Gobierno y CCOO ultiman un acuerdo para regularizar a los temporeros migrantes de los asentamientos de Huelva

CCOO y la Dirección General de Gestión Migratoria del Gobierno central han avanzado en las negociaciones que iniciaron en noviembre para regularizar a los migrantes sin papeles que viven en asentamientos chabolistas y trabajan, en su mayoría, en la recolección de los frutos rojos de la provincia de Huelva. 

De esa regularización, que se llevaría a cabo a través del nuevo Reglamento de Extranjería que entra en vigor en mayo, se podrán beneficiar entre 1.500 y 2.000 personas, según ha informado a Público el sindicato, que cuenta con el compromiso de la patronal Freshuelva y Asaja para que los empresarios les hagan los contratos laborales necesarios.

Representantes de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de CCOO de Huelva han mantenido ya cuatro reuniones para acordar la regularización de los temporeros que habitan los más de 40 asentamientos existentes en los municipios freseros onubenses, cuya situación llegó a calificar el Relator sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de la ONU como peor que la de un campamento de refugiados de un país en guerra o con una terrible hambruna.

En un principio, el propósito del sindicato, en consenso con la patronal fresera, era llevar a cabo una regularización extraordinaria específica para estos temporeros, pero el nuevo Reglamento de Extranjería aprobado por el Consejo de Ministros el 19 de noviembre trastocó los planes iniciales, según ha explicado a este periódico la secretaria general de CCOO de Huelva, Julia Perea.

Gestión Migratoria propuso entonces incluir la regularización en el marco del Reglamento de Extranjería y, tal como han manifestado a Público fuentes del ministerio, están "trabajando para tratar de buscar encaje" en el marco de esa nueva normativa migratoria, que no entrará en vigor hasta el próximo 20 de mayo.

Flecos

Las conversaciones están muy avanzadas, la regularización se plantea por la vía del arraigo sociolaboral de los temporeros, a quienes los empresarios se han comprometido a hacer previamente un precontrato con carácter fijo discontinuo, debido a la estacionalidad del trabajo, y ahora tan sólo quedan algunos flecos por resolver. 

El más importante de ellos es el requisito de disponer de un contrato con una jornada de al menos 20 horas semanales que se exige en el nuevo Reglamento de Extranjería para conceder estos permisos de residencia y que, según Julia Perea, no casa con el tipo de empleo que demanda la recolección de los frutos rojos, limitada a unos cuantos meses del año.

"Las 20 horas están pensadas para otros trabajos en otros territorios, como Madrid o Barcelona, y en sectores como la hostelería o el hogar, donde tienen trabajo casi todo el año. Aquí, en Andalucía, el sector agrario, y el hostelero también, funcionan temporalmente y las 20 horas no nos sirven", advierte la dirigente sindical onubense, quien asegura que el ministerio se ha comprometido a estudiar la aprobación de una instrucción que excluiría en este caso la exigencia de esa jornada laboral para conceder el arraigo sociolaboral.

Si fuese así, la regulación se podría extender a otras provincias, como Almería, donde hay también miles de trabajadores agrícolas migrantes que carecen de documentación viviendo en asentamientos chabolistas, ya que se podría acoger a ella cualquier persona residente en España que reuniese los requisitos establecidos en la instrucción, apunta Perea.

Recogida de datos de un centenar de temporeros

De momento, CCOO ha empezado a adelantar trabajo y ya ha recabado los datos de un centenar de temporeros de los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva que podrían beneficiarse de esta regularización. "Con Asaja y Freshuelva nos reunimos la semana pasada y nos dijeron que mantenían su compromiso de hacerles los precontratos. Nos dijeron que primero tienen que atender a todo el contingente de trabajadoras que vienen de Marruecos, luego a los fijos discontinuos de otros años y ya en abril podrían saber las necesidades de empleo que les queda por cubrir", señala la secretaria general provincial.

Para un sector que genera más de 100.000 empleos en las semanas de mayor actividad en los cultivos de los frutos rojos, resulta perfectamente asumible, a juicio de Julia Perea, que pueda contratar a entre 1.500 y 2.000 personas que viven en los asentamientos chabolistas. “Si están acudiendo a otros países para traer mano de obra, se supone que esa cantidad de contratos es plenamente asumible”, subraya.

La regularización de estos trabajadores traería consigo, según Perea, un gran avance para acabar con los asentamientos chabolistas que se concentran en cuatro municipios freseros: Lepe, Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto. "Tenemos que regularizarlos, porque es inhumano que en el siglo XXI Huelva tenga estos asentamientos, donde la gente no vive porque le guste, sino porque no tienen contratos y por eso no pueden acceder a una vivienda. No les queda otro remedio", recalca la dirigente sindical.

Resolver el gravísimo problema de la falta de vivienda para alojar a todos los trabajadores de la fresa en Huelva resulta vital, a juicio de CCOO, pero también lo es solucionar su situación legal y laboral, "porque ahora son totalmente invisibles a las administraciones y a la sociedad", añade su dirigente provincial. Y su pretensión es que, en la medida de lo posible, los empresarios faciliten en las fincas una vivienda a los temporeros que contraten una vez hayan regularizado su situación en España.

Un sector que genera el 8% del PIB andaluz

El sector de los frutos rojos, que abarca más de 11.600 hectáreas en la provincia de Huelva con unos 1.300 productores, genera el 8% del PIB de toda Andalucía, en torno a 1.300 millones de euros al año, según datos de la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, Interfresa. En la anterior campaña, se recolectaron cerca de 300.000 toneladas, lo que representa en torno al 98% de toda la producción española de frutos rojos y al 30% de Europa.

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Sin embargo, esa potente economía no ha sido capaz de generar en más de 25 años unas condiciones de vida digna para una parte de su mano de obra.

"Este gran desarrollo también lleva aparejado la aparición de los asentamientos en los que se ven obligados a sobrevivir aquellas personas que buscan trabajo en explotaciones más pequeñas y se encuentran en situación irregular o que, teniendo su documentación en regla, no pueden acceder a un alojamiento, bien porque el empresario no le facilita un alojamiento o porque no encuentren viviendas para poder alquilar", detalla la organización Andalucía Acoge en uno de sus informes anuales sobre la realidad de los asentamientos de chabolas en Huelva.

En esos informes se refleja que el 90% de los trabajadores agrícolas migrantes que viven en los asentamientos de Huelva y Almería tienen enormes dificultades para acceder a un alojamiento mejor, así como para empadronarse en sus municipios y obtener el certificado que permite disfrutar de servicios públicos y regularizar su situación en España.

En los asentamientos de Huelva ya han muerto desde 2019 cinco personas a causa de los numerosos incendios () que arrasan las chabolas hechas con plástico, cartón y otros desechos de los invernaderos de la fresa. La última falleció el pasado mes de enero en un incendio que se desató en un asentamiento del término de Lucena.

La Junta de Andalucía aprobó en julio de 2023 el primer plan estratégico para la erradicación de estos asentamientos y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas, pero desde entonces el único avance tangible ha sido la apertura de un albergue-residencia en Lepe, con capacidad para alojar a 152 temporeros.

CCOO recalca que los planes de erradicación del chabolismo que se llevan a cabo desde la Junta y el Gobierno central están previstos, básicamente, para personas que se encuentran en situación regular en España, por lo que, a su juicio, resulta necesario emprender previamente una regularización de los trabajadores sin papeles que viven en los asentamientos para que puedan acceder a una vivienda digna.

En el caso de que la regularización de los temporeros migrantes de los asentamientos no salga adelante por la vía del arrraigo sociolaboral con el nuevo Reglamento de Extranjería, el sindicato solicitará nuevamente al Gobierno que emprenda una regularización extraordinaria específica para estos trabajadores agrícolas en la provincia de Huelva.