La escuela ante la crisis de la vivienda: cómo detectar, actuar y acompañar alumnos en riesgo de desahucio

La crisis de vivienda hace tiempo que ha entrado en las aulas de las escuelas catalanas. Catalunya es la comunidad autónoma con más desahucios de todo el Estado: se produce uno de cada cuatro, y siete de cada diez son de familias con menores a cargo. Ante esta situación, docentes de todo el territorio decidieron organizarse para defender el derecho a la vivienda desde las aulas a través del colectivo Docents 080, que ahora ha elaborado junto con el Observatori DESCA, una guía para orientar a los centros educativos ante situaciones de desahucio que afectan a niños y adolescentes o que viven en infraviviendas.

El documento, que se ha presentado este jueves, no se limita a ofrecer recomendaciones, sino que se presenta como un llamamiento a la acción para que la comunidad educativa asuma un papel activo en la defensa de los derechos de los niños. En este marco, la guía sitúa el derecho a la vivienda como un derecho fundamental vinculado con el derecho a la educación. Según indica el documento, cuando una familia se encuentra una situación de inestabilidad residencial —ya sea por desahucios, alojamientos temporales o situaciones de precariedad— el impacto sobre los menores es mayor.

Las dificultades para mantener rutinas, el estrés emocional o los cambios constantes de entorno pueden afectar el rendimiento académico, la salud emocional y la continuidad educativa. Según otro informe elaborado por Observatori DESCA y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), si en general el 3,8% de los niños sufren problemas de salud, en el caso de los niños de familias que tienen que hacer frente a un desahucio el porcentaje se dispara y es casi cinco veces superior, llegando al 15,2%. Por ello, el documento defiende que los centros educativos deben incorporar esta realidad a su mirada pedagógica y social.

La guía ofrece un protocolo de actuación que comienza con la detección de posibles situaciones de inseguridad residencial. Una situación que a menudo el profesorado o los equipos educativos pueden identificar través de cambios en el comportamiento del alumnado, ausencias reiteradas, dificultades para concentrarse o comentarios relacionados con problemas familiares. Según el documento, la detección precoz es fundamental para poder intervenir de manera adecuada y evitar que la situación se deteriore aún más.

Una vez detectada la situación de riesgo, el documento propone una fase de valoración inicial. En ese momento, el centro debe analizar la información disponible, hablar con la familia si es posible y activar los mecanismos internos de apoyo. Esta valoración permite determinar el grado de urgencia del caso y decidir qué actuaciones hay que iniciar. El objetivo no es sólo obtener información, sino garantizar que la respuesta educativa sea sensible, respetuosa y coordinada.

La guía también hace hincapié en las actuaciones educativas que pueden llevar a cabo los centros. Estas acciones pueden incluir medidas de acompañamiento emocional al alumnado, adaptaciones temporales en el ámbito escolar, apoyo en la gestión administrativa o la mediación con servicios sociales.

Otro elemento clave del protocolo es el seguimiento de los casos detectados. Según el documento, la intervención no acaba con la detección inicial; hay que mantener un contacto continuo con la familia y con los servicios implicados para asegurar que la situación evoluciona favorablemente. El seguimiento permite también evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y ajustarlas si es necesario. Finalmente, cuando la situación se resuelve o se estabiliza, se procede al cierre del caso, siempre garantizando que el alumnado continúa recibiendo el apoyo necesario.

Además de las actuaciones individuales, la guía defiende la importancia del trabajo en red. Para ello propone establecer colaboraciones con diferentes agentes: servicios sociales, administraciones públicas, entidades del tercer sector, plataformas por el derecho a la vivienda y otras instituciones comunitarias. Este trabajo coordinado permite compartir información, recursos y estrategias para dar una respuesta más efectiva a cada caso.

Dentro del propio centro educativo, la guía recomienda crear una red interna de coordinación entre docentes, equipos directivos, orientadores y otros profesionales educativos. Según el documento, esta coordinación facilita que la información circule correctamente y que las decisiones se tomen de manera consensuada. Al mismo tiempo, evita que la responsabilidad recaiga solo en una persona y promueve una respuesta colectiva de la institución.

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Finalmente, la guía, además de ofrecer recursos prácticos, herramientas y referencias para facilitar la implementación del protocolo como infografías o un glosario de conceptos relacionados con la vivienda, también insta a los centros a mantener un posicionamiento claro ante la problemática de la vivienda. Reclama promover actividades de sensibilización, incorporar esta temática en proyectos educativos y fomentar una cultura de defensa de los derechos humanos dentro de la comunidad escolar.

Más implicación y profesionales

Lejos de quitar responsabilidad de las administraciones, las dos entidades responsables de la guía reclaman una reunión urgente con el Departament d'Educació y el Consorcio de Educación para reclamar los recursos socioeducativos necesarios para hacer frente a este tipo de situaciones, así como educadoras sociales, profesionales de integración social y psicólogos.

Durante el acto de presentación  se ha anunciado una jornada formativa abierta a los equipos educativos de Catalunya el próximo 9 de mayo, con el objetivo de compartir experiencias, recursos y estrategias de trabajo en red entre escuelas, familias, entidades y servicios sociales.