"Los gigantes tecnológicos están en todas partes prestando sus servicios pero en ninguna para asumir responsabilidad"

Abogada, consultora y escritora, Paloma Llaneza es referente a la hora de hablar de tecnologías de la información y cómo cumplen -o no- con las normativas que nos afectan a todos. Autora de Datanomics (Deusto, 2029), esta reconocida experta observa de manera cada vez más crítica la enorme desconexión entre la realidad digital y los fundamentos de nuestras democracias.

La digitalización global y la irrupción de tecnologías como las inteligencias artificiales han colocado frente a frente la debilidad de los sistemas democráticos y la creciente complejidad de un mundo hiperconectado, en donde los límites y las fronteras parecen no existir.

En una entrevista con Público, Llaneza expone su visión sobre el poder real que tienen los titanes tecnológicos, especialmente los estadounidenses, sobre nuestros sistemas sociales, basados en normas y en el imperio de la ley.  

¿Son adecuadas o eficaces las normas que prometen protegernos de los peligros tecnológicos?

Para empezar, creo que la tecnología, es decir, la que producen los gigantes empresariales que prestan los servicios digitales, ha matado el derecho. La razón es que esas empresas son capaces de prestar los servicios altamente complejos que ningún regulador comprende ni tiene capacidad técnica para comprender. Además, son capaces de aprovecharse de las reglas existentes para poder evadir impuestos y pagar menos impuestos en proporción que cualquier asalariado. El gran asesinato del derecho tal y como lo conocemos se produce porque estas empresas están en todas partes para prestar sus servicios, pero en ningún sitio para hacerse responsables de su actividad. 

¿Es que no se puede hacer responsable al dueño o a los accionistas de esas empresas? 

Parcialmente. Hay normas en la UE que estas empresas han de cumplir y, sin duda alguna, hacen que presten menos servicios o lo hagan de otra manera en el territorio europeo. Pero la realidad es que muchas de las obligaciones que les imponemos las resuelven a base de talento, dinero y consultores. Y además, la otra cara de la regulación es que mientras ellos son capaces de seguir prestando servicios más o menos como quieren en Europa, esas mismas regulaciones matan la innovación europea. Con lo cual, en vez de conseguir tener una tecnología que se ajuste a los valores europeos, lo que tenemos es una que parece que cumple las obligaciones, casi todas ellas formales. No podremos impulsar la famosa soberanía europea, con entidades locales que presten servicios conforme a nuestros criterios, si esas entidades locales no son capaces de cumplir con la regulación porque es muy cara para ellos, sobre todo si tienes que competir con grandes empresas. 

O sea, que las mismas regulaciones que tratan de protegernos frente a los gigantes tecnológicos obstaculizan el desarrollo local... 

Por ejemplo, el anteproyecto de la Ley Orgánica para el derecho a la rectificación, que plantea que cualquier persona que tenga más de 100.000 seguidores y soltara bulos tendría la obligación de retractarse. Estos son los típicos planteamientos de abuela muerta, es decir, tratar de desarrollar un derecho soberano cuyo cumplimiento no se va a poder llevar a cabo. Lo que me preocupa, y por eso digo que el derecho ha muerto, es que se establecen normas que el ciudadano común no puede ejecutar en los tribunales por problemas de jurisdicción, entre otros. En realidad, este tipo de normas se plantean para dar la sensación de que la gente está protegida. Y luego cuando alguien se siente desprotegido y acude al sistema legal para buscar una reparación, esa reparación no existe. En definitiva, la ley no existe si no se puede obligar a su cumplimiento mediante la sanción. 

Una multa de 120 millones de euros para X, que es una entidad que se ha cargado la democracia, me parece una risa

¿Qué opinión tiene sobre el reglamento de protección de datos (RGPD), que sí prevé sanciones bastante altas?  

Ese reglamento tiene un fuerte contenido anglosajón. Plantea requisitos que en muchos casos solo pueden cumplir las grandes corporaciones, porque buena parte de la metodología que plantea no puede desarrollarla un estanco. De tal manera que las grandes corporaciones lo cumplen, ajustan las condiciones generales de contratación, ajustan las auditorías, hacen los análisis de riesgos... pero en realidad siguen jugando sucio. Por ejemplo, el propio reglamento no establece ni la protección ni la propiedad del dato inferido por parte del usuario, sino que en realidad solo lo hace sobre el dato en bruto; esas entidades cogen el dato, lo infieren y categorizan, y te permiten que tú lo borres, porque en realidad un dato tuyo de hace dos semanas, una vez que has inferido un comportamiento de ese dato, no tiene mayor valor. 

¿Tampoco son efectivas las normas sobre competencia o transparencia? 

Es que una multa de 120 millones de euros para Twitter (ahora X), que es una entidad que se ha cargado a la democracia, me parece una risa en primer lugar. Es decir, para una empresa que fue comprada por 40.000 millones de dólares, esa multa me parece una tomadura de pelo. En segundo lugar, X prácticamente ya no tiene sedes en Europa y no sabemos qué actividad económica tiene. ¿Cómo se va a ejecutar esa multa? Si X la quiere pagar voluntariamente, pues muy bien, pero si no, ¿qué van a embargarle a X para ejecutar esa multa? ¿Dónde están? 

Parece que desde el lado del legislador no hay capacidad para establecer un marco común... 

Hablando con mucha franqueza, creo que vivimos en un mundo en donde las soberanías nacionales y el principio de aplicabilidad territorial de la norma prevalecen, y en donde seguimos aplicando un sistema jerárquico de normas que data del siglo XIX. Tenemos un Legislador que entiende que para legislar tiene que publicar en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea, que cree que ha cumplido con ese ejercicio. Se producen regulaciones maximalistas que prohíben a las redes hacer tal cosa. Y ya. ¿Cómo hacemos que eso tenga efecto? Porque si estas empresas cierran sus establecimientos en España o la UE, entonces quedan fuera de la jurisdicción aunque los perjudicados sean de aquí. 

La manera de regular la tecnología es conocerla muy bien, y para conocerla prácticamente tienes que ser la empresa que la presta, dada la la complejidad por defecto de sus propios productos

Y eso sin hablar de la creciente complejidad de las tecnologías de la información. 

Ahí tenemos otro gran problema, la simplificación. La manera de regular la tecnología es conocerla muy bien, y para conocerla muy bien prácticamente tienes que ser la empresa que la presta, dada la complejidad por defecto de sus propios productos. De hecho, parte de la 'burbuja tecnológica' que se vive es que muchas veces la tecnología se complica para que sea poco transparente hasta para los propios accionistas que invierten en esas entidades. Es decir, invertir (y regular) se convierte en un acto de fe. Si no se sabe cómo funciona una tecnología, ¿cómo van a regularla? No hay más que recordar las comparecencias de los líderes tecnológicos en el Congreso de EEUU, en las que se hacían preguntas absurdas. Se notaba mucho que los congresistas no conocían a fondo empresas como Meta. Así, Mark Zuckerberg podía permitirse decir que tenía que consultar sobre lo preguntado cuando todo el mundo sabe que Zuckerberg supervisa todo lo que pasa en su casa. 

Es difícil preguntar sobre lo que se desconoce... 

Efectivamente, hay un problema por la complejidad técnica de unas pocas compañías gigantescas que ya operan como verdaderos estados-naciones, con sus propios sistemas y reglamentos. Enfrente tenemos la legitimidad democrática, que es la que está llamada regular los comportamientos sociales. Y nadie hace una reflexión profunda de la verdadera dimensión del problema. Es más, se diagnostica muy bien el problema, como acabo de hacer, pero las soluciones que se dan son las típicas y clásicas, como la de volver a regular a nivel nacional o supranacional. En este último caso, la única manera seria es poder regular mediante tratados internacionales, pero para que ello tuviese algún efecto Estados Unidos y China -los dueños de la tecnología- tendrían que querer someterse a esos tratados, y no quieren. 

Las compañías tecnológicas se han ‘comprado’ el Gobierno de Estados Unidos. Tienen tanto poder que se han 'comprado' su legitimidad

La democracia frente a la tecnología... ¿Existe alguna alternativa para someter la segunda a la primera? 

En Estados Unidos ya se ha producido este enfrentamiento entre complejidad técnica y legitimidad de tomar decisiones. Así que, de vez en cuando, viene la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y le casca 5.000 millones de dólares de multa a Meta, por ejemplo. Y cuando las compañías tecnológicas se dan cuenta de esta situación, lo que han hecho ha sido tomar por asalto la legitimidad. Vamos, que se han comprado el Gobierno de Estados Unidos, tienen tanto poder que se han 'comprado' su legitimidad. Lo estamos viendo en el desmantelamiento de la administración Trump, la disminución de todas las agencias gubernamentales que tenían una mínima influencia en esas empresas. Y algo de control ejercían, de lo contrario no las estarían desmantelando. 

¿Alguna solución? 

Todo esto se soluciona con valentía y con decisión democrática. Es decir, es que a veces se nos olvida que la tecnología tiene dueños. Y que sus dueños son los accionistas y sus directivos. Al final de todo este proceso hay seres humanos. 

Que deben rendir cuentas como todo el mundo... 

Correcto. Tenemos el ejemplo de la famosa sanción de los 5.000 millones de dólares a Meta: entre las posibilidades que barajaron, se deslizó la idea de hacer personalmente responsable a Mark Zuckerberg. Y fue esa reflexión la que llevó a Zuckerberg a negociar la multa de 5.000 millones. Es decir, que a lo mejor nos estamos equivocando de objeto y de objetivo. 

Que no sería regular la tecnología, sino aplicar la ley que ya existe sobre los responsables. 

Correcto, también. Ahí tienes, por ejemplo, el caso del CEO de Telegram detenido en Francia. El país quería que Telegram le permitiera acceder a sus contenidos en los chats para poder ejecutar cierres, etcétera. Este señor decía que eso era complicadísimo técnicamente. Y le detienen y oye, mano de santo. Por eso insisto en que, a lo mejor, deberemos de hacer responsable a los seres humanos, que son los sujetos responsables. 

El famoso ‘Términos y Condiciones de Uso’ que nadie se lee probablemente es abusivo ya que impone una serie de condiciones que vete tú a saber

Pero claro, si tienen sus sedes sociales en países que, obviamente, no van a tomar esa decisión de hacerles responsables... 

Y volvemos a chocar con el problema de la soberanía y la territorialidad del derecho antes plataformas digitales de alcance universal. 

¿Y quizá con otros como el derecho a la privacidad? 

Es que no hay por qué conculcar la privacidad del usuario. Lo que hay que darle son herramientas eficaces para que pueda, en caso de incumplimiento de ese contrato que está suscribiendo al usar los servicios digitales, poder hacer algo más que chocarse con el muro del sistema de atención al cliente de esas grandes corporaciones. Ese contrato, el famoso Términos y Condiciones de Uso que nadie se lee, probablemente es abusivo ya que impone una serie de condiciones que vete tú a saber. Ahí la empresa impone un sistema de arbitraje que controla ella. O un canal de comunicación en el que una máquina contesta al usuario desde Irlanda, diciendo a todo que no. ¿Qué más se puede hacer ahora? Recordemos que hay mucha gente que ha montado su vida y su negocio sobre las redes sociales, aunque esto ya daría para otro debate. 

¿Es posible entonces articular un sistema normativo que funcione?  

Creo que sí, y creo que deberá funcionar también con tecnología. Para ello se necesita un compromiso. Un cambio de mentalidad. Es decir, es preciso aceptar que el sistema legal que tenemos no funciona como tal, que seguir publicando cosas para dar titulares en el BOE no resuelve los problemas de la gente. Siempre digo que los problemas complejos se resuelven con pequeñas medidas bien aplicadas en distintos ámbitos. Eso requiere un análisis estratégico importante, requiere valentía y estar ahí. Pero al mismo tiempo, estas entidades tecnológicas son las mismas que debilitan la legitimidad de las democracias a través de la polarización, a través de las fake news, permitiendo que agentes del caos estén funcionando continuamente y nos tengan discutiendo cosas que en realidad no son importantes. Mientras estamos discutiendo cómo cargarnos a un presidente del Gobierno, nadie soluciona el problema de la vivienda o el hecho de que las entidades mercantiles pagan en este país menos de lo que pagan las personas físicas. Plantear este cambio de paradigma permitiría tener una economía saneada, una democracia equilibrada y unos ciudadanos que puedan tener un cierto remanente económico para dejar de estar conectado a una pantalla, que es lo único que se pueden permitir porque es gratis.