En un limbo. Ningún juzgado, ni español ni italiano confirma tener la denuncia por malos tratos habituales (violencia de género) que la granadina Juana Rivas presentó ante la guardia civil en julio de 2016 y que el juzgado de violencia de la Mujer nº2 de Granada no tramitó por considerar que no tenía competencia ante unos hechos ocurridos en Italia.

Sin embargo, tal como explicó hoy Francisca Granados, directora de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena, esto se debe a un desconocimiento de la ley. El artículo 17 del estatuto de la víctima del delito especifica que "en el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido". Sin embargo, la denuncia de Rivas permaneció durante más de un año en un cajón.

Finalmente, tras numerosas protestas, el ministerio de Justicia afirmó el 3 de agosto del año pasado (más de un año después de haberse presentado) que había enviado a traducir la denuncia y que la remitiría a la justicia italiana, donde se está viendo la causa después de que, Francesco Arcuri, la expareja de Rivas regresara a Cerdeña con sus hijos el pasado mes de septiembre.

Este jueves, en un evento organizado por Colegio de Procuradores de Madrid para debatir sobre "los derechos del menor, la violencia de género y los delitos de odio" y al que habían sido invitadas tanto Juana Rivas como Francisca Granados, han afirmado tener certificados que demuestran que la denuncia nunca llegó a Italia.

Este pasado miércoles, representantes de 71 organizaciones feministas se reunieron con el Defensor del Pueblo, precisamente para trasladarle toda la información sobre le caso y resaltar la incongruencia de que, mientras las denuncias de Rivas "duermen en cajones o en papeleras, las de Francesco Arcuri" sí se han juzgado con extremada premura a pesar de ser posteriores.

Un centenar de organizaciones de la sociedad civil presentaron el pasado 5 de diciembre sendas quejas ante el Defensor del Pueblo y del Consejo General del Poder Judicial, para que se investigaran y sancionaran las irregularidades judiciales del caso de Juana Rivas. Entre ellas destacaban una "falta de diligencia" del juzgado de Violencia sobre la Mujer nº2 de Granada y una inexcusable "ignorancia en el cumplimiento de los deberes judiciales", precisamente por no dar curso a la denuncia de Rivas. La "omisión de esta obligación ha generado una clara situación de indefensión para Rivas y para sus hijos, que ha marcado todo el devenir del proceso posterior en el que se halla inmersa", afirman las quejas.

Para Granados, no se trata de hacer cada vez más leyes. "Aunque hay margen para la mejora, tenemos algunas de las leyes más avanzadas del mundo en materia de violencia de género". El problema, insistió en el evento del Colegio de Procuradores de Madrid, "es la inaplicación de la ley vigente y el desconocimiento que de algunas de las reformas realizadas en 2015, que han sido poco publicitadas" pero que contienen aspectos muy importantes "en el ámbito de la violencia de género".

Entre ellas, citó el artículo 17 del Estatuto de la Victima del Delito; el hecho de que las leyes reconocen como víctimas de violencia de género a los hijas e hijos que conviven en una familia en la que ocurre esta violencia; o el desconocimiento del articulo 13.b del Convenio de la Haya, que afirma que la autoridad judicial no está obligada a ordenar la restitución del menor "si existe un grave riesgo de que ésta lo exponga a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera..."

El problema, afirma Granados en su presentación, es que a Rivas y a sus hijos, ni los jueces ni la fiscalía los han reconocido como víctimas de violencia de género. De hecho, el escrito del fiscal no menciona en ningún momento el hecho de que tanto ella como sus dos hijos menores tienen reconocida esta condición, ni nombra que Arcuri ya había sido condenado en 2009 por violencia de género. En en escrito, el fiscal pide para Rivas cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y otros seis de inhabilitación de la patria potestad.  

No fueron las únicas ponentes. En la mesa de debate estaba también Ángeles Álvarez, portavoz de igualdad del grupo parlamentario Socialista e impulsora del pacto de Estado contra la violencia de género. Poco antes habían intervenido los tres primeros delegados del Gobierno en materia de violencia de género. Todos en su intervención aludieron a la necesidad de formación de los actores judiciales contra esta violencia, aspecto clave de la ley de violencia de género de 2004 que no ha sido desarrollada en todo su potencial.

Para Granados, la inaplicación por parte de la justicia de la normativa nacional e internacional en este caso ha generado una gravísima desproteccíon de Juana Rivas y de sus hijos,que ha condicionado todo el desarrollo de todos los procesos posteriores.

Una de las paradojas de este caso, tal como han reconocido muchos de los expertos presentes en las jornadas, ha sido la falta de reconocimiento por parte de la justicia del hecho de que Rivas y sus hijos menores son víctimas de violencia de género y que tendrían que haber sido protegidos por encima de cualquier otra consideración. Este hecho abre un debate sobre lo que significa "el interés superior del menor" en la legislación. "La familia no está por encima de todo", afirmó Blanca Hernández, delegada del Gobierno para la violencia de género entre el 2011 y el 2016. "Por encima de todo están los niños y las niñas", añadió. 

¿Qué sintieron?

Ángeles Álvarez inició su participación en las jornadas con una reflexión. "Recientemente hemos visto en las noticias que un padre había secuestrado a sus hijos, que no los había devuelto. ¿Qué sintieron? ¿Cuál fue la reacción? La policía estuvo preocupada por encontrar a esos niños e intentar hallar su paradero. Y ¿Qué pensaron cuando Juana Rivas 'desapareció' con sus hijos? ¿Sintieron temor por su seguridad? La policía no tuvo inquietud por lo que le podía llegar a pasar a los menores. Esto pone en evidencia que la sociedad tenía claro lo que Rivas hacía y por qué lo hacía".