El infierno de las empleadas del hogar víctimas de abusos sexuales: "El señor me dijo que si quería el trabajo debía acostarme con él"

Heydy tiene veintidós años, ojos manga y una deuda de 2.800 euros. En Nicaragua era una universitaria aplicada; en Madrid limpia casas, cuida de ancianos, le envía remesas a su familia y se calla muchas cosas. Entre ellas, lo del anuncio: buscaban a una “chica joven, atenta, responsable y cariñosa” para cuidar a un bebé. Cuando llegó a la vivienda, el padre del niño le impuso otra condición para obtener el empleo: “Me miró de arriba abajo y me dijo que también debía acostarme con él, porque necesitaba desahogarse”, recuerda.

Heydy recaló en Madrid acompañada de una prima y una tía. Trabaja como interna en una ciudad al norte de la capital y sólo las ve el sábado por la tarde y el domingo, cuando libra. Comparten piso en Usera, en el extremo opuesto del mapa. Aunque se siente arropada por ellas, no hay día que no se acuerde de los suyos. “Los primeros meses fueron horribles. Cada noche, escuchaba a mi madre en sueños”, rememora con los ojos empañados. Al menos, tiene el sostén anímico de dos familiares. Otras compañeras se ven abocadas a una reclusión férrea, ajenas al mundo exterior.

“No se suele aplicar, pero las mujeres no pueden depender del buenismo del policía de turno”, explica Naredo, investigadora principal del informe Violadas y Expulsadas, cuyas conclusiones son contundentes: no hay una política pública estatal para hacer frente a estas agresiones; su situación administrativa irregular fuerza a muchas mujeres a no frenar los abusos; la desprotección favorece que los agresores las elijan como víctimas para cometer el delito con impunidad; y la discriminación llega al punto de que, si un condenado se declarase insolvente, el Estado le negaría a la afectada una indemnización por los daños sufridos.

Con el objetivo de evitar estas situaciones, el informe Violadas y Expulsadas recomienda reformar la Ley de Extranjería, de modo que se garantice la protección de las empleadas domésticas sin papeles, como ya ocurre con las víctimas de trata y de violencia de género en el ámbito de la pareja. “Ahora mismo, una mujer violada por un desconocido estaría en un limbo legal”, asegura la autora de la investigación, que también exige la aprobación de un plan de acción estatal contra la violencia sexual, la posibilidad de que las víctimas reciban ayudas y el acceso libre a la sanidad pública, lo que implica la exploración y recogida de muestras sin denuncia previa.

FEMENINO PLURAL