El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha detectado "numerosas carencias" en la visita de la institución a la cárcel de Archidona (Málaga), donde están internados casi 600 personas de origen argelino que llegaron en patera a las costas de Murcia hace varias semanas. Por ello, Marugán ha hecho diez sugerencias y un recordatorio de deberes legales a la Policía.

Estas sugerencias pretenden que los inmigrantes argelinos ingresados en la cárcel gocen de los mismos derechos y garantías que en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), ha informado este viernes el Defensor del Pueblo en un comunicado.

A pesar de que las instalaciones presentan mejores condiciones arquitectónicas que cualquiera de los CIE actualmente en funcionamiento, el Defensor "tiene dudas sobre la idoneidad de su empleo para este fin, dado que las mismas habían sido designadas ya como centro penitenciario", aunque cree "relevante" que dicho centro no haya iniciado su actividad penitenciaria.

El Defensor ha reconocido el "esfuerzo" de los funcionarios de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para habilitar estas dependencias, pero ha advertido que la premura ha supuesto "que no todos los servicios, incluso algunos elementales, estén operativos".

En ese sentido, la asociación Andalucía Acoge ha interpuesto una queja ante el juzgado de Archidona tras las deficiencias que tmbien ha detectado su equipo jurídico durante la asistencia letrada prestada a los inmigrantes internados en la prisión de esta localidad malagueña.

Esta asociación ha resaltado en un comunicado que, "incumpliendo la legalidad, estas personas no cuentan con un examen médico y permanecen en la intemperie durante largas horas sin prendas de abrigo y sin posibilidad de cambio de ropa interior". Además, los internos "no pueden acceder a sus efectos personales y tienen serias dificultades para comunicarse con sus familiares y para hacer llamadas". Andalucía Acoge ha criticado "la falta de trato humanitario" a los inmigrantes, "que no han cometido ningún delito y que, sin embargo, ven vulnerados sus derechos básicos y fundamentales".

Ha añadido que "no se ajustan a la realidad" las declaraciones en el Congreso de los Diputados del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que aseguró que estos inmigrantes se encuentran en mejores condiciones que en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

También ha subrayado la "ilegalidad" que supone esta decisión, "porque se ha privado de libertad a más de quinientas personas sin cumplir la normativa actual" y "lo inadmisible" de la medida, "porque la solución no es una política de internamiento de personas extranjeras privándolas de libertad".

Todo el día confinados en el patio

Los internos permanecen en el patio desde el desayuno hasta la cena -excepto para la comida- sin poder pasar al resto de zonas comunes, incluidos los baños, y esta ausencia de horario y actividades favorecen los incidentes entre ellos, añade el comunicado.

La institución cree además que no favorece la normalización de la convivencia que la gestión con los internos la hagan "agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con su uniformidad e instrumentos habituales", es decir, agentes antidisturbios totalmente equipados.

También ha constatado que "no se están respetando las reglas mínimas para la custodia de las personas internadas en un CIE", como una atención sanitaria suficiente, información sobre normas mínimas de funcionamiento del centro y un horario y actividades.

Según el relato de los internos entrevistados, el traslado al centro se realizó con los inmigrantes unidos por la muñeca contraria mediante bridas.

Las visitas de familiares se realizan en locutorios cerrados con mamparas aislantes de cristal, mediante teléfono, y la privacidad no está garantizada.

Al Defensor también le ha "llamado la atención" que en los autos de autorización de internamiento que se han emitido por órganos judiciales de diferentes localidades no consta el lugar exacto en el que se produjo la detención de cada una de estas personas, cuando la norma establece que el juez competente es el del lugar de la detención.

Además, "salvo en los autos procedentes de Elche, no se entra a valorar el hecho de autorizar el internamiento en unas instalaciones que tienen atribuido carácter penitenciario".

"Por otra parte, el centro en los diferentes autos recibe diversas denominaciones, lo que genera dudas al Defensor sobre la información facilitada a los distintos órganos jurisdiccionales", señala el comunicado.

El Defensor ha sugerido sustituir a los agentes de la UIP por funcionarios que habitualmente prestan servicio en los CIE, proceder "de manera inmediata" al reconocimiento médico de todos los inmigrantes y establecer una asistencia médico-sanitaria las 24 horas.

También reclama que se garantice a cada interno disponer de sus objetos personales y su vestuario, que este se sustituya con una frecuencia aceptable, establecer un horario diario de actividades y que las visitas de familiares sean sin separación física por mamparas y en condiciones de privacidad.

Asimismo, pide facilitar los medios materiales para que los internos puedan comunicar su detención y lugar de internamiento a sus familiares, habilitar los instrumentos para formalizar quejas y reclamaciones y completar los expedientes y devolver a los internos las copias de los autos de internamiento y otra documentación.

Ha recordado a la Dirección General de la Policía "su obligación de velar por el respeto a la vida, integridad física y salud de los internos, especialmente en lo referido a impedir altercados entre ellos y en lo relativo a la existencia de planes de evacuación, prevención de incendios y almacenamiento de las imágenes y sonidos captados por los sistemas de videovigilancia".