MADRID. -España ha firmado gran parte de los tratados y convenios internacionales referentes a derechos humanos, pero ¿Está cumpliendo realmente con sus obligaciones y compromisos? Esto es lo que pretende averiguar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que este miércoles somete a España al Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación por la que deben pasar todos los Estados miembros para rendir cuentas sobre esta materia cada cuatro años.

Durante aproximadamente tres horas y media, España deberá contestar en Ginebra a las preguntas de los otros 191 países miembros, que elaboran su interrogatorio a partir de la información proporcionada por los informes del propio Gobierno español, las instituciones y organismos de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales. En un informe que no se hará público hasta el viernes, cada país expondrá sus recomendaciones, que España es libre de aceptar o no.

Aunque la mayoría de las preguntas que los diferentes países harán a España todavía se desconocen, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha hecho públicas las cuestiones del interrogatorio que algunos de los Estados ya han dirigido por adelantado.

Las preguntas versarán sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, inmigración o violencia de género

Llama la atención el interés sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como la ‘ley Mordaza’, que es puesta en entredicho, por ejemplo, por República Checa, Noruega, Suecia y Reino Unido. Este último país, en concreto, elabora la siguiente pregunta: “Por favor, podría decirnos cómo va a asegurarse el Gobierno de España de que la nueva ley de seguridad pública no se utiliza para evitar o limitar seriamente las protestas públicas legítimas, incluso con las restricciones a los lugares donde pueden celebrarse manifestaciones y las multas por infracciones menores?"

Otra pregunta frecuente, al menos entre los países que las han adelantado (siete hasta el momento) se refiere a cuestiones de violencia de género o inmigración, enfocado sobre todo a la implementación del Real Decreto Ley 16/2012 que limita la asistencia sanitaria a los extranjeros.

“¿Las autoridades aseguran que todas las denuncias de tortura u otros malos tratos por parte de detenidos o de inmigrantes ilegales están sujetas a una investigación imparcial y que los migrantes en situación irregular tienen acceso a servicios de salud bajo la ley española?”, pregunta Holanda.

Según los documentos publicados por la Oficina del Alto Comisionado, también habrá preguntas a la limitación del Gobierno a la Justicia Universal, por el que muchos crímenes internacionales ya no podrán ser perseguidos desde instancias españolas.

Muchas de estas preguntas caminan en la línea de los reclamos de las organizaciones de derechos humanos en nuestro país, que con motivo del Examen Periódico Universal denuncian vulneraciones reiteradas, sobre todo en materia de inmigración, sanidad, torturas y desapariciones, libertad de expresión y reunión o en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

“España debe cambiar el rumbo de muchas de sus políticas si quiere aprobar este tipo de evaluaciones sobre la situación de los derechos humanos”, asegura Ignacio Jovtis, portavoz de Amnistía Internacional que ha acudido a Ginebra y estará presente durante el interrogatorio.

Es la segunda vez que España se somete al examen. En 2010, aceptó 98 de las 120 recomendaciones.

Además de Amnistía, otras organizaciones de derechos humanos como Médicos del Mundo, Center for Economic and Social Rights y la Red Acoge ponen el acento en la merma de derechos que ha supuesto la aprobación de la reforma sanitaria y “la imposición” de otras políticas de austeridad que, aseguran “ha puesto en riesgo la vida de los sectores más vulnerables”, sobre todos los de la infancia.

Eslovenia, por ejemplo, se hace eco de estas cuestiones y preguntará a España sobre qué servicios básicos de salud siguen disponibles de forma gratuita para los niños son cobertura médica y si existe garantía de que los niños migrantes en situación irregular serán atendidos en la sanidad básica gratuita.

Recomendaciones incumplidas

Esta es la segunda vez que España se somete al Examen Periódico Universal. La primera lo hizo en 2010, cuando aceptó 98 de las 128 recomendaciones formuladas por otros Estados, aunque Amnistía denuncia que algunas no se han aplicado.

En aquella ocasión, 17 países hicieron recomendaciones a España en relación a la tortura y otros malos tratos, 8 pusieron el foco en la violencia contra las mujeres y hubo 25 recomendaciones relativas al racismo y la discriminación de las personas migrantes. Amnistía denuncia que España, pese a haber aceptado casi todas de ellas, sigue en muchos casos sin cumplirlas o sin implementar medidas para mejorar la situación.