Apenas un centenar de los 8.131 ayuntamientos que hay en toda España se han sometido al cálculo de su huella de carbono y han diseñado planes de reducción de sus emisiones de CO2. Solo tres de ellos, han obtenido el sello Reduzco, expedido por el Ministerio de Transición Ecológica, que certifica que han logrado disminuir su factura de gases de efecto invernadero. El dato revela de forma palmaria el ínfimo grado de compromiso municipal en la aplicación de políticas efectivas contra el calentamiento global, pese a la cascada de declaraciones formales de los últimos años. Pero hay más. De los más de 8.000 ayuntamientos, diputaciones, cabildos y concejos, únicamente 315 se han integrado en la Red Española de Ciudades por el Clima (RECC), fundada en 2005 para coordinar medidas de eficiencia y ahorro energético, movilidad sostenible y gestión de residuos.

El cálculo de huella de carbono permite a las entidades locales conocer cuáles son sus emisiones de gases de efecto invernadero por habitante al objeto de reducir su contribución al cambio climático. La fiscalización de sus emisiones contaminantes se hace de forma voluntaria, conforme a una herramienta diseñada por el Ministerio de Transición Ecológica. Los ayuntamientos que han culminado con éxito sus procesos de reducción de CO2 han sido los de Valladolid, Algeciras (Cádiz) y Gavá (Barcelona). También el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, tiene reconocido el certificado ministerial.

Al centenar de municipios participantes, se les requirió información detallada de sus instalaciones fijas y el consumo de combustibles fósiles; el gasto eléctrico; la flota de vehículos; y los equipos de climatización con sus correspondientes fugas de refrigerantes. Según el listado de cálculo de huella de carbono, Valladolid es claramente la administración local más diligente en el combate contra el calentamiento global. Desde 2012, se somete anualmente al procedimiento reglado por el Ministerio y ya en 2015 consiguió el sello Reduzco, mientras que en 2016, 2017 y 2018 compensó su huella de carbono con proyectos de reforestación por un volumen global de 350 toneladas de CO2. Gavá recortó sus emisiones un 27%. La RECC cifra en 65 las entidades locales que han auditado su huella de carbono, con una población global de 7,4 millones de habitantes.

La respuesta de los gobiernos y de las grandes compañías contaminantes al reto planetario de la emergencia climática está siendo decepcionante, según se pudo constatar en la cumbre de Madrid, celebrada hace apenas dos semanas. Público acaba de verificar la disparatada guera del alumbrado navideño entre numerosos alcaldes españoles, que compiten por instalar costosos sistemas lumínicos como escaparate turístico de sus ciudades. Paradójicamente, los ayuntamientos más activos en esta carrera eléctrica forman parte de la RECC y han firmado compromisos expresos en defensa del ahorro energético. Llama poderosamente la atención que uno de los más entusiastas, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sea presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en cuya representación participó en la cumbre del clima de Madrid para exponer la contribución de las entidades locales en el combate contra el calentamiento global. 

Entre la decena de municipios competidores de la guerra del alumbrado navideño, cuatro no han fiscalizado sus emisiones en CO2: Vigo, Barcelona, Huelva y Gijón. Mientras que Palma de Mallorca, Málaga, Zaragoza y Sevilla sí que se han sometido al cálculo de su huella de carbono, aunque aún no han logrado el sello que certifica la reducción de sus gases contaminantes. El volumen de emisiones puede fluctuar considerablemente entre municipios. Desde las 24.982 toneladas de CO2 de Palma a las apenas 78 tCO2 de Villa de Moya, tal como refleja el informe de cálculo de huella de carbono de 2017. 

Es cierto que la tecnología eficiente ha logrado reducir significativamente el consumo energético del alumbrado público en los últimos años. Pero también lo es que, año tras año, se incrementan los puntos de luz y el tiempo de exposición, particularmente en los alumbrados extraordinarios de Navidad. España sigue batiendo récords europeos de consumo eléctrico en iluminación de exteriores. El gasto por habitante se sitúa en 114 kilovatios por año, casi el triple que Alemania (48-43) y muy por encima de Francia (90-77), según datos facilitados por el profesor Juan Manuel Blanco en una ponencia dictada en los cursos de verano de la Universidad de la Rioja en 2018.

España cuenta con 8,8 millones de puntos de luz con una potencia media de 156 vatios, según datos suministrados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE). Es decir, los municipios españoles consumen aproximadamente 5.296 gigavatios hora (GWh) al año. No existe ninguna normativa que fije los límites del consumo energético de las administraciones públicas, más allá de la propia autorregulación que voluntariamente se impongan las propias entidades locales. Una fuente del Ministerio de Transición Ecológica señaló a Público que el Gobierno no tiene competencias al respecto, toda vez que se trata de contrataciones locales en el uso de su autonomía municipal.  

España generó en 2018 más de 332,8 millones de toneladas de CO2, según el avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), lo que representa un descenso del 2% con respecto a 2017. El transporte sigue siendo el sector que más aporta al calentamiento global (27%), seguido de la industria (19%) y la generación eléctrica (17%).