La crisis climática obliga a España a repensar sus sistemas de regadío

El Gobierno dio luz verde este martes a los nuevos planes hidrológicos, una herramienta de planificación que marcará los usos del agua para los próximos cinco años. La medida atañe a todo el país y todas las demarcaciones hidrográficas del Estado, sin embargo, ha sido en las regiones del Levante, con Murcia y el País Valencià a la cabeza, donde más revuelo se ha armado ya que por primera vez en la historia se ha fijado un caudal ecológico para el Tajo. Algo que, según se interpreta en estos territorios con un gran peso agrícola, supondrá una restricción importante al trasvase de agua desde este río hacia la cuenca del Segura, que nutre los sistemas de regadío del Campo de Cartagena o de la Huerta de València .

La guerra del agua, una recurrente e histórica pugna entre los gobiernos centrales y las administraciones autonómicas, ha cambiado para siempre. Por primera vez se reconoce, dentro de las actuaciones del Ejecutivo de España, que la disponibilidad del agua se está reduciendo debido al cambio climático. "No nos basta hablar de volúmenes promedio disponibles de agua, tenemos que estar preparados para los dos excesos: años de extrema sequía y periodos de inundaciones enormemente duros", reconocía hace unas semanas la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. El Gobierno, no obstante, no se mueve sólo por los intereses climáticos, pues el plan también sirve para poner a España al día con Europa y cumplir con las directivas que fueron aprobadas hace más de veinte años.

La Oficina Española de Cambio Climático reconoce en su último informe de 2021 que la disponibilidad hídrica se ha reducido en la última década entre un 10% y un 20%, en parte por la bajada de precipitaciones, pero también por el incremento de temperaturas medias en el país, que eleva el ritmo de evapotranspiración del agua. 

Para Fernando Maestre, doctor en biología e investigador de la Universidad de Alicante, los planes aprobados para el Tajo son "muy necesarios": "No podemos entender los ríos como un caudal de agua del que podamos extraer hasta la última gota en nuestro propio beneficio. Los ríos mantienen una biodiversidad y nos proveen de una serie de beneficios que son muy importantes y que para que se pueden mantener necesitan tener agua", sostiene. "El trasvase no va a poder mantenerse en el futuro de la misma forma que se venía haciendo hasta ahora. En las últimas décadas está disminuyendo la cantidad del agua en la cabecera del Tajo  porque hay menos precipitaciones y porque han aumentado las temperaturas en torno a 1,7ºC. En este escenario no hay compatibilidad con el crecimiento constante del regadío que hemos soportado años atrás en el sudeste de España. Sencillamente, el trasvase no va a poder mantener todo ese regadío y hay que buscar alternativas", afirma el científico.

El Plan Hidrológico, a pesar del rechazo de las comunidades de regantes del Levante y de las críticas de los gobiernos autonómicos involucrados, no prohíbe el trasvase de agua, sino que se fija un caudal mínimo para el Tajo que deberá respetarse y que, de manera colateral, supondrá un límite sobre el líquido bombeado hacia las regiones mediterráneas. De media, según el Gobierno de España, el bombeo de agua de un cauce fluvial a otro podría reducirse al año entre 70 y 110 hectómetros cúbicos. Actualmente los niveles del trasvase anual se sitúan en los 320 hectómetros cúbicos.

Para Santiago Martín Barajas, experto en agua y portavoz de Ecologistas en Acción, el plan del Gobierno es insuficiente: a los niveles mínimos de cauce habría que añadir una clausura programada del trasvase. "Se tienen que dar unos años para adaptar la agricultura de la zona y cerrar para siempre el trasvase", opina. Además, el conservacionista señala que la fijación del caudal mínimo es "ilegal", ya que establece una aplicación progresiva del caudal mínimo que va de los 7 metros cúbicos en 2023 a los 8 metros cúbicos en 2026 y los 8,6 metros cúbicos en 2027. Para los ecologistas, se debe fijar una cifra y exacta y cumplirla desde la entrada en vigor del nuevo ordenamiento hidrológico del país. "Esto va contra la Ley de Aguas y vamos a recurrir en los tribunales", anuncia.

Desaladoras y una vuelta al secano

La tensión social en el campo, que teme recortes en la disponibilidad del agua a corto plazo, ha tratado de ser atajada por el Gobierno. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica ofrecen una inversión de hasta 547 millones de euros para mejorar la capacidad de las desaladoras que permitirán regar con agua de mar. La idea, según anunció este martes Teresa Ribera, es abaratar los costes energéticos de estas infraestructuras para que los agricultores tengan una mayor rentabilidad en sus producciones. Además, Transición Ecológica pretende fijar un tope al precio del agua procedente de desaladoras que, según anunció la vicepresidenta tercera, estaría en los 34 euros. "No puede ser más barato recurrir a acuíferos, que son limitados, que a fuentes inagotables", dijo tras el Consejo de Ministros. 

"Estas medidas tienen que venir de la mano de una limitación al regadío", agrega Maestre. "En lugar de controlar la oferta de agua, las políticas hídricas en España siempre tratan de satisfacer una demanda que nunca para de crecer. No podemos satisfacer la demanda aumentando la oferta cuando no hay perspectiva de tener recursos hídricos. Es importante empezar a limitar el regadío y plantear una vuelta al secano. No digo que desaparezca, porque el regadío es necesario y es muy productivo, pero hay que controlarlo y regularlo. No se puede justificar su expansión sine die solo porque genere mucho dinero", zanja el investigador de la Universidad de Alicante.