La Fiscalía se compromete a garantizar la "reparación" de los afectados por las muertes en las residencias

La Fiscalía General del Estado mantiene abierto el foco sobre las muertes en las residencias durante la pandemia de covid-19. En su Memoria de 2024, el Ministerio Público recuerda que desde marzo de 2020 activó un seguimiento específico de los fallecimientos en estos centros, recogiendo denuncias, querellas, autos de archivo y diligencias de investigación en todo el territorio y apunta que desde entonces la institución es consciente de "la incuestionable vulnerabilidad del colectivo de las personas mayores" y de la necesidad de garantizar que las familias de las víctimas fueran escuchadas en los procesos judiciales.

La evolución de los procedimientos judiciales sobre esta cuestión refleja ahora una tendencia a la baja. A finales de 2023 había 89 casos en tramitación y un año después, la cifra se ha reducido a 59. También disminuyó la actividad de recursos: en 2024 fueron ocho, frente a los 18 del ejercicio anterior. La Fiscalía atribuye este descenso al cierre natural de investigaciones y al hecho de que los juzgados han interiorizado la necesidad de dar voz a los familiares, algo que en los primeros meses de la pandemia no siempre ocurrió.

Pese a la disminución de casos, la Fiscalía destaca que su labor sigue centrada en la protección de las personas vulnerables. El informe subraya que la institución ha mantenido una “actuación diligente” destinada a garantizar la "reparación y resarcimiento de los perjudicados", cumpliendo los principios que rigen su actuación y velando porque los derechos de las víctimas se respeten conforme a la ley. La Memoria enfatiza que la labor del Ministerio Público ha estado marcada por la defensa activa de los mayores y por el acompañamiento a sus familias en la búsqueda de justicia. Como recuerda la Secretaría Técnica, el desafío pendiente sigue siendo asegurar que en todos los procesos "se haga efectivo el derecho de las víctimas a ser oídas".

Por ello, destacan la denuncia colectiva presentada por familiares de residentes en Madrid, impulsada por las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia. La acción judicial cuestiona los llamados "protocolos de la vergüenza" en representación de 108 familias y 115 mayores fallecidos entre marzo y julio de 2020, señalando un posible delito de denegación de asistencia sanitaria por motivos discriminatorios, según el escrito de la Fiscalía.

La denuncia colectiva también ha reactivado la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal a finales de 2024. Según el informe, se han incoado 38 diligencias de investigación preprocesal, de las cuales 17 seguían en tramitación a 31 de diciembre. Las actuaciones derivadas de esta denuncia serán detalladas en la próxima Memoria del Ministerio Público, lo que permitirá conocer cómo avanza la investigación sobre los fallecimientos en residencias y el posible incumplimiento de los derechos de las víctimas.