Desahucios: Jordi, la última víctima de los desahucios

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Edificio en Cornellà de Llobregat en el que perdió la vida Jordi cuando iba a ser desahuciado. EFE/Quique García

Los desahucios se han cobrado este jueves otra víctima más en España. Jordi Rodríguez tenía 45 años cuando una comitiva judicial, acompañada por los Mossos d'Esquadra, acudió a su casa, ubicada en Cornellà de Llobregat, para desahuciarle. No les dio tiempo: Jordi se quitó la vida precipitándose desde su habitación en el décimo piso.

Este vecino del barrio de Sant Ildefons, que vivía con su mujer, recibió en enero de 2018 una notificación de la demanda interpuesta por el propietario de la vivienda, el Banco Popular. Posteriormente, el pasado 13 de marzo, la comisión judicial se personó en el domicilio para ejecutar el lanzamiento, que quedó anulado hasta el 22 de marzo.

Un día antes, el 21 de marzo, Jordi fue al Ayuntamiento del municipio barcelonés para pedir ayuda a los servicios sociales. "Evidentemente, se le atendió y se hizo un informe de urgencia social para pedir un aplazamiento del desahucio, dentro del poco margen de maniobra que tenemos los ayuntamientos, con la intención de realizar un trabajo social con la familia", señala a Público la teniente de alcalde de Educación y Política Social del Consistorio de Cornellà de Llobregat, Montse Pérez.

El Ayuntamiento empezó a trabajar con ellos para buscar un "solución inmediata de emergencia habitacional" y, en pararelo, comenzó a valorar su situación para que pasaran a formar parte "lo antes posible de la bolsa de vivienda social", que son los pisos ofrecidos, en este caso, por la Generalitat de Catalunya, para las familias demandantes con problemas económicos.

El 31 de mayo, Jordi y su mujer recibieron una segunda notificación de desalojo. El Consistorio emitió de nuevo un segundo informe para solicitar otro aplazamiento, aunque esta vez, sin éxito. Así las cosas, tras un juicio verbal por impago de alquiler, "el 7 de junio nos responden que no nos conceden nuestra petición y, desgraciadamente, el desahucio se produjo ayer [por este jueves]", recuerda la regidora local.

En realidad, el lanzamiento no llegó a producirse. La mujer de Jordi, desesperada, abrió la puerta cuando su pareja se había lanzado por la ventana. Nada se podía hacer. "Finalmente no ejecutaron el desahucio por sentido común", relata a Público Monste Pérez citando a fuentes de la comitiva judicial.

La vivienda que Jordi dejó sin pagar 14 mensualidades fue recientemente adquirida por el fondo buitre Blackstone, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en un comunicado. "No hay ninguna diferencia entre Santander, Banco Popular o Blasckstone cuando el resultado es el mismo", critica Pérez.

Sobre si sopesa emprender acciones contra la entidad, la teniente de alcalde asegura que están estudiando las medidas posibles. No obstante, "la prioridad absoluta es tender la mano a la pareja del joven y hacer todo lo que esté en nuestra manos".

17.000 suicidios en menos de diez años

Tras la concentración convocada este viernes para lamentar la muerte del vecino de Cornellá, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del municipio, Víctor González, ha relatado a los medios de comunicación que desde la organización no tenían constancia de la situación de la pareja.

Si bien, el coordinador de la PAH Madrid, Luis Chamarro, ha reconocido a Público que la personación de la comisión judicial —acompañada de la Policía— para llevar a cabo el procedimiento puede agravar la situación de la víctima de desahucio. "Estos actos lo llamamos 'actos de terror'".

En Madrid capital, según datos ofrecidos, la Policía Municipal escolta a la comisión judicial 17 veces diarias, de lunes a viernes, en los últimos cinco años. "Con anterioridad era mayor todavía", recuerda.

Señala que 17.000 personas se han suicidado por causas económicas entre 2007 y 2016. Estos hechos, recuerda, están enmarcados dentro de lo que se conoce como "terrorismo financiero".

Asimismo, "desde el conocimiento que hemos tenido por parte de profesionales involucrados en los procesos administrativos, se estima que la mitad de los suicidios oficiales tienen causas económicas, que derivan de la pérdida del control y la decisión de quitarse la vida", subraya Chamarro.

Pero el coordinador de PAH Madrid avisa: "No todos los suicidios están recogidos en estas cifras publicadas, por eso, decimos que es una cifra prudente, pues hay más suicidios".