ZARAGOZA .- Quien mata, o deja morir, a un perro o un sarrio en Huesca, es perseguido con las mismas técnicas policiales que un asesino. “Aplicamos todos los métodos de investigación que utiliza la Policía Judicial”, explica el teniente Arturo Notivoli, jefe de Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil oscense, cuyas pesquisas han acarreado en los últimos años varias condenas por delitos de maltrato animal en la provincia gracias a pruebas de ADN, análisis de balística y necropsias (equivalente de la autopsia), habituales en casos de violencia contra las personas pero no tanto en la que sufren otros seres vivos.

El último detenido por maltrato animal por el Seprona de Huesca ha sido un ganadero acusado de dejar morir por inanición al grueso de su rebaño de 300 ovejas en el Pirineo: las doce que quedaban vivas habían comenzado, en competencia con los perros, a comerse los cadáveres que no estaban completamente podridos. En este caso no fue necesario ampliar mucho la investigación. “Estaban famélicas, se comían unas a otras”, señala el oficial.

Una semana antes, un vecino de una localidad cercana era arrestado como presunto autor de otro delito de maltrato: su perro murió encerrado en una caseta sellada con un candado. “Era imposible que saliera de allí”, anota Notivoli. “Las evidencias eran claras: estaba famélico y abandonado, pero el resultado de la necropsia fue demoledor: no tenía ni un gramo de grasa en el cuerpo y sus patas estaban ensangrentadas por las lesiones que había sufrido al intentar escapar”, señala. “El animal no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir sin aportes de agua y de alimento por parte de su dueño”, añade.

Este fue imputado como presunto autor de un delito del artículo 337 del Código Penal, en este caso por omisión, que castiga con hasta un año de cárcel y tres de inhabilitación para cualquier ocupación que tenga relación con los animales a quien “por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual” a ejemplares domésticos. Las penas crecen hasta los 18 meses y los cuatro años cuando el animal muere.

Las necropsias, realizadas por el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de La Alfranca y por la Facultad de Veterinaria de la universidad de Zaragoza, se incluyen en las costas del proceso judicial, con lo que el maltratador debe pagarlas en caso de condena si el juez lo estima oportuno.

Ocurre lo mismo con las pruebas de ADN, en este caso realizadas por el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil. El cotejo del código genético de un mastín descalabrado que los investigadores localizaron agonizante en un vertedero con los rastros biológicos detectados en una cuerda, una azada y la furgoneta del sospechoso de haberle agredido y arrojado allí –un septuagenario de Monzón- fueron la prueba definitiva para que este fuera condenado por el Juzgado de lo Penal de Huesca.

“Estas pruebas científicas son fundamentales para reforzar otras como las inspecciones oculares”, indica el teniente, que insiste en que “aplicamos todas las técnicas que tenemos a nuestro alcance”. Esos métodos han permitido la detención, y la posterior condena, de varios cazadores furtivos tras complejas investigaciones que han combinado la necropsia del cadáver del animal –normalmente de una especie protegida- hallado en el monte, la identificación del arma de la que había salido el proyectil que lo mató tras cotejar las marcas de una y otro y, en algunos casos, el contraste de muestras biológicas de la bestia con rastros hallados en el vehículo del sospechoso. “Hemos llegado a hacerlos con piezas disecadas”, apunta.

También investigan en las redes sociales. Eso les permitió detener hace unos días a un joven de un pueblo de Zaragoza que había matado a puñaladas a una vaca tras acosarla con una jauría de perros en Guadalajara. En el vídeo podía observarse cómo clavaba repetidamente al animal un cuchillo de 25 centímetros de hoja mientras este sangraba abundantemente y mugía por el dolor.

Notivoli no cree que el incremento de las detenciones por maltrato animal en la provincia de Huesca (cuatro el año pasado y dos en este, con varios sospechosos en capilla) responda a un aumento de las infracciones sino a una mayor sensibilización de la ciudadanía. “Cosas que se hacían antes, como cortarle el rabo a un perro de caza, o matar a un perro, ahora son, respectivamente, una infracción grave y un delito”, señala. “La gente se está sensibilizando, cosa que agradecemos”, anota.

“En este tipo de delitos es importantísima la colaboración ciudadana –destaca-, ya que suelen desarrollarse en recintos cerrados y sin testigos”. Y, obviamente, la víctima nunca tiene posibilidades de denunciar.

De hecho, el maltrato animal y la violencia de género comparten algunos rasgos criminológicos: suelen ocurrir en espacios privados, la víctima se encuentra indefensa y tiene pocas –o ninguna- posibilidades de denunciar y el bien jurídico afectado es la integridad física o la vida.

“Sin testigos es imposible investigar, la información es muy importante”, explica el teniente Notivoli, que anima a denunciar episodios de maltrato animal y que explica que no es necesario que el denunciante se identifique para que los investigadores puedan poner en marcha las pesquisas