Fallos en el tejido municipal de protección a las víctimas de LGTBIfobia provocan su desamparo: "Estoy perdido y nervioso"

Albert (nombre ficticio) lleva desde 2020 sufriendo LGTBIfobia en su barrio en Badalona. Lo primero fue un comentario hacia sus hijos: "¡Qué pena tener un padre como este!", le dijeron. Pero luego la violencia verbal fue a más. Había insultos continuados, semana tras semana, cada vez que él bajaba a sus mascotas al parque más cercano a su casa. "La persona que me insultaba constantemente a grito de 'mariconazo' mandó a otra persona a amenazarme. Me dijo que me iba a matar a puñetazos por ser maricón", recuerda Albert en conversación con Público. Ahí puso la primera denuncia, era junio de 2023.

Albert acudió a los Mossos para denunciar lo que había ocurrido y se hizo un juicio rápido para establecer medidas cautelares porque los comentarios de sus agresores y las amenazas se percibieron como un posible delito de odio. Como medida de precaución se interpuso una orden de alejamiento de 50 metros que permitía a Albert "ir con sus perros al parque o salir de casa sin recibir insultos". 

Sin embargo, la ola de violencia no paró ahí. El 14 de agosto, Albert recibió una cuchillada por detrás al grito de 'mariconazo de mierda'. Pasó en su mismo barrio al salir a hacer la compra. Nadie logró ver la cara del agresor. "No me robaron nada, simplemente me apuñalaron y me insultaron", explica Albert. También lo denunció, pero los Mossos no consiguieron dar con el agresor. Él cree "al 99%" que esa agresión tiene que estar relacionada con la situación anterior.

A finales de agosto, las personas que solían insultarle empezaron a grabarle con el móvil generando un clima de señalamiento incesante. Albert tuvo que recopilar todo lo sucedido en una tercera denuncia para que su caso fuera atendido por la Audiencia Provincial de Barcelona. Esta última denuncia fue enviada a los juzgados con todo su historial.

"La fiscal solicitó que fuera un juicio penal por discriminación, odio y amenazas. Me tomó el juez declaración y aceptó que fuera un juicio penal por la Audiencia Provincial de Barcelona; ahora estoy esperando ese proceso pero la Fiscalía no se ha puesto aún en contacto conmigo", explica Albert. Los casos judiciales de LGTBIfobia son atendidos por la Fiscalía para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación con un delegado en cada provincia del Estado. 

Falta de servicios especializados

Además del proceso judicial, la ley catalana contra los delitos de odio y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia prevé que cada departamento de la Generalitat deba tener un servicio de atención integral (SAI) a víctimas de LGTBIfobia, con personal especializado y seguimiento constante de los casos. Con este servicio se pretende dotar a las víctimas de acompañamiento jurídico y psicosocial que garantice su recuperación "con el fin de dar respuestas adecuadas, ágiles, próximas y coordinadas a las necesidades de estas personas".

Pero, a pesar de lo que dice la ley desde 2014, Badalona no ha abierto su SAI hasta diciembre de 2023. Albert lo achaca a la mediatización de lo que le ocurrió, además del reclamo de las entidades LGTBI+ del municipio. "A mí me hicieron verdadero caso cuando salí en la prensa. Si no, no hacen nada. A pesar de que los Mossos me dijeron que mi caso era el más grave que había habido en Badalona", recuerda Albert. Sin SAI, sólo podía acudir a las entidades especializadas como el Observatori contra l'LGTBIfóbia.

"Que no haya un sitio donde poder tratar la situación genera sentimiento de desamparo a las víctimas. Puedo imaginar la frustración de que no te atiendan en tu propio municipio. La apertura del SAI es importante a nivel de la Generalitat pero también las políticas municipales y las entidades que trabajamos en esto a pie de calle, hay que dotarlas de recursos", explica Cristian Carrer, coordinador técnico del Observatori contra l'LGTBIfóbia.

"La buena práctica está en Barcelona, por ejemplo, donde hay un protocolo para abordar las situaciones de LGTBIfobia que -dentro de las limitaciones-, interviene el Centro LGTBI de Barcelona, la Oficina para la no discriminación que forma parte del Ajuntament de Barcelona y el Observatori contra la LGTBIfobia", explica Carrer. Este entramado institucional está intercomunicado y favorece el acompañamiento a la víctima y evitar la revictimización.

"Nos compartimos el caso y depende de la casuística compartimos los recursos. Por ejemplo, la parte jurídica la lleva el Centro LGTBI pero el acompañamiento psicosocial lo hace el Observatori", explica Carrer. La diferencia entre municipios como Barcelona y Badalona en atención a las víctimas es clave a la hora de valorar el resultado del respaldo institucional. En Barcelona existen más recursos especializados y más coordinación institucional.

En el caso de Albert, la espera por el juicio y la falta de seguimiento psicosocial lo ha dejado en una situación de tensión y miedo. "Vivimos con mucha incertidumbre. Siempre tengo que buscar a alguien que me acompañe para salir. Estaba estudiando y he tenido que dejar los estudios. Vivo pendiente de esto y del juicio", explica.

Las consecuencias para la salud mental 

Este desamparo ha conducido a Albert a una gran vulnerabilidad psicológica. "Estoy perdido y nervioso. No sé a quién acudir ni a pedir ayuda. No estoy bien", explica. Albert no tiene suficientes medios para pagarse la atención psicológica por la privada y en la pública ha tenido "muy pocas visitas".

"El psiquiatra me subió la medicación en agosto, me empezó a dar visitas cada mes pero en noviembre cogió la baja y entonces no tengo seguimiento ninguno", puntualiza. Ahora tiene otra cita a finales de mes con un nuevo psiquiatra, su miedo es si tendrá que "contarle todo desde el principio".

"No tengo ganas de hacer nada, no me apetece hacer planes. Antes me iba a pasear a tomar un café y todo eso se me ha quitado. Me cuesta mucho concentrarme incluso en ver una serie. Tengo muchas pesadillas. Psicológicamente nunca pensé que me iba a afectar tanto esto", continúa Albert mientras recuerda la privación a la que le sometieron sus agresores. Su situación le impide salir a la calle con normalidad donde tiene miedo a que vuelva a pasarle algo a él o "a los suyos".

A partir de diciembre, con el acompañamiento del SAI, hubo otras peticiones de ayuda psicológica. "Enviamos una solicitud a la Generalitat para que el Colegio de Psicólogos me llevara el caso pero hasta la fecha no tengo más respuesta. Ahora mismo de atención especializada solo tengo el SAI", explica Albert, cuyo acompañamiento se materializa en una única trabajadora.

Infradenuncia y desigualdad territorial

En muchos casos de agresiones lgtbifóbicas como estas las víctimas tardan en denunciar o no denuncian. Existe un problema de infradenuncia detectado por el informe de diagnóstico sobre el estado de la LGTBIfobia en Calaunya que ha elaborado el Grupo de Trabajo contra la LGTBIfobia del Parlament catalán y al que ha tenido acceso este medio. El análisis, que ha sido estudiado para la futura modificación de la ley catalana contra la LGTBIfobia, recomienda tomar la iniciativa en campañas de prevención y motivación de la denuncia para que las víctimas se sientan respaldadas.

Ante esto también se hace mención a la confianza en las instituciones por parte de las víctimas de las agresiones de LGTBIfobia. "Cuando te pasa una agresión lo mejor para una persona es que vea que distintos estamentos la acompañan, para eso sirven tanto las ONGs como las administraciones. Por eso, lo importante es que existan esos recursos especializados", explica el técnico del Observatori y psicólogo, Cristian Carrer.

El Grupo de Trabajo sobre el colectivo LGTBI en el Parlament de Catalunya apuntó también en dicho informe a la desigualdad territorial a la hora de atender las necesidades del colectivo. Se recomendó establecer la "equidad territorial" para los servicios de atención integral para garantizar el acceso a todas las personas LGTBI "vivan donde vivan". Asimismo el grupo de trabajo recomendó en torno a la Justicia garantizar "la equidad territorial y los recursos de la Fiscalía en las 4 provincias del territorio".

Asimismo, el grupo menciona, como una necesidad a tener en cuenta, los procesos de reparación fuera del ámbito de las denuncias: "Indagar y detectar estrategias de reparación de la dignidad de las personas afectadas que no pasan por recorrer un itinerario oficial de denuncia y legitimarla como proceso de recuperación. Esto afectaría a la infradenuncia (en estadísticas oficiales) pero se encamina a tener en cuenta otros procesos de recuperación y/o restaurativos del bienestar psicosocial de la persona".

El Observatori contra l'LGTBIfóbia registró en 2023 un total de 302 incidencias LGTBIfóbicas en Catalunya, cifra que supone un aumento del 27,4% respecto al año 2022 (237) y del 6,3% respecto al año 2021 (284). Las cifras muestran una realidad a la que pretende dar respuesta la reforma de la ley catalana contra la LGTBIfobia, a cuyo borrador ha tenido acceso Público y que previsiblemente será aprobado este abril.

Uno de los objetivos de esta modificación es dotar de más amparo por parte de las instituciones a las víctimas y favorecer el seguimiento de los casos con servicios especializados. "Nosotros hemos trabajado para incorporar esa visión de seguimiento en la modificación de la ley", concluye Carrer.

Una petición que las entidades estatales llevan al futuro Pacto de Estado contra los delitos de odio al que se ha comprometido el Gobierno y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Un acuerdo que desde las organizaciones reclaman tenga en cuenta el impacto individual y colectivo de la LGTBIfobia sobre las víctimas.