El Defensor del Pueblo exige a todas las administraciones información sobre sus políticas de vivienda

El Defensor del Pueblo se ha posicionado frente a la crisis de vivienda. Lo ha hecho mediante la apertura de una macro actuación de oficio dirigida a las diferentes administraciones competentes: el ministerio, las comunidades autónomas y los ayuntamientos de diez de las principales ciudades del país. En el marco de esta actuación, ha exigido a las administraciones información sobre las políticas públicas que están o tienen previsto implementar para atajar la crisis y “garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna y adecuada”. Un derecho que, recuerda, está sancionado en la propia Constitución.

“Las dificultades para acceder a una vivienda ahondan la desigualdad de los ciudadanos, y condicionan su bienestar, su desarrollo personal y el disfrute del resto de sus derechos”, recoge el Defensor en un comunicado. “Parece preciso aumentar significativamente la oferta de vivienda, especialmente las de carácter protegido, y gestionar las ayudas al alquiler de manera ágil”, añade. Sobre todo en relación con uno de los grupos poblacionales más afectados: los jóvenes.

La institución que dirige Ángel Gabilondo ha puesto el foco sobre el que considera uno de los principales motores de la urgencia habitacional: el escaso parque de vivienda pública y asequible del país. De apenas un 3,3%, según los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo. Una cifra muy alejada de vecinos europeos como Países Bajos (30%) o Francia (17%) y de la media general de la unión, que se sitúa en torno al 10%.

“La situación de dificultad de acceso a la vivienda se reproduce en prácticamente todas las comunidades autónomas y ciudades medias y grandes”, constata con preocupación. Y es aún más intensa en los territorios más poblados y receptores de mayores volúmenes de turismo, amplía.

En este contexto, Gabilondo ha solicitado conocer, en primer lugar, el número de viviendas protegidas disponibles en cada territorio, así como la cifra de personas todavía en espera de adjudicación. También las medidas dirigidas a robustecer el parque público de vivienda, “que debe sujetarse a un régimen de protección permanente”, y las ayudas dirigidas al pago del alquiler. Asimismo, un seguimiento de las medidas recogidas en la ley de vivienda y de su efectivo cumplimiento, como la declaración de zonas tensionadas. Por último, las disposiciones aplicadas por cada administración para regular y, en caso de necesidad, limitar las viviendas destinadas al uso temporal y turístico.

Tampoco se olvida de ponerle algunos deberes exclusivos al ministerio del ramo: aclarar el contenido del próximo Plan Estatal 2026-2030, los avances en la creación de la empresa pública de vivienda anunciada y la efectividad de las instrumentos puestos en marcha para remar contra la subida imparable de los precios.