El Gobierno extiende el derecho de rectificación a los 'influencers' en redes sociales
El ministro Félix Bolaños señala que la principal novedad de la norma es que la ciudadanía no sólo podrá ejercer su derecho a la rectificación con respecto a los medios de comunicación, sino también a las plataformas digitales y a los usuarios relevantes de redes sociales.

Madrid--Actualizado a
El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley que regula el derecho a la rectificación con el objetivo de adaptarlo al ecosistema mediático actual de internet y abarcar así las publicaciones de influencers en redes sociales y plataformas digitales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que la principal novedad de la norma es que la ciudadanía no sólo podrá ejercer su derecho a la rectificación con respecto a los medios de comunicación, sino también a las plataformas digitales y a los usuarios relevantes de redes sociales que tengan más de 100.000 seguidores en una red o más de 200.000 en todas las plataformas en las que esté presente.
Bolaños ha explicado que el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de rectificación que ahora envía al Congreso para su tramitación sustituirá la ley vigente de 1984 y que deriva del Plan de Acción por la Democracia.
Con esta nueva ley que regula el derecho que tiene cualquier persona a solicitar que se corrija una información falsa o inexacta que le afecta, los ciudadanos podrán pedir que se rectifique información publicada tanto en medios de comunicación tradicionales como en digitales y plataformas en línea.
Mecanismo accesible y visible para enviar la solicitud de rectificación
En el caso de las redes sociales, Bolaños ha incidido en que aplica a lo que la ley denomina usuarios "de especial relevancia" por su número de seguidores, es decir, los influencers, por lo que deberán establecer -al igual que los medios digitales- un mecanismo gratuito, accesible y visible que permita enviar fácilmente la solicitud de rectificación.
El plazo para presentar la solicitud será de diez días naturales si la información ha sido publicada en medios de comunicación tradicionales. Y de 20 días si ha sido en medios digitales o en cuentas de influencers.
"Por tanto, desinformadores habituales dedicados al bulo de manera diaria estarán afectados por esta ley del derecho a la rectificación, y los ciudadanos que vean como un bulo difundido por estos profesionales del bulo también podrán ejercer el derecho a la rectificación, aunque no sean un medio de comunicación y sean simplemente personas que se dedican a las redes sociales", ha dicho Bolaños.
Podrán ejercer la rectificación los menores de edad que tengan la necesaria madurez y, en todo caso, los mayores de 16 años. En el caso de personas fallecidas, podrán solicitarlo sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o pareja, o quienes hayan sido designados expresamente.
Se suprime la obligación de dirigir la solicitud de rectificación a los directores de los medios de comunicación y bastará con enviarla al medio para que se gestione, y en el caso de las plataformas en línea y las redes sociales, a la persona que ejerza el control efectivo sobre ese usuario o sobre la información publicada.
Mejoras en la publicidad de la información rectificada
La ley también prevé mejoras en la publicidad que debe darse a la información rectificada: los medios digitales deberán crear un nuevo enlace a la información original con relevancia semejante a aquel con el que se publicó o difundió la información que se rectifica, y en le caso de las plataformas en línea, deberán publicarla en un lugar visible junto con la información original.
Se mantiene la obligación de publicar en tres días la rectificación, aunque se podrán incorporar opiniones o valoraciones que no resulten excesivas ni sean impertinentes en el objeto de la rectificación, y cuando la publicación original haya sido rectificada habrá que comunicarlo.
La nueva ley simplifica el procedimiento judicial al que pueden acudir los ciudadanos a los que se les deniegue la rectificación para garantizar una mayor agilidad y adaptación a los entornos digitales.
Con esta medida, el Gobierno quiere garantizar la libertad de información y que cualquier ciudadano "esté protegido frente a injerencias, desinformaciones, falsedades, inexactitudes, mentiras que le afectan y que, por tanto, tendrá el derecho fácil, accesible, rápido y ágil para poder rectificar esa información", ha concluido Bolaños.

Comentarios de nuestros socias/os
¿Quieres comentar?Para ver los comentarios de nuestros socias y socios, primero tienes que iniciar sesión o registrarte.