Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos (BVODH) presentarán este lunes una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por una sanción recibida por observar y documentar una redada racista en Madrid. La organización, que denuncia las identificaciones efectuadas por la policía atendiendo sólo a criterios étnicos, recuerda que las multas impuestas por la Delegación del Gobierno fueron anuladas en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Sin embargo, éste no reconoció que sus derechos fundamentales habían sido vulnerados, por lo que ahora han decidido acudir al órgano de Naciones Unidas para denunciar que el Estado español no sólo “castiga y criminaliza la defensa de los derechos humanos”, sino también “las diferentes formas de protesta social” contra las “políticas migratorias criminales”.

Responde a las siguientes preguntas el denunciante, que forma parte de las Brigadas Vecinales y pide ser identificado sólo por su nombre de pila, Christian.

¿Creen que la denuncia ante la Comité de Derechos Humanos de la ONU podrá prosperar o se trata de una acción simbólica?

Intentamos que nuestro caso entre en el ámbito de la vulneración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, en el que el España ya ha sido objeto de pronunciamientos por parte de Naciones Unidas. La admisión a trámite es el principal problema, pero hay un contexto previo, como el caso de Rosalind Williams [una española nacida en Nueva Orleans a la que en 1992 se le exigió la documentación atendiendo a criterios raciales; ella lo denunció y el Comité de Derechos Humanos de la ONU terminó dándole la razón en 2009].

El juez español no se pronunció sobre lo que nosotros consideramos más importante: fuimos denunciados por ser un testigo molesto que puso en la picota las redadas racistas. Y no valoró dos aspectos muy graves: el hecho de que existan redadas racistas y el intento de criminalizar nuestra acción. Con el hostigamiento a los activistas a favor de los derechos humanos, las autoridades tratan de silenciar al testigo.

¿Han descendido las redadas racistas desde que la Policía publicó en 2012 la circular que las prohibía expresamente?

No, simplemente han mutado. En 2008, cuando empezamos, observamos controles de policías de uniforme en medios de transporte. Eran operativos fijos en los que una patrulla identificaba a decenas de personas, algunas de las cuales eran retenidas o llevadas a comisaría. Luego, los dispositivos pasaron a ser móviles, más pequeños y con secretas, para que resultasen menos evidentes. En paralelo, con el objetivo de dar un mensaje ejemplarizante de coartar las formas de organización política, en 2012 los controles empezaron a ser más espectaculares. También se introdujeron los cacheos sistemáticos para generar alarma y transmitir una falsa imagen de seguridad a la ciudadanía.

Ahora estamos asistiendo a un aumento de los operativos, que se acrecientan cuando se acerca un vuelo de deportación. Por una parte, se realizan identificaciones policiales a la antigua usanza, que parecen cacerías, en sitios donde se concentran los inmigrantes, como los locutorios. Otros reciben una carta para que acudan a una comisaría y, una vez allí, son detenidos. Por otra parte, las patrullas que circulan en coche detienen a personas en la calle de una forma más aleatoria. Los arrestados pueden ser objeto de una deportación exprés, lo que provoca que haya gente que desaparezca de la noche a la mañana.

Ustedes subrayan que hay una doble discriminación, pues las redadas tienen lugar en medios de transporte público a primera hora de la mañana o al regreso del curro. Y consideran que es un ataque a los trabajadores.

Efectivamente, porque no hemos visto ninguna durante un catering de la Embajada de Estados Unidos. Las redadas se organizan contra la clase trabajadora, atienden a un criterio étnico y tienen lugar tanto en barrios populares como en medios de transporte, por lo que estamos convencidos de que suponen una doble discriminación.

La represión de la policía y de las autoridades logró en parte su objetivo. Ustedes no fueron condenados en un tribunal, pero el temor de sus miembros a sufrir nuevas sanciones penales o administrativas provocaron que la actividad de las Brigadas se viese reducida a partir de 2013. ¿Han bajado la guardia por miedo a las represalias?

Al contrario, lo que hemos hecho ha sido intensificar el trabajo y destinar más recursos a los aspectos legales. De hecho, la represión ha acrecentado nuestros esfuerzos, lo que ocurre es que estos procesos son muy largos. La situación es la siguiente: hay redadas, los medios nos criminalizan y también nos reprimen burocráticamente. El temor a ser sancionados en el acto no ha cundido entre nosotros, pero las sanciones suponen un trabajo añadido, porque acarrea un mayor trabajo de despacho para defendernos.

En ese sentido, hemos tenido menos fuerza de lo que nos gustaría y ha habido una menor presencia en la calle, pero hemos reforzado nuestra causa en los tribunales. Es muy raro que una demanda por vulneración de los derechos fundamentales llegue a ser admitida, y nosotros lo conseguimos. El siguiente paso es, precisamente, acudir a la ONU.

Por otra parte, las sanciones recibidas hay que vincularlas a la represión ejercida a través de la ley mordaza, que responde a una estrategia de represión de las organizaciones sociales amparándose en una norma administrativa. Se trata de una represión de baja intensidad o burorrepresión.

Han denunciado que algunos cargos del Gobierno efectuaron declaraciones públicamente en las que relacionaban su actividad de denuncia con el fomento de la violencia contra la policía.

No sólo había redadas racistas, sino que efectuaban declaraciones en nuestra contra. Cuando en 2011 las asambleas del 15-M mostraron su rechazo a las redadas y los vecinos de Lavapiés echaron a la policía del barrio, las autoridades aprovecharon para tirar la piedra contra nosotros, pues somos un colectivo molesto. Pero fue algo absurdo, porque esas manifestaciones de desobediencia civil no responden a nuestra forma de actuar. También nos involucraron cuando un policía disparó al aire para detener a un mantero, hasta el punto de que nos intentaron responsabilizar de aquel incidente desde el Congreso.

Obviamente, no éramos responsables de nada y, de hecho, ni llegamos a pronunciarnos al respecto. Sin embargo, los políticos nos vincularon con aquellos hechos. Lo único que está claro es que en 2008 las redadas racistas eran una realidad invisible y, tres años después, muchos ciudadanos las consideraban algo intolerable. Eso supuso un triunfo para nosotros.

Claro. En derecho se llama prueba diabólica, porque yo tengo que demostrar que no he hecho algo [la probatio diabolica es una práctica que consiste en exigir a la defensa una prueba a favor de la no participación del reo en la comisión del delito imputado].

¿Cómo plantearán la denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU? ¿Cuál es su objetivo?

Llevamos este caso ante la ONU porque es una forma de luchar contra la represión y la criminalización de los movimientos sociales, sobre todo desde la aprobación de la ley mordaza durante un contexto de crisis económica. También es una forma de lanzar a la palestra las redadas racistas, que no sólo son ilegales, sino también ilegítimas.

Nosotros demostramos en su día que existían, luego que continuaban y ahora que se han normalizado con el PP. Por ello, queremos que la ONU lance un mensaje al respecto, dirigido tanto al Gobierno como a la sociedad. Porque las prácticas discriminatorias no desaparecen de un día para otro, como decía la exdelegada del Gobierno en Madrid Cristina Cifuentes. Tampoco se puede dar por hecho que los derechos se consiguen de una vez para siempre, porque siempre hay que estar luchando y trabajando para que desaparezcan del todo.

Los derechos humanos no se vulneran mucho o poco: los derechos humanos se violan. ¿Actualmente se están vulnerando? Nosotros hemos evidenciado que sí. Y si hay que ir hasta la ONU para demostrarlo, adelante.