Los fondos de inversión y un mercado lleno de trabas echan a los jóvenes del sector agrario

Se buscan jóvenes para un sector agrario en edad de jubilación. Pero convertirse en agricultor o ganadera por lo general no es fácil. A una actividad económica ya de por sí precarizada se suman numerosos obstáculos para acceder a ella por primera vez. No es casualidad que actualmente en España tan solo el 8,9% de los titulares que son jefes de explotaciones agrarias tenga menos de 41 años, según datos del Censo Agrario 2020, el más reciente recogido en el INE. Mientras tanto, el 41,3% supera los 65 y el 49,8% restante abarca el rango entre 41 y 65 años.

El envejecimiento del campo es una realidad que convierte el relevo generacional en una de las cuestiones más preocupantes que rodean al sector. "Es el reto de los retos", afirmó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el pasado enero en la presentación de un nuevo paquete de medidas sobre el tema.

Pedro Sánchez, también presente en el evento, habló de un elemento que calificó como el "gran obstáculo" para la incorporación de jóvenes: el acceso a la tierra. Sin un terreno que cultivar o donde criar el ganado es imposible entrar al sector agrario, y los jóvenes están teniendo muchas dificultades para conseguirlo.

Esta problemática se explica debido a un mercado marcado por el inmovilismo —escasa oferta y demanda—, el auge de los precios año tras año y la entrada de fondos de inversión que concentran los terrenos en menos titulares.

"El acceso a la tierra es lo que puede diferenciarlo de otra actividad. En el sector agrario la actividad económica es productiva, y eso requiere un territorio y un espacio físico que no siempre se da", cuenta Neus Monllor Rico, consultora agrosocial. En 2021, el Estudio sobre el Acceso a la Tierra promovido por el Ministerio de Agricultura ya definió esta cuestión como la "barrera más importante" que imposibilita el relevo generacional.

Juan Pablo (26 años, Colombia) es uno de esos jóvenes que solo ve dificultades. Desde siempre ha querido trabajar en el campo y actualmente lo hace en una finca agraria cercana a Bugarra (València). Muchas veces —explica— se ha planteado dejar de ser asalariado y dirigir su propia explotación, pero las barreras son "constantes". "A pesar de mi motivación, es una visión de futuro demasiado borrosa", lamenta.

Dentro de los jóvenes dueños de una explotación es posible diferenciar dos perfiles: los que han heredado un terreno y los que no. Los primeros son mayoría, concretamente el 67,8% según el Diagnóstico de la Juventud Agraria publicado por el Ministerio de Agricultura en 2024. Por el contrario, solo el 28,5% no proviene de una familia agraria y comienza desde cero. El 3,7% restante se incorpora al sector continuando una explotación ya existente que no proviene de su familia.

El factor herencia hace que la problemática del acceso a la tierra afecte "fundamentalmente a la minoría que quiere incorporarse desde fuera del sector", asegura Dionisio Ortiz Miranda, ingeniero agrónomo y catedrático en la Universitat Politècnica de València (UPV). De esta forma —detalla—, proceder de una familia del sector agrario o no se convierte en un "condicionante importante".

Empezar desde cero en el sector agrario en la actualidad es "tremendamente complicado", explica Eva Marín (35 años, Toledo), agricultora y presidenta de la sección juvenil de ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores). Lo primero es comprar un terreno. En 2024, según los datos del Gobierno, una hectárea costaba de media 10.248 euros. Los precios están en auge: han aumentado un 13,8% desde 2020. Sin embargo, el coste varía dependiendo de diferentes factores. Comprar una hectárea en Canarias cuesta de media 148.415 euros, mientras que en Castilla y León o Aragón no supera los 5.200 euros. Estas diferencias geográficas van muy asociadas al tipo de cultivo, con las plataneras siendo el terreno más costoso y las zonas de secano las más asequibles.

Un sector con "reticencias a vender"

Varias cuestiones explican el auge de los precios de la tierra y la consecuente dificultad para acceder a ella. Por un lado, el mercado de las explotaciones agrarias se caracteriza por ser inmóvil, como asegura el Estudio sobre el Acceso a la Tierra del Ministerio de Agricultura. Según Ortiz Miranda, esto se justifica atendiendo a varios factores. Por un lado, la tierra tiene en muchas ocasiones un "valor afectivo" que provoca que "los propietarios tengan muchas veces ciertas reticencias a vender". Este apego emocional crea un "elemento social de a quién le va a dar el agricultor su tierra" que frena la transmisión de los terrenos a desconocidos, añade.

De esta manera, Monllor Rico explica que la falta de un relevo familiar puede desembocar en el abandono de las explotaciones, entendido como la desocupación de esa tierra —debido a cuestiones como la falta de relevo o la despoblación— y el consecuente cese de la actividad agrícola o ganadera. "Las políticas están muy focalizadas en que siga el joven en casa, pero si no hay joven, pues seguramente esa persona mayor cierre porque no sabe hacer otra cosa", añade.

Los datos comunitarios refuerzan la narrativa del abandono de tierras. Actualmente, España es el segundo país de la UE, solo por detrás de Francia, con mayor superficie agraria útil: aproximadamente 23 millones de hectáreas. No obstante, el informe de la Comisión Europea Territorial Facts and Trends in the EU Rural Areas within 2015-2030 alerta del riesgo de que, para 2030, nuestro país haya perdido más de un millón de hectáreas de tierra agrícola por abandono.

Tierra Joven, la estrategia del Gobierno

Otro de los impedimentos que fomentan el inmovilismo del mercado es la falta de conexión entre vendedores y compradores. Para luchar contra esto, detalla el investigador de la UPV, han surgido estrategias como los bancos de tierra: entidades públicas o privadas que ponen en contacto a ambos grupos para facilitar el traspaso de tierras. El pasado enero, el Gobierno anunció una estrategia similar con la plataforma Tierra Joven.

Por el momento se conoce que el proyecto "permitirá difundir la oferta y la demanda, y ofrecerá información homogénea y unificada" sobre la venta de tierras agrarias. Según una nota de prensa del Gobierno, el objetivo es "mejorar la transparencia y el funcionamiento del mercado, con datos actualizados sobre financiación, normativa [...] y fiscalidad". Esta iniciativa, resalta la nota, se pondrá en marcha con la aprobación de un real decreto y formará parte de la futura Ley de Agricultura Familiar.

Además, se anunció la movilización de tierras agrarias propiedad del Estado para "ponerlas a disposición de los jóvenes". Sánchez habló de "unas 17.000 fincas rústicas" que serán evaluadas para asegurar que son aptas para ser ofertadas. Según explican los expertos consultados, la falta de información sobre qué tipo de terrenos serán cedidos imposibilita la capacidad de juzgar aún esta medida. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca no ha contestado a las preguntas de Público sobre la iniciativa.

La 'uberización' del campo

Además, a un mercado inmóvil hay que sumarle la entrada de empresas y fondos de inversión que concentran los terrenos cada vez más en menos manos, algo que denuncian colectivos agrarios como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). La organización destacó en 2024 que "un 6,6% de las sociedades jurídicas acapara ya el 42% del valor de la producción que se genera en el campo español". Es decir, un 6,6% de las empresas del sector controlan casi la mitad del dinero que genera la producción agrícola.

La figura tradicional del agricultor como una persona que cultiva un terreno cercano a su lugar de residencia cada vez se desvanece más. La coordinadora agraria lleva años alertando de este fenómeno, que califica como una "uberización del campo".

La entrada de capital ajeno al sector, asegura Ortiz Miranda, afecta "fundamentalmente" a los sistemas de agricultura extensivos —una producción que utiliza grandes extensiones de terreno— e intensivos —donde se busca el mayor rendimiento en el menor espacio posible—. Aunque no es posible conocer cifras exactas, según un informe del Observatorio DESCA en España "el foco de las inversiones está en los cultivos del olivo, las almendras, el pistacho, el aguacate y los cítricos". A nivel geográfico, estas se centran en regiones como Andalucía, Murcia o el litoral Mediterráneo.

El informe destaca movimientos como la adquisición por parte del fondo de inversión canadiense Fiera Capital del grupo sevillano Innoliva, que tiene más de 8.000 hectáreas de olivares en la península. En 2024, Bankinter Investment —del banco homónimo— y Nuveen —el brazo inversor del fondo de pensiones estadounidense TIAA— lanzaron el fondo Land Fund, enfocado en tierras agrícolas. El mismo año, Natural Capital Fund compró la rama agrícola de la española Borges Agricultural & Industrial Nuts, que incluye 1.900 hectáreas de almendros, nogales y pistachos en Granada, Badajoz y Portugal.

Según la consultora CBRE, en 2022 el valor de las transacciones realizadas en la península ibérica en el sector por inversores fue de 1.200 millones de euros; en 2023 de 2.200 millones y, en 2024, de 800 millones. Esta acaparación de terreno —explica el catedrático de la UPV—, es "una dificultad más para los jóvenes que quieren empezar". "Hay municipios en València donde es imposible encontrar una hectárea libre", añade.

Otro ejemplo es el olivar, como denuncia Luis Pérez (Cantabria, 35 años), presidente de las Juventudes Agrarias de COAG: "Ya no es un olivar intensivo, sino superintensivo". El informe de Greenpeace El campo franquiciado: cómo los fondos de inversión han cambiado el olivar español, señala que en España ya hay más de 130.000 hectáreas de olivar superintensivo de regadío —una modificación radical en las plantaciones que multiplica por tres las cosechas respecto al cultivo tradicional—.

La situación no solo afecta a los agricultores y ganaderos que utilizan prácticas intensivas. Manuel González (40 años, Málaga) forma parte de Extiercol, un proyecto de agricultura ecológica afincado en la localidad malagueña de Cuevas del Becerro que creó junto a otros tres vecinos hace 13 años. No son hijos de agricultores ni han heredado una explotación, sino que empezaron arrendando un terreno hace más de una década.

Debido a su modelo de negocio, ellos escapan de los marcos de agricultura intensiva, pero viven de primera mano el impacto de la entrada de capital: "Cada vez los precios son mayores y es más complicado encontrar tierras". Aunque su zona no tiene un "gran potencial agrícola", en los territorios limítrofes "hay una entrada de capital muy potente y se nota esa presión".

Ante la pregunta de cómo resolver el reto del relevo generacional, Rodríguez lo tiene claro: "Lo primero es abordar los problemas estructurales del sector. Tienen que haber condiciones laborales dignas y precios justos. Un kilo de tomates no puede valer 15 céntimos".

La PAC, medidas insuficientes

El reto del relevo generacional no es algo nuevo. Sus raíces se sitúan en el éxodo rural de la segunda mitad del siglo XX y la transformación de la economía española, que provocó una "caída brutal del número de explotaciones agrarias", asegura Ortiz Miranda. Hoy día, más allá del cambio social, incorporarse al sector agrario requiere una inversión "muy elevada" para acceder a la tierra, el equipamiento y la mecanización, explica.

En este contexto, la Unión Europea recoge el relevo generacional como uno de los objetivos clave de su Política Agraria Común (PAC). La UE establece el marco normativo base para el sector agrícola y ganadero para todos los países miembros, así como un presupuesto común. Sin embargo, cada país decide cómo poner sus medidas en marcha y cómo distribuir su presupuesto, explica el ingeniero agrónomo. Actualmente, además de subvenciones generales como la Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS), existen otras exclusivas para los agricultores jóvenes como pagos complementarios o programas autonómicos para la primera instalación.

Sin embargo, para la asociación Por Otra PAC —una coalición que agrupa a más de 50 colectivos agrarios— las ayudas a los jóvenes "en comparación con el peso de los pagos directos por hectárea —subvenciones en función del tamaño de las explotaciones— representan poco". Para Neus Monllor, esta política por hectáreas evidencia que la PAC cuenta con medidas que "van directamente en contra del acceso a la tierra" para gente ajena al sector, ya que "fomenta el aumento del tamaño de las explotaciones ya existentes".

Que las ayudas se basen en gran parte en la superficie supone que "la PAC actual beneficia principalmente a las explotaciones de mayor tamaño", dice Maxime Orhon, experto en Políticas agrarias y europeas que forma parte de Por Otra PAC. Debido a esto, desde la organización ven esencial que la normativa europea "reduzca el peso del pago básico por hectárea y aumente la ayuda complementaria para jóvenes en Europa".

Además, Monllor asegura que la fórmula europea para el relevo generacional "se queda corta" y "no sirve para gente que no es del sector y quiera explorar si se incorpora o no". Para la consultora agraria existen varias cuestiones que mejorarían la eficacia de las políticas agrarias: atender a las necesidades específicas de cada territorio, ejercer un mayor acompañamiento más allá de las ayudas económicas y tomar medidas centradas en la fase previa a la incorporación.

"Es necesario hacer políticas de exploración, formación, sensibilización... Para que personas que no son del sector crean que, en vez de ser enfermeras o abogadas, también pueden ser agricultoras", resalta. Para ella, pensar en el futuro del sector requiere una pregunta clave: "Qué queremos: ¿una agricultura con agricultores o sin agricultores? Puede haber diez multinacionales que produzcan todo o un territorio vivo donde haya personas y existan oportunidades".