza que no recogen todavía "el impacto de algunas de las medidas adoptadas más recientemente o el aumento de prestaciones".

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Según la consellera, la nueva renta garantizada, sumada a la gestión del ingreso mínimo vital que debe asumir la Generalitat, debería constituir "la columna vertebral del futuro sistema de garantía de ingresos" y permitir que lleguen más prestaciones "al bolsillo" de los más vulnerables.

Por su parte, la Taula del Tercer Sector ha constatado que los datos "no son buenos" porque, aunque las familias disponen de más recursos, el incremento del coste de la vida hace que sea "muy difícil" llegar a fin de mes. La entidad pone el foco en los niños y la población migrante, por eso pide al Govern unos presupuestos "muy sociales".