El Gobierno prohíbe espectáculos taurinos que supongan una "mofa pública" de personas con discapacidad

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un real decreto promovido por Derechos Sociales que endurece las restricciones a los espectáculos cómico-taurinos. La norma modifica el Reglamento Taurino para introducir una cláusula: no podrán autorizarse aquellos shows que vulneren la dignidad humana o ridiculicen a personas con discapacidad, especialmente a quienes tienen enanismo. 

El cambio incorpora un nuevo apartado en el artículo 90 que obliga a garantizar que estos espectáculos no lesionen derechos ni expongan a colectivos vulnerables a la "mofa pública". Con ello, el Ejecutivo refuerza un veto que ya recogía la Ley General de la Discapacidad y que, además, se endurecerá con su reforma en trámite parlamentario, que prevé considerar estas prácticas infracciones muy graves, con multas de entre 600.000 y un millón de euros. 

La medida se acompaña de otras iniciativas sociales. El departamento mantiene el programa Pisadas con dignidad, impulsado en 2022 junto a la Fundación ONCE, que ofrece apoyo y formación laboral a personas con discapacidad que trabajaban en este tipo de espectáculos. Incluye también avances en accesibilidad. Entre ellos, la creación de la UTAC, una unidad estatal de apoyo y coordinación que asesorará a las comunidades autónomas y servirá de enlace con las instituciones europeas. Con esta norma, el Ejecutivo culmina la transposición de la directiva europea de accesibilidad de 2019, situando a España entre los países que han incorporado sus exigencias con mayor rango normativo.

Cuidados, educación inclusiva y emergencias  

El paquete aprobado en el Consejo de este martes se completa con otras propuestas: la primera Estrategia Estatal hacia un nuevo modelo de cuidados, la eliminación del despido automático por incapacidad permanente, una inversión de 20 millones para educación inclusiva y atención temprana, y el primer protocolo estatal de atención a personas con discapacidad en emergencias. 

Desde el Ejecutivo subrayan que la reforma del marco de dependencia y discapacidad pretende consolidar el mandato constitucional de inclusión, autonomía y accesibilidad universal, con especial foco en mujeres e infancia con discapacidad. Además, aspira a eliminar incompatibilidades entre prestaciones, actualizar la cartera de servicios y reforzar apoyos clave para la vida independiente, como la asistencia personal y los recursos comunitarios.