ZARAGOZA .- El uso de las lenguas minoritarias de Aragón, el catalán y el aragonés, tensan de nuevo el debate parlamentario en la comunidad. Más por la primera que por la segunda, y más por su denominación y vínculos que por su obvia presencia, unos prejuicios enquistados en la política aragonesa, históricamente incapaz de tratar con normalidad dos realidades lingüísticas que utilizan para comunicarse entre 80.000 y 145.000 personas.

La chispa saltó con la intervención, este martes, del diputado de Podemos Alfonso Clavería en la Comisión de Comparecencias de las Cortes, en la que participaban tres representantes de la plataforma No Hablamos Catalán, a los que dirigió, en ambas lenguas, estas palabras: “Les agradezco su presencia. Hay cosas que solo se pueden decir en una lengua, y no en la de al lado. Hagamos, entonces, un pacto por el sostenimiento de la vida y de los territorios de Aragón, dando voz a lo que la gente piensa y que lo diga en su propio idioma”.

El diputado del PP Fernando Galve interrumpió el debate para expresar a la presidenta de la comisión, Itxaso Cabrera (Podemos), “mi más enérgica protesta porque usted ha permitido hablar en otras lenguas que no son el español”. “Como no hay reglamento (que regule su uso), creo que tenemos que hablar en castellano, en español”, dijo, al tiempo que anunciaba una queja formal a la Presidencia de la cámara. Cabrera le respondió que la Constitución “recoge que la pluralidad se dará en las cortes por parte de todos los grupos”.

La protesta de los populares -Galve insistió al calificar de “acto maleducado” y “desagradable” hablar “en aragonés y en catalán o en no sé qué idioma”- fue selectiva: no se extendió a las intervenciones de Gregorio Briz, de Cha, que había saludado a los comparecientes en catalán, ni a la de Joaquín Samsó, de C’s, originario de la zona oriental de Aragón y que había utilizado, de manera espontánea, algunas palabras en ese idioma.

El episodio ilustra la tensión que genera el debate lingüístico en la esfera política de una comunidad trilingüe como Aragón. Una tirantez que no se da en la calle: 80.000 habitantes del Pirineo y de las comarcas orientales de la comunidad utilizan esas dos lenguas, según los datos de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno autonómico, que también recogen que 3.400 escolares de primaria y de secundaria estudian como optativo el catalán y 580 los distintos dialectos del aragonés.

El INE (Instituto Nacional de Estadística) eleva la presencia de esas lenguas en su último Censo de Población y Viviendas: 55.387 aragoneses hablan el aragonés o lo conocen, mientras que 87.575 utilizan el catalán y otros 2.604 citan el chapurriau, nombre coloquial para referirse a las variedades locales de esta última. Suman 145.566 aragoneses, más del 10% de la población.

Sin embargo, el meollo del debate no está en las lenguas, sino en sus nombres. Los tres comparecientes, Ángel Hernández, de Amics de Fraga; Luis Gascón, de Facao, y el filólogo Jesús Vázquez, coincidieron en reclamar un referéndum en las comarcas orientales para decidir cómo debe llamarse esa lengua y, entre referencias al “pancatalanismo”, al “proyecto imperialista” del nacionalismo catalán y al uso del idioma como instrumento de unas supuestas ansias anexionistas, anunciaron un acto reivindicativo “por la identidad, la lengua y la cultura aragonesas” para el próximo 5 de junio en Zaragoza.

Su comparecencia tenía como objeto reclamar el desarrollo de la actual Ley de Lenguas, con la que el Gobierno PP-Par sustituyó en 2013 las denominaciones del catalán y el aragonés por los acrónimos Lapao y Lapapyp y les quitó el carácter de “propias” que les reconoció la norma de 2009, y reclamar la puesta en marcha de la Academia de la Lengua Aragonesa. El segundo asunto no fue debatido, mientras el primero daba lugar a un tenso debate nominalista.

“Quieren imponer que nuestras lenguas maternas son fabla y son catalán”, señaló Hernández, que llegó a pedir la prohibición del término “franja” para referirse a las comarcas orientales y para quien “nunca se ha ofendido tanto a la zona oriental de Aragón, que se siente aragonesa”. “El catalán no es lengua propia de Aragón”, apuntó Vázquez, mientras Gascón se refería al chapurriau como “riqueza cultural” y anotaba que “implantar el idioma catalán en Aragón no es inofensivo”. “Amamos a Catalunya, pero que no toquen nuestro territorio”, añadió.

Las intervenciones de los portavoces giraron en torno a la denominación del catalán. Darío Villagrasa (PSOE), que consideró “fundamental la no imposición y garantizar los derechos de los ciudadanos”, sostuvo que “no debemos decidirla en el parlamento” por tratarse de algo que “corresponde a la comunidad académica” y que entraña el riesgo de “rozar el ridículo que ya hicimos” con el Lapao y el Lapapyp.

Coincidió con Briz, partidario de una norma basada en criterios científicos que “evite hacer el ridículo en toda Europa”, y con Amparo Bella (Podemos), que consideró “necesario superar el conflicto y facilitar los derechos de los hablantes” con una nueva ley y que recordó que “el aragonés y el denominado catalán de Aragón sufren hoy una situación complicada”. “Huimos del uso político y rechazamos los debates que solo buscan dividir”, anotó, para añadir que “habrá que llegar a un consenso” sobre la denominación.

Briz se mostró conciliador con los comparecientes pese a los duros ataques que dirigieron a Cha. “Podría decirles que ustedes son pancastellanistas o españolistas, pero ¿qué añadiría eso al debate?”, les indicó, tras afearles que “el negacionismo que ustedes hacen ha favorecido la dependencia de Catalunya en algunos ámbitos”. “Hablo inglés y castellano, pero no me siento inglés ni castellano, ni seguramente español”, añadió el nacionalista.

Galve y Lucía Guillén (Par) se mostraron tajantes. “En Aragón no hablamos catalán”, dijo el primero, que se pronunció “en contra de reformar la Ley de Lenguas y de que el catalán sea oficial en Aragón”. “No se puede llamar catalán lo que no es catalán. No existía Catalunya cuando ya se hablaba esa lengua en Aragón”, señaló la segunda, que acusó al presidente Javier Lambán de “dar razones a Catalunya para que avance en su anhelo independentista”.

“Llamar catalán a una de nuestras lenguas no es sino darle más alpiste al canario”, añadió, mientras Samsó, que se refirió a la situación de las lenguas minoritarias en Aragón como “laberinto”, sostenía que “esto ocurre por mezclar lengua, política y sentimientos”.

Mientras tanto, el nuevo Gobierno PSOE-Cha, tras devolver a ambas lenguas mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos el carácter de “propias” que les reconoce el Estatuto de autonomía, trabaja en un nuevo “marco normativo” –explicaron fuentes de la Consejería de Cultura- antes de impulsar la nueva ley que anunció Lambán.

El próximo curso, las asignaturas de aragonés y de catalán que las escuelas e institutos aragoneses ofrecen desde 1986 como optativas entrarán por vez primera a formar parte del currículo, cuyo contenido se encuentra en fase de alegaciones. Y, paralelamente, el Consejo de Gobierno creó este martes los premios Chuana Coscujuela y Desideri Lombarte, que cada dos años galardonarán a personas con una trayectoria destacada en la difusión de cada una de las lenguas.

El Constitucional rechazó hace unas semanas el recurso que más de medio centenar IC-V, CiU y el Grupo Mixto presentaron contra la vigente Ley de Lenguas de Aragón por no incluir las denominaciones de “catalán” y de “aragonés”. Sin embargo, la decisión del tribunal no supuso en este caso una convalidación de la norma sino una certificación de su carencia de contenido tras haber recuperado ambas la consideración legal de “propias” con la Ley de Acompañamiento.