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Democratizar el trabajo, por un nuevo contrato social en Europa

Entrevista a Sara Lafuente, copromotora del Manifiesto DemocratizingWork, investigadora en el Instituto Sindical Europeo en Bruselas, y miembro de la Plataforma por la Democracia Económica.

Pedro Mateo

Sara Lafuente, copromotora del Manifiesto DemocratizingWork.

Durante el confinamiento han circulado muchos artículos de opinión y manifiestos sobre "el día después". El manifiesto DemocratizingWork, publicado simultáneamente el 16 de mayo en éste y otros 34 periódicos en todo el mundo, ha recibido especial atención mediática y apoyo internacional. Sus iniciadoras, Isabelle Ferreras, Dominique Méda, Julie Battilana y hoy más de 6000 firmantes, hacen un llamamiento urgente a democratizar y desmercantilizar el trabajo para salir de la crisis. El tema de la democracia económica y la participación ya resurgía en la agenda política antes de la pandemia. Hoy cobra especial relevancia para la reconstrucción del contrato social en Europa.

1) Un Manifiesto sobre la democracia en el trabajo en plena pandemia de Coronavirus podía resultar extraño frente otras prioridades más acuciantes. ¿Por qué publicar este Manifiesto en ese momento?

Los problemas referidos en el manifiesto no son nuevos: colapso climático, democracias fragilizadas, precariedad en el empleo, desigualdad … Pero la crisis los ha revelado de manera más cruda: obliga a tomar decisiones críticas, y hace patente que la realidad empresarial, basada en gobiernos autocráticos, no se adecúa a las expectativas democráticas. En algunos países, incluso, las medidas de emergencia han suspendido los derechos de información, consulta y negociación. Sin embargo, para decidir qué actividad es esencial o no, cómo adaptar la organización del trabajo, qué medidas de seguridad y flexibilidad interna aplicar (turnos, horas extra, ERTEs, etc.), es esencial la intervención de los y las trabajadoras y sus representantes, porque es de quienes depende la buena marcha de la actividad. Pero las crisis son también oportunidad de cambio, experimentación y mejora a largo plazo. La comunidad académica tiene la responsabilidad de recordarnos que la realidad no se agota en lo existente, ni en lo urgente, que hay alternativas para evitar errores pasados. Por eso pensamos en lanzar este mensaje desde la comunidad académica, y a fecha de hoy ya suma 6000 firmas, no solo en la academia. El apoyo es global, interdisciplinar y sorprendentemente diverso. La iniciativa coincide con muchas otras que piden más democracia en el trabajo para una sociedad más justa. Sin duda, la democratización en el trabajo será uno de los grandes ejes políticos en el nuevo contrato social post-Covid.

2) Decís que la experiencia del confinamiento ha puesto en valor el papel de las y los trabajadores, no ya como mero "recurso", sino como parte "inversora" y sustancial de la empresa. ¿Qué implicaciones tiene esto, con respecto a la defensa de la democracia en el trabajo?

Primero, el confinamiento ha revalorizado el trabajo en sectores esenciales que sufrieron recortes y privatizaciones, algunos muy feminizados, racializados y precarizados, y con menos acceso a representación. Las y los trabajadores han mantenido la actividad, adaptando formas de trabajo, horarios, convirtiendo su domicilio en oficina y "cole", sacrificando tiempo familiar, aceptando vacaciones forzadas, ERTEs… Ha quedado patente que arriesgan mucho y son parte sustancial de la empresa. Además de la necesidad de intervención pública y promoción de servicios públicos, democratizar el trabajo requiere participación en el gobierno empresarial, es decir, que se reconozca al trabajo un peso legítimo y equivalente al accionariado en las decisiones importantes de la empresa. Los comités de empresa gozan de derechos de información y consulta sobre decisiones operativas, pero esto no es suficiente para una participación constructiva y plenamente responsable, porque no pueden vetar las decisiones estratégicas para proponer alternativas. Las decisiones deberían también requerir el acuerdo de la mayoría de la representación laboral, solo eso permitiría reequilibrar el poder en la empresa. Por otro lado, las medidas excepcionales han llevado la experiencia democrática a nuevos espacios, colectivos y temas (teletrabajo, naturaleza esencial o no de la actividad, etc). Por ejemplo, tras la nacionalización, Alitalia contará con representantes del trabajo en el consejo de administración, un avance importante en un país sin tradición de cogestión. Otra implicación: la especie de "utopía del decrecimiento" vivida durante semanas se basó en servicios esenciales para la comunidad, menos consumo y desplazamientos, mostrando que transformar el trabajo puede incidir en la sostenibilidad climática y social. Por último, el confinamiento ha sido una experiencia global, a pesar de sus diferencias locales; ha hecho más claro que los problemas sociales y las organizaciones desbordan las fronteras nacionales, y esto obliga a repensar el ámbito y espacio de las instituciones democráticas. Las reestructuraciones ya en curso pondrán a prueba la dimensión transnacional de la democracia en el trabajo.

3) ¿Dónde crees que se encuentran las mayores resistencias a algo que aparenta ser tan obvio: que la democracia no se quede a las puertas de las fábricas?

Está la cultura del "ordeno y mando", muy característica de la administración de empresas en España, y también las trabas e inadaptación institucionales. La narrativa económica imperante defiende que el interés y rendimiento de la empresa deben medirse en función del valor accionarial, y que la democratización y desmercantilización del trabajo los perjudica, pero los datos empíricos no dicen eso. Democratizar la empresa puede favorecer la motivación e innovación y revertir muy positivamente en el rendimiento económico, social y medioambiental de una empresa. Si el capital desconfía de la participación, es en realidad por motivos políticos e ideológicos, porque le cuesta renunciar al poder. El marco institucional es esencial, puede facilitar la democratización o dificultarla. Las decisiones se toman cada vez más lejos del lugar donde repercuten en el trabajo, porque mientras las estructuras empresariales se fragmentan y complejizan, el capital, que toma las decisiones, se concentra a nivel global. Es clave democratizar las grandes empresas multinacionales desde la cúspide, y hacerlo sobre la base de regulación obligatoria y generalizada que las impida competir en función de prácticas antidemocráticas o condiciones de trabajo a la baja. Los modelos de cogestión más efectivos se basan en leyes obligatorias aplicables no solo al sector público, sino también al privado y a las pequeñas empresas (a partir de cinco trabajadores en Austria, o 25 en Suecia). Además, no podremos aspirar a una democracia económica efectiva sin superar los marcos del Estado-nación: necesitamos regulación coordinada a nivel transnacional, sobre todo en la UE.

4) ¿Qué actores deberán ser protagonistas de las propuestas del manifiesto?

El manifiesto puede servir como plataforma de confluencia y articulación de iniciativas, de las que la academia forma parte, pero no solo. Otros muchos actores sociales y políticos comparten las propuestas y las traducen a lo concreto en diferentes contextos. Es una oportunidad para construir una coalición social y política amplia, transversal y multinivel por la democratización y desmercantilización del trabajo. Los sindicatos son clave: la democracia en el trabajo es su aspiración histórica, y conocen muy bien el mundo del trabajo. La Confederación Europea de Sindicatos lanzó hace dos años una campaña transnacional sobre democracia en el trabajo, y varias organizaciones ya han mostrado interés y apoyo al manifiesto. También el mundo asociativo, organizaciones ecologistas y defensoras de los derechos humanos tienen un papel importante para hacer presión en las políticas públicas y sensibilizar a la ciudadanía, en la lucha contra la desigualdad y promoción de sociedades más justas y sostenibles. Por su parte, las empresas podrían llevar a la práctica algunas de las propuestas del manifiesto a través de políticas de gestión y gobierno más inclusivas y participativas. La economía social y cooperativa es pionera en experimentación democrática. Las autoridades, a nivel nacional como europeo y global, tienen un papel fundamental y deberán promover el cambio a través de intervención pública. Por ejemplo, la transposición de la Directiva 2019/1023 sobre marcos de restructuración preventiva e insolvencia será la ocasión de reforzar derechos de representación, control y participación de los y las trabajadoras en situaciones concursales, e incluso de introducir derechos de adquisición preferente en condiciones ventajosas, para que las plantillas, organizadas colectivamente, puedan recuperar a tiempo empresas viables, como se ha hecho con bastante éxito en otros países de América Latina y Europa. Hará falta un cambio de mentalidades, y para ello, una movilización social importante.

5) Proponéis una Garantía de Empleo financiada públicamente desde Europa para desmercantilizar el trabajo y permitir a cada persona el acceso a un empleo digno. ¿Qué implicaciones tiene la propuesta? ¿La ves viable en el contexto europeo actual?

La Garantía de Empleo, como explica Pavlina Tcherneva en su libro de reciente publicación, consiste en un programa permanente de creación de empleo, financiado públicamente, cuyo objetivo es incidir en la calidad del empleo, mejorar las condiciones de trabajo y el bienestar social. El verdadero riesgo para la deuda pública es un aumento masivo del desempleo, que impacta en la recaudación impositiva y el gasto en prestaciones. En cambio, si el gasto público se dirige a crear y financiar empleo, puede impulsar la economía en general, y si se hace desde la Unión Europea, ningún Estado miembro corre el riesgo de quedarse sin recursos. El Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros puesto sobre la mesa por la Comisión Europea para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de Covid-19 implica transferencias directas y préstamos sin incremento de deuda pública a los Estados. Esto indica un viraje político importante en la UE, y expresa la intención de gestionar la salida de esta crisis desde más solidaridad e intervención pública. La Garantía de Empleo podría ser una medida realista dentro de un programa más amplio de medidas para la recuperación económica.

6) El manifiesto enfatiza el papel del Estado en la salida de esta crisis y en condicionar las ayudas públicas al "cumplimiento de estrictas normas medioambientales" y más "democratización en cuanto al gobierno interno de las empresas". ¿Y el compromiso económico y ético del sector privado empresarial?

La pregunta es qué capacidad tienen los diferentes actores y en qué dirección deben actuar en la salida de esta crisis. La de 2008 se saldó con consecuencias devastadoras, y los Estados tuvieron un papel muy activo en su gestión, rescatando con fondos públicos y sin contrapartidas al sector bancario, desregularizando la economía. Los empresarios podrían haber optado por inaplicar reformas que desprotegían a los más vulnerables, pero no lo hicieron. De hecho, parte del sector privado fue responsable de la crisis por prácticas abusivas y mala gestión, y la propia CEOE impulsó la reforma laboral, los recortes y las políticas de austeridad. Por supuesto, existen buenas prácticas de gestión empresarial que deberían promoverse, sobre todo en la economía social, pero no son mayoritarias. Por eso, proponemos actuar desde lo viable, lo lo general y lo efectivo. Los Estados tienen gran capacidad reguladora e inversora, y ésta debería ponerse al servicio de la mayoría. Deberían exigirse a las empresas beneficiarias de las medidas de rescate contrapartidas que beneficien a toda la sociedad, como mejoras sustanciales en términos de democratización y sostenibilidad medioambiental. Por ejemplo, la entrada de capital público en empresas con problemas de solvencia podría ser la ocasión de reactivar sistemas mejorados y más transparentes de participación sindical en consejos de administración, ya establecidos en España durante la reconversión industrial en los Acuerdos de 1986 para empresas públicas de más de 1000 trabajadores, y de 1993 para las empresas del metal del grupo INI-TENEO a partir de los 500 trabajadores. Podemos aprender de experiencias pasadas y aprovechar la oportunidad de mejora que nos ofrece esta crisis.

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