Debate por el fin del concierto con Muface: ¿debe el Estado dejar de pagar la sanidad privada de los funcionarios?

Este año finaliza el concierto entre el Estado y Muface, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, y previsiblemente se negociará uno nuevo. Este contexto pone sobre la mesa la posibilidad de abrir un debate donde plantear revertir este privilegio.

El modelo de mutualidades (tanto Muface, como la Mutualidad General Judicial (Mugeju) o el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas)) está basado en un sistema de prestación pública ejecutado por proveedores privados, donde los beneficiarios tienen libertad para elegir la entidad que le atiende, así como el facultativo. Es decir, en lugar de acudir a la sanidad pública, el Estado paga a sus trabajadores un seguro sanitario privado.

La ley general de sanidad de 1986 contempla la integración de los trabajadores públicos en la sanidad pública

No es la primera vez que se plantea la idea de incorporar estas mutualidades al Sistema Nacional de Salud. Organizaciones en defensa de la sanidad pública llevan años advirtiendo de que son un elemento distorsionador en el sistema sanitario público y suponen un factor importante de desigualdad y discriminación en el acceso de la población a la atención sanitaria. Su sufragación implica, además, una fuente de derivación de fondos públicos hacia el aseguramiento privado.

Esta integración, tal y como ha explicado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), está recogida ya en la ley general de sanidad de 1986. Sin embargo, hasta ahora no se han producido avances al respecto.

Desde Sumar presentaron una propuesta programática en la materia en abril de 2023, pero el asunto no se ha vuelto a retomar. El partido de Yolanda Díaz ya advirtió entonces que se trataba de una situación que iba contra la lógica del modelo asistencial tal y como estaba concebido: "En vez de estar vertebrado por la Atención Primaria y Comunitaria, supone un paso directo a especialistas no generalistas, con el consiguiente riesgo de salud para cada paciente al obviar un enfoque más integral", versaba el documento.

Los problemas de suprimir las mutuas

Los problemas que se plantearían a la hora de tratar de incorporar a estos funcionarios y trabajadores públicos a la sanidad pública tendrían que ver, por un lado, con una posible vulneración de los derechos adquiridos y, por otro, cabría la posibilidad de que el Sistema Nacional de Salud no tuviera la capacidad de absorber la demanda debido a su paulatino deterioro, sobre todo en comunidades como Madrid, Catalunya o Andalucía, donde su estado es crítico.

Ante esto, la FADSP aboga por incorporar a la sanidad pública solo a los nuevos funcionarios. De modo que los antiguos puedan seguir eligiendo. Esta fórmula no acabaría inmediatamente con el sistema de aseguradoras, pero con el tiempo desaparecerían.

Asimismo, la organización señala que este "modelo lento" de nuevas incorporaciones disminuiría este problema, si a la vez estas nuevas anexiones "llevaran incorporada la correspondiente financiación" que permitiera al sistema público mejorar sus servicios.

Cada vez más funcionarios se van a la pública

Las mutuas, no obstante, siguen la misma lógica que el resto de aseguradoras privadas. Así lo constata un informe El misterio MUFACE ¿Selección por riesgo o empeoramiento de la calidad percibida, publicado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2019. Este estudio destaca cómo los operadores privados trabajan bajo lo que los investigadores definen como una "selección de riesgos" de los usuarios.

Así, se observa cómo determinados tipos de enfermedades más graves o crónicas terminan, en buena medida, siendo tratadas en hospitales públicos. La lógica última es, al fin y al cabo, atraer a cuantos más funcionarios sanos, mejor, así como esquivar a la máxima proporción de trabajadores que puedan suponer grandes costes. 

De este mismo estudio emerge otro dato significativo y es que la elección del Instituto Nacional de la Seguridad Social frente a las clínicas privadas, entre los funcionarios, ha pasado del 14,1% al 20,4% en la última década.