Con fecha de 29 de mayo de 2025, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha registrado el último borrador de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). El texto detalla castigos que pueden alcanzar 100.00 euros por protestar sin autorización, una medida que podría ahondar aún más en la asfixia y la infrafinanciación que arrastran desde hace más de una década las universidades madrileñas.

El capítulo II del borrador de la LESUC, bajo el título "Régimen sancionador", ha sido adelantado este miércoles por El País. Público también ha tenido acceso al documento completo. Este apartado recoge en su artículo 89, de forma abstracta, el cuadro de infracciones que clasifica las conductas en "muy graves", "graves" y "leves".

Entre las infracciones "muy graves", con multas de entre 100.000 y un millón de euros, se incluyen acciones −o la omisión de ellas− que "no garanticen la pluralidad y la libertad en el campus", afectando especialmente a la libertad de expresión y de cátedra. También se sancionan los escraches o manifestaciones sin autorización que impidan el desarrollo de otras actividades, consideradas infracciones "graves" y sancionables con hasta 100.000 euros. Incluso colgar una pancarta sin permiso podría suponer una falta "leve" y costar hasta 15.000 euros.

Para Esteban Álvarez, portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid, el nuevo borrador de la Ley de Universidades de Ayuso es "desordenado e incompleto". En declaraciones a Público, Álvarez critica que el texto, aunque más extenso que las versiones filtradas anteriormente, "sigue estando incompleto" y "vulnera la autonomía universitaria reconocida por la Constitución y por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)".

Esteban Álvarez: "El nuevo borrador de la ley de universidades está desordenado e incompleto, y vulnera la autonomía universitaria"

El socialista considera que la ley madrileña "es profundamente reaccionaria, pues busca restringir la libertad de expresión y recortar derechos y deberes". "Ya existe una ley estatal que regula la convivencia universitaria y todo esto está previsto en ella", recuerda Álvarez, refiriéndose a la normativa de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas. "Es una ley que bordea la legalidad en muchos aspectos y la vulnera en otros. Deja ver el sesgo ideológico reaccionario del Gobierno regional", zanja.

Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido el nuevo borrador de la Ley de Universidades. "No solo no atenta contra la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, sino que las garantiza", ha subrayado este miércoles el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, tras la publicación de la normativa.

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Desde Educación han argumentado que el régimen sancionador propuesto "otorga a las universidades herramientas para ejercer su autonomía y garantizar los derechos fundamentales, porque la autonomía universitaria también implica estar protegida por la ley". Viciana ha insistido en que la norma madrileña "no contraviene ninguna ley estatal" y que está alineada con la Ley de Convivencia Universitaria aprobada por el Gobierno central en 2022.

El texto, según el consejero, blinda la libertad de expresión, reunión, asociación, participación y cátedra, y protege el ejercicio de los derechos fundamentales en los campus. Viciana ha detallado que las infracciones más graves "solo se aplicarían en casos como la apertura de centros no autorizados, publicidad engañosa o adjudicación irregular de plazas públicas". Además, ha añadido, "se contemplan sanciones contra la censura, la discriminación por motivos de raza, sexo, religión o cualquier otra vulneración de derechos".