Coto al copago encubierto en los colegios concertados en Aragón

@e_bayona

ZARAGOZA.- Aragón va a poner coto al copago que, de hecho, aplican numerosos colegios concertados mediante la solicitud de “aportaciones voluntarias” a las familias de los alumnos. La Comisión de Educación de las Cortes ha aprobado este martes una moción que reclama al ejecutivo autonómico una batería de medidas “para lograr la absoluta gratuidad y universalidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos”.

La resolución, propuesta por Podemos y que tuvo el apoyo de PSOE, Cha e IU y la oposición de PP, Par y C’s, incluye que los centros concertados no puedan “imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones”, tampoco “exigir la adquisición de material escolar para comprar en el propio centro o en determinados establecimientos” ni, de la misma manera, “reclamar” ni “percibir” dinero por “las enseñanzas de carácter gratuito” ni por reservar plazas.

Por otro lado, los colegios estarán obligados a entregar a las familias, ya durante los periodos de solicitud y de matrícula, información por escrito que deje claro que esas aportaciones son, en todo caso, voluntarias y también revocables en cualquier momento.

Entre las medidas, tras aceptar la formación morada una enmienda de los socialistas, se encuentran que la Inspección tenga “como medida prioritaria la supervisión de las aportaciones”, que la Consejería de Educación “habilite las medidas oportunas” para canalizar las reclamaciones de las familias que rechacen pagarlas y que el Gobierno autonómico realice un estudio jurídico sobre la legalidad de que los centros concertados “puedan solicitar de manera masiva las ‘aportaciones voluntarias” para “fundaciones o asociaciones particulares” cuando, en realidad, los alumnos que reciben mediante conciertos hacen “uso de un servicio público”.

Es habitual que los centros de enseñanza concertados –colegios privados a los que las comunidades autónomas sufragan el coste de determinado número de aulas por no poder absorber a los alumnos en escuelas e institutos públicos de su zona- reciban de las familias las llamadas “aportaciones voluntarias”, pagos mensuales que ingresan entidades vinculadas al establecimiento y cuyos recibos son frecuentemente girados por el mismo.

Un estudio realizado hace cuatro cursos por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) reveló que más del 90% de los colegios concertados cobraban a las familias entre 200 y 1.025 euros por alumno, sin posibilidad de renuncia o negativa, ya fuera por la vía de las donaciones o como pago por servicios del centro.

Esos pagos tienen un peculiar tratamiento fiscal cuando son canalizados hacia fundaciones mediante la fórmula de la donación: están exentos de IVA –los servicios educativos soportan un gravamen del 4%-, desgravan en el IRPF del pagano y el receptor está eximido de contabilizarlos como ingresos a efectos del Impuesto de Sociedades, cuyo complejo sistema de tributación llega a alcanzar el 28% de los beneficios de las empresas.

La moción de Podemos generó un encendido debate en el que los bloques de la izquierda y del centro-derecha defendieron sus opuestos modelos educativos: potenciar la pública y que la enseñanza sea gratuita cuando se sostiene con fondos públicos versus, respectivamente, un modelo mixto en el que la Administración garantice a la privada concertada una financiación “suficiente”.

La portavoz de C’s, Susana Garrido, fue la más clara en el segundo bloque. “Algunos padres no pueden hacer frente (sic) a la aportación voluntaria”, dijo, tras sostener que “todos los centros sostenidos con fondos públicos deben tener financiación suficiente para que la educación sea gratuita” y antes de rematar reclamando la fiscalización de “los sobres con 20, 25, 30 euros para material escolar” que se piden en los colegios públicos.

“Los socialistas apostamos por unos servicios públicos sin copago”, señaló Margarita Périz (PSOE), que marcó como objetivo “garantizar la gratuidad de la enseñanza en los centros públicos y concertados”. “Simplemente se trata de garantizar la gratuidad legal y que ningún centro sostenido con fondos públicos pueda hacer negocio” gracias a los conciertos, sostuvo Carlos Gamarra (Podemos), que atribuyó dos objetivos a este tipo de prácticas: “hacer caja y segregar a alumnos de familias con pocos recursos”.

El Gobierno de Aragón, que este mismo martes aprobó un pago plurianual de 32 millones de euros para cubrir gastos de funcionamiento de los centros concertados hasta el curso 2020-2021 sin “nueva concertación de aulas”, tiene tareas pendientes en el campo de la segregación en los colegios privados que reciben fondos públicos: en Zaragoza, el alumnado con necesidad de apoyo, mayoritariamente de origen inmigrante o perteneciente a minorías étnicas, supera el 30% en 22 colegios públicos, y pasa del 70% en ocho de ellos.

El Justicia de Aragón –equivalente autonómico del Defensor del Pueblo- recuerda en su último informe anual, entregado la semana pasada en las Cortes, que ha “sugerido” a la Consejería de Educación que “adopte medidas de discriminación positiva en los colegios que escolarizan muy altos porcentajes de alumnos con necesidad de apoyo educativo y, además de facilitarles la consecución de recursos personales y materiales, les otorgue una especial consideración por su difícil desempeño de la labor educativa”.

La recomendación, que “ha sido aceptada” por Educación, pretende que el ejecutivo reparta a esos alumnos entre los centros públicos y los privados que reciben financiación y que les dote de “los medios necesarios” para “ofrecer dicho apoyo”.

El Justicia basa su propuesta en dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que consideran “clara la obligación de garantizar una adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo” y que obligan a la consejería a “establecer la proporción de este alumnado a escolarizar en cada uno de los centros públicos y privados concertados”.

El Defensor del Pueblo, por otro lado, hizo hace unos meses un llamamiento a las administraciones públicas para que garanticen la gratuidad real de la enseñanza.