Los problemas de salud mental han ganado cierta visibilidad desde hace pocos años. Pareciera que nos es más fácil comunicar nuestro malestar, así como pedir ayuda. Sin embargo, aunque constante, el avance es lento. El estigma y los prejuicios todavía pesan en una sociedad donde hace no tanto se tachaba de "locura" a la angustia, la ansiedad, la depresión, por no hablar de otros trastornos.

Tal es así que hasta un 11% de las personas con problemas de salud mental asegura no haber contado su diagnóstico a nadie, según puso de manifiesto el estudio La situación de la salud mental en España, publicado por la Confederación Salud Mental España.

Unos datos que se magnifican si se trasladan al entorno laboral, donde pone el foco el último informe de la organización Sobre el estado de los derechos humanos en salud mental 2022. Cabe recordar que, según los últimos datos del INE, la discapacidad psicosocial es la segunda con menor tasa de empleo, mientras que de las personas con este tipo de afecciones solo un 17,7% tiene trabajo. 

En este sentido, los especialistas encargados de elaborar el documento insisten en la necesidad de visibilizar, denunciar y poner solución a todas las carencias que tiene el mercado laboral y que impiden una inclusión social real de las personas con problemas de salud mental.

Asimismo, señalan que "el estigma y los prejuicios que mantienen muchas empresas y Administraciones públicas constituyen dos de las principales causas de la elevada tasa de desempleo y unos de los mayores obstáculos a los que se enfrentan estas personas, prácticamente imposibles de sortear".

El miedo a ser etiquetadas hace que las personas con algún trastorno mental "eviten revelar su problema en una entrevista de trabajo y solo un 12,9% de las que tienen un diagnóstico lo comparte con sus compañeros y compañeras".

Una desconfianza más que justificada, ya que, como apunta la confederación, "más de la mitad de las personas diagnosticadas ha sufrido rechazo social (58,5%), siendo el trabajo el lugar más habitual, señalado en alrededor de uno de cada tres casos de discriminación".

Sobre el derecho a ser incluido en la comunidad

Bajo el sistema socioeconómico actual, tener un trabajo y un salario digno juegan un papel básico en los procesos de integración social. Guste o no, son dos factores muy unidos al derecho de las personas a participar y vivir en la comunidad de manera independiente, a falta de condiciones materiales que garanticen el derecho a existir sin estar subordinados a un salario.

"Sin embargo, y pese al desarrollo a nivel internacional de instrumentos de protección, el colectivo de personas con problemas de salud mental sigue teniendo algunas de las tasas más bajas de empleo, con las consecuencias que esto tiene de empobrecimiento, falta de independencia o empeoramiento del trastorno mental", lamenta Nel González Zapico, presidente de la confederación.

Que la persona se sienta útil y parte activa de la vida social "permite que su evolución mejore y se vea, además, como ciudadana de pleno derecho". La inclusión, no obstante, todavía queda lejos.

Por ello, desde la Confederación se apela a la urgencia de mejorar, reforzar e impulsar medidas para que todo el mundo, tenga o no problemas de salud mental, pueda trabajar, y esto pasa por promover una cultura del trabajo que favorezca el bienestar emocional, la formación y concienciación de todas las partes de las empresas".

A este respecto, la adaptación del puesto de trabajo, el establecimiento de cuotas de reserva de empleo pueden ser los primeros pasos para caminar hacia una convivencia plena. 

También destaca la importancia que tiene para las personas con discapacidad psicosocial la figura de la asistencia personal, ya no solo porque se trata de un servicio de apoyo que facilita su autonomía, sino también por favorecer su progreso vital. Es más, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad explica que la asistencia personal está resultando una experiencia "muy enriquecedora y beneficiosa".

El ambiente laboral como fuente de malestar

El informe reivindica también que las empresas efectúen un replanteamiento de su funcionamiento, "desde el momento en el que el ámbito laboral se perfila como una de las principales fuentes de origen de problemas de salud mental".

Según una investigación académica, publicada por la Universidad Pontificia Comillas y la Universidad Carlos III de Madrid, los trastornos mentales son la segunda causa más habitual (15%) de baja laboral grave —las que llegan a 12 meses—, solo por detrás de los problemas musculoesqueléticos.

De lo que se debiera inferir que cuando se sobrepasa el nivel de exigencia más de lo razonable, llega un punto en que ya no es rentable ni para la persona trabajadora, que sufre, ni para la empresa, que no obtiene rendimiento porque sus empleados se sienten exprimidos. Así, la investigación concluye que asegurar unas condiciones de empleo adecuadas podría reducir un 60% los casos de mala salud mental de las trabajadoras y un 80% los casos de los trabajadores.