La Delegación del Gobierno en València ha archivado el expediente de expulsión por estancia irregular en el país que la Policía le abrió a un joven colombiano cuando fue a la comisaría de Burjassot (València) ha denunciar la pérdida de su pasaporte.

Así lo ha confirmado a Público la delegación del Gobierno un día después de que su caso fuera denunciado por la organización València Acull (València Acoge), que estaba dando acompañamiento al joven.

H. R. fue a comisaría el pasado 5 de diciembre, después de que su documento se quemara en el incendio de la autocaravana en la que vivía junto a un compañero también colombiano y que les proporcionaba la empresa para la que trabajan.

Tras las comprobaciones de la Policía, le citaron dos días más tarde en la Oficina de Extranjería, donde le informaron del inicio de un procedimiento de sanción por estancia irregular al acusarle de haber aprovechado el visado de 90 días de turista para quedarse en el país de forma irregular.

El joven recurrió con ayuda de una abogada, pero temía que la expulsión acabara produciéndose, a pesar de las recomendaciones del Defensor del Pueblo en las que insta al Gobierno a que las Fuerzas de Seguridad no incurran en estas prácticas con las personas extranjeras que acuden a denunciar a comisaría como víctimas de un delito o a realizar trámites cotidianos.

Extranjería consideró improcedentes sus apelaciones y propuso para sanción a Delegación del Gobierno, pidiendo su expulsión del país. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha decidido archivar el caso, por lo que el joven no será sancionado.

El Gobierno y, en concreto, el Ministerio del Interior, rechazó en 2021 aplicar la recomendación del Defensor del Pueblo, elevada desde 2019. Argumentaba que  los agentes solo siguen la normativa dictada por la Ley de Extranjería. En este campo, las únicas denunciantes en situación administrativa irregular que no corren el riesgo de salir de comisaría con una multa o una orden de expulsión son las víctimas de violencia de género y las víctimas o testigos de trata de seres humanos.

Desde València Acull piden una reforma de la Ley de Extranjería para hacerla equiparable a la que protege a las víctimas de violencia de género y a las víctimas o testigos de trata de seres humanos, de manera que se exima de sanciones por estancia irregular a quienes acudan ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a formular una denuncia, solicitar información o gestionar cualquier tipo de trámite administrativo.