A Coruña se convierte en el primer municipio de Galicia que limita el precio del alquiler

La Xunta de Galicia ha dado el visto bueno a la solicitud del Ayuntamiento de A Coruña para ser declarada zona residencial de mercado tensionado, lo que permitirá limitar el precio de los alquileres. Se convierte así en el en el primer ayuntamiento de Galicia –gobernado por el PSOE– que limita el precio de los alquileres y la primera Comunidad Autónoma del PP que lo contempla. 

Esta medida va enfocada a las zonas en las que el coste de vivienda es mayor a la renta media en un 30% o es superior al IPC. La Xunta, por su parte, enviará la documentación necesaria al Ministerio de Vivienda, quien se encargará de oficializar la declaración de A Coruña como zona tensionada al publicarlo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, tras esto, la medida estará vigente.

Fuentes de Vivienda hacen una valoración positiva y esperan que otras Comunidades Autónomas tomen nota de ello: "El Ministerio lo aplaude y desea que el resto de CCAA del PP que tienen propuestas similares sobre la mesa las atiendan".

Con esta medida, se establecerá un límite de precios para los propietarios de diez o más viviendas durante un periodo superior a tres años. El Ejecutivo gallego, por su parte, entiende que la medida "no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda en la ciudad de A Coruña, de la misma manera –sostiene– que agravó estos problemas en los demás lugares en los que se implantó".

La Xunta defiende que "frente al intervencionismo hay que darle seguridad jurídica al propietario" y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, aunque afirma que cumplirá con la ley en el caso de los Ayuntamientos que soliciten esta medida y cumplan con los requisitos necesarios.

A Coruña comenzó el proceso en octubre de 2023 y el Ministerio de Vivienda, por su parte, solicitó la ampliación de la solicitud el pasado mes de abril. La Xunta, por su parte, ha elaborado la resolución en dos meses, a pesar de que contara con un máximo de seis. Desde el consistorio han asegurado que aún no les ha llegado la notificación oficial, pero se alegran de la celeridad.

El Ayuntamiento tiene un plazo de dos meses, contando a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución por parte de la Xunta, para aprobar el plan específico de medidas, así como el calendario de desarrollo de estas. La declaración de zona residencial tensionada tiene una vigencia de tres años.

Esta declaración se basará en 12 medidas solicitadas por el consistorio para eliminar las situaciones en las que la vivienda suponga el 30% de la renta obtenida en los hogares y en las que los precios de alquiler y compra aumenten en tres puntos porcentuales sobre el IPC en Galicia. Actualmente, hasta un 70% de las secciones censales de la ciudad se ve en estas situaciones, las cuales –en caso de permanecer en los próximo años– harían que la medida se prorrogase.

Algunas medidas que se impondrán con la entrada en vigor de la declaración son las siguientes:

• Se limitarán los precios para los propietarios de viviendas en alquiler a través del Serpavi, un índice estatal que los fijará, según tamaño y ubicación.

• En caso de que la vivienda haya sido alquilada en los cinco años anteriores, la renta se mantendrá en el nuevo contrato.

• Las que no hayan sido alquiladas en el mismo periodo, no podrán tener un precio superior al fijado como referencia estatal.

• El porcentaje de actualización se aplicará y, en caso de haber sido rehabilitada en los dos años anteriores, el alquiler podría aumentar hasta un 10%.

• Los propietarios de diez o más viviendas –llamados grandes tenedores– también tendrán que poner un precio de alquiler que se encuentre en el límite marcado, hayan sido alquilados o no.

Por otro lado, la Xunta de Galicia aún no ha emitido una decisión sobre la solicitud del Concello de Santiago en la que reclaman que, allí, los grandes tenedores sean los propietarios de cinco o más pisos. Ante esto, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, ha afirmado que el propio Concello de esta provincia deberá ser quien asuma las consecuencias en caso de que se apruebe.

Además, desde la Xunta apuntaron que, cada ayuntamiento que solicite esta declaración de zona tensionada, será quien se encargue de la vigilancia y regulación de los precios de los alquileres.