Incentivos económicos para los Centros de Atención Primaria (CAP) que acorten la duración de las bajas laborales por salud mental y lesiones osteomusculares. Se trata de una propuesta del Departament de Salut -que llega en plena jornada de huelga de los médicos catalanes para reclamar un convenio propio y mejoras laborales- que no tendrá penalización en la financiación de los centros pero sí recompensas económicas, concretamente un suplemento de un 5% si se consiguen los objetivos fijados. Es decir, los CAP que eviten bajas laborales sin diagnóstico y retrasos en las visitas que hay que hacer para evaluar a una persona que está de baja recibirán más presupuesto del Govern.

La propuesta ha indignado a los sindicatos médicos, que aseguran que se trata de un "criterio economicista y simplista" que "atenta contra la confianza social de las personas en sus profesionales referentes de atención primaria". En declaraciones a Públic, Mireia Prat, presidenta de atención primaria del sindicato Metges de Catalunya, ha criticado que estos incentivos son "del todo inaceptables".

Prat insiste en que "una baja siempre debe venir dada por un criterio médico, que es el que debe prevalecer a la hora de decidir si un paciente puede o no ir al trabajo". "Utilizar criterios estadísticos para calcular cuál es la media de días que debe durar esa baja es un criterio simplista que deja de lado nuestro trabajo y nuestra responsabilidad como facultativos", asegura.

Además, el sindicato señala que estos incentivos irían "en contra del código deontológico y de la ética profesional y que podrían dañar la relación médico-paciente". "Traicionar esta confianza es precarizar nuestra asistencia clínicamente", apunta.

"¿De dónde sale la partida presupuestaria?"

Metges de Catalunya se pregunta de dónde sale la partida presupuestaria que irá destinada a estos incentivos si todavía no hay presupuestos nuevos. "Esto quiere decir que hay un volumen de dinero que se podría dedicar a todos los equipos de atención primaria y repartirlos de forma equitativa". "Si hay más dinero, no entendemos por qué sólo irá dirigido a aquellos centros en los que las bajas repercutan en más tiempo", se cuestiona Prat.

Si hay más dinero, no entendemos por qué solo irá dirigido a aquellos centros en los que las bajas repercutan en más tiempo

Finalmente, Prat señala que parte de las bajas "no dependen sólo" de los propios médicos: "Muy a menudo tenemos pacientes que están de baja porque no disponemos de la agilidad y rapidez a la hora de obtener las exploraciones complementarias que requerimos o de la valoración de otros expertos que nos tienen que ayudar a tratar las patologías de nuestros pacientes".

"Unos criterios mercantilizadores"

En la misma línea se ha expresado CCOO, que exige al Departament de Salut que retire "inmediatamente" esta medida "porque coacciona el criterio médico y señala a los trabajadores". El sindicato asegura que el principal problema del sistema es "la falta de recursos y las listas de espera". "Si lo que se quiere es que las pruebas y diagnósticos sean más rápidas, basta con que se pongan más recursos de personal y técnicos; es decir, más financiación y no menos financiación", afirma en un comunicado.

CCOO apunta que con esta medida, "el Departament de Salut está asumiendo el relato que hace la patronal sobre el absentismo laboral". "Es un debate interesado que quiere desviar el foco hacia las bajas, cuando el problema real es que las empresas no están haciendo la prevención de riesgos laborales que correspondería", señala.

Por todo ello, el sindicato exige que se retiren los "criterios mercantilizadores del modelo de gestión", haciendo referencia al retorno del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, después de estar 30 días de baja por una por una osteomielitis púbica. En un discurso este lunes, Illa ha dicho: "No podemos poner precio a nuestra salud, no podemos permitir la mercantilización de nuestro bienestar".

Relacionado con este tema

El modelo sanitario catalán, y sus diferencias con el de Madrid, frente a la futura ley que limita la gestión privada

Judit Castaño

UGT también considera que la medida responde "a las presiones empresariales" y, en cambio, es "contraria a la salud de las personas". El sindicato cree que es una "cortina de humo" para "tapar el déficit estructural de la sanidad" y avisa de que "criminaliza a los trabajadores, traslada presión al personal sanitario y genera riesgos en la salud de las personas trabajadoras".

"Un atentado contra la confianza en los médicos"

El Fòrum Català d'Atenció Primària (FoCAP), entidad independiente y sin ánimo de lucro, asegura en un comunicado que esta nueva medida "atenta contra la confianza social" en los referentes de atención primaria, supone una vulneración del derecho FoCAP trabajadores y dificulta "la ya difícil" valoración de la duración de las bajas. Por estos motivos, exigen su retirada. Según esta entidad, la medida puede acentuar aún más la grieta entre territorios, afectando sobre todo a zonas con menos recursos.

En este sentido, la entidad subraya que la baja es una herramienta terapéutica, como lo puede ser la indicación de fármacos, pero que la codificación de las enfermedades y de las ocupaciones profesionales de los pacientes dificulta el cálculo de la duración óptima. El FoCAP también lamenta que "no se reconocen el 75% de las enfermedades profesionales", aproximadamente, pero que el acuerdo de contraprestación señala a médicos y usuarios como responsables del aumento del número de incapacitaciones temporales y de su duración, "rehuyendo de señalar las verdaderas causas", como son el empeoramiento de la salud de los trabajadores y el no reconocimiento de la patología laboral "por parte de las mutuas".

Por último, la entidad advierte de que estos indicadores generan un riesgo de desmotivación entre los médicos de los CAP. "La medida implica desconfianza en el criterio profesional e introduce más factores economicistas en la consulta", afirma. También subraya que se culpabiliza a la atención primaria de no hacer inspección médica para controlar las bajas o se reprocha que el sistema tarde en curar o rehabilitar a los pacientes. "No se menciona ninguna causa social para este fenómeno, como el envejecimiento y el aumento de enfermedades crónicas, la precariedad laboral y el tipo de empleo y sus riesgos".

¿Qué dice el Departament de Salut?

El Departament de Salut, con Olga Pané al frente, defiende que con esta propuesta se quieren evitar casos como tener que pasar cinco meses de baja para obtener un diagnóstico en situaciones no graves. También remarca que la incapacidad temporal responde a un problema de salud y se aborda como tal, por lo que se fijan indicadores de referencia que marca la Seguridad Social, como en cualquier otra actividad, pero "siempre bajo criterio médico".

Relacionado con este tema

Sanidad inicia los pasos para unificar y modernizar el sistema de las listas de espera

EFE

Ante la lluvia de críticas de los diferentes sindicatos médicos catalanes, el Departament de Salut ha asegurado que la propuesta no persigue "recortar bajas ni su duración, sino evitar que se alarguen innecesariamente por problemas organizativos, retrasos en pruebas o dificultades de acceso a los especialistas". Sostiene que la nueva medida "quiere reforzar la atención primaria, agilizar diagnósticos, facilitar el acceso a pruebas y mejorar la coordinación entre servicios, para que los pacientes puedan recibir una atención más rápida y resolutiva".

Los médicos, en huelga

El anuncio de esta controvertida medida llega en una semana marcada por una huelga de médicos. En Catalunya, el sindicato Metges de Catalunya ha convocado huelga lunes y viernes para interpelar directamente al Departament de Salut y reclamar un convenio propio y mejoras laborales. A nivel estatal, la convocatoria es más amplia y es para los cinco días de la semana, según ha llamado el comité de huelga de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM).

Los médicos catalanes y españoles se han movilizado en los últimos meses para un convenio propio y otras mejoras. El conflicto más reciente con el Ministerio de Sanidad se enmarca en la reforma del estatuto marco de los profesionales sanitarios, la ley básica que regula las relaciones laborales del personal estatutario del sistema nacional de salud (SNS) y que había quedado obsoleta después de más de 20 años sin actualizarse.

El ministerio y los sindicatos del ámbito de negociación firmaron un acuerdo en enero para el nuevo estatuto marco, pero no lo apoyaron las organizaciones médicas, que se han sentido infrarrepresentadas en las negociaciones y consideran que sus demandas necesitan una respuesta específica.

En Catalunya, el colectivo médico ve en la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario un filón para reclamar al Departament de Salut que "se siente a negociar" para "ofrecer unas condiciones de trabajo dignas al conjunto de los facultativos del sistema", aseguran fuentes del sindicato Metges de Catalunya a Públic. Las reclamaciones del colectivo se centran en la jornada laboral y los descansos y en eliminar las guardias médicas de 24 horas, así como en la contratación de profesionales para reducir la sobrecarga asistencial.

Metges de Catalunya también reclama a Salut un "convenio médico propio" para los médicos, con una clasificación profesional y retributiva diferenciada de los otros grupos de acuerdo con su formación y responsabilidad. En este sentido, pide iniciar el procedimiento para aplicar coeficientes reductores para adelantar la jubilación -a grandes rasgos, que las horas de guardia hechas computen para la jubilación.

Relacionado con este tema

Miles de médicos se manifiestan en Madrid por un estatuto propio y avisan de más paros

EFE

Actualmente, en el sistema sanitario catalán existen dos convenios: el del personal sanitario del Institut Català de la Salut (ICS) y el del Siscat, que agrupa al resto de la red sanitaria pública, incluidos centros concertados. El sindicato reclama un convenio "sólo para los médicos" para que todos tengan las mismas condiciones "con independencia de donde trabajen".

Seguimiento de la huelga

Metges de Catalunya cifra en un 39% el seguimiento de la huelga. Por territorios, el sindicato señala que, en las comarcas de Barcelona, el seguimiento es del 45%; en las de Girona, del 47%; en Tarragona, del 24%, y en Lleida, del 19%. Por ámbito asistencial, Metges de Catalunya cifra el seguimiento en un 44% en la atención primaria y en un 25%, en los hospitales. Según el Departament de Salut, el seguimiento ha sido del 6%.