El Gobierno Vasco interpela a los “poderes del Estado” por cuatro mil casos de torturas

El relato sobre los años más terribles de Euskadi ya tiene otro capítulo. El Gobierno Vasco ha presentado este lunes el informe final elaborado por el Instituto Vasco de Criminología sobre los casos de tortura y malos tratos en este territorio entre 1960 y 2014, una línea temporal que abarca tanto dictadura como democracia y que coincide con el desarrollo de la “lucha antiterrorista” contra ETA. Un periodo extremadamente duro, en el que –según este documento- hubo al menos 3.415 personas que fueron torturadas. Algunas de ellas sufrieron vejámenes en más de una ocasión, lo que eleva el censo a 4.113 casos de vejámenes, atribuidos principalmente a miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

En base a esas cifras, el Gobierno Vasco ha instado a los “poderes del Estado” a “considerarse interpelados” tanto por esta investigación como por las distintas “resoluciones de organismos internacionales sobre torturas y malos tratos”. En los últimos siete años, España recibió seis sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por no investigar las denuncias de torturas formuladas por distintos detenidos. Entre esos casos figuraba el del reconocido periodista vasco Martxelo Otamendi, detenido y posteriormente absuelto a raíz del cierre del periódico Egunkaria en 2003.

“Las víctimas de la tortura deben saber que la sociedad vasca y el Gobierno Vasco reconocen la injusticia del sufrimiento que padecieron”, señala el Ejecutivo de Iñigo Urkullu en el mensaje que acompaña al voluminoso informe presentado en Donostia. En tal sentido, el gobierno autonómico establece que “la tortura y sus víctimas necesitaron una mayor atención y respuesta por parte de todos”, por lo que se dirige a quienes sufrieron tormentos para hacerles saber que “la sociedad vasca y el Gobierno Vasco reconocen la injusticia del sufrimiento que padecieron”. Del mismo modo, remarca que “algunas medidas preventivas debieron haberse puesto antes en marcha para ofrecer mayores garantías”.

En este estudio “se ha establecido un censo de 4.113 casos de personas (17% mujeres y 83% hombres) -nacidas o que viven en la Comunidad Autónoma Vasca- que han denunciado torturas y/o malos tratos”. “De ellas, el 17% lo han sido en más de una ocasión, por lo que el número total de personas que denunciaron torturas es de 3.415”, especifica. “Estas cifras se encuentran por debajo de la dimensión real de los afectados, ya que al menos en el periodo de la dictadura y primeros años de la transición hasta 1978 solamente hemos podido registrar 1.081 (son el 26,4% del total de los registrados), mientras la práctica generalizada de la tortura en esa época señala que su dimensión fue mucho mayor”, remarca.

Del mismo modo, indica que aún “quedan pendientes de análisis 454 expedientes dado el enorme volumen de información recogido para este estudio, cerrado en agosto de 2017”. Como muestra del intenso trabajo realizado, indica que “se han analizado y archivado más de 26.113 documentos”, lo que constituye “el mayor archivo sobre casos de malos tratos y torturas hasta el momento”. Según este estudio, “un porcentaje no inferior al 5% de los casos analizados presentan secuelas psicológicas importantes que requieren atención especializada”.

En cuanto a las autorías de los vejámenes, el informe señala que hubo 1792 casos atribuidos a la Guardia Civil, 1785 a la Policía Nacional y 336 a la Ertzaintza. En una versión preliminar presentada en junio del año pasado también figuraban, aunque en menor medida, funcionarios de prisiones e incluso policías municipales. Respecto a los “métodos de tortura que han alegado las personas afectadas”, advierte que “existe una diferencia significativa entre los distintos cuerpos policiales”.

“Por ejemplo, destaca la frecuencia de la utilización de la bolsa según alegan los detenidos/as por la Guardia Civil, cuyo uso es significativamente menor en el caso de la Policía. Hasta el inicio de los años 90, un número significativo de personas que denunciaron torturas señaló el uso de electricidad o la práctica de la bañera en ambos cuerpos policiales en los casos analizados”, subraya. “Sin embargo –puntualiza-, las posturas forzadas u las formas de producir extenuación física es señalada por los detenidos de los tres cuerpos policiales analizados, aun con diferente frecuencia”.

Por otra parte, “las formas de maltrato psicológico, tales como amenazas, insultos, interrogatorios frecuentes sin abogado o humillaciones han sido señaladas en testimonios y denuncias contra los diferentes cuerpos policiales, asociadas a las formas de tortura física señaladas en cada caso”.

El papel de los forenses

En tal sentido, advierte que “si bien en numerosas ocasiones el relato de dichos hechos se hizo ante los médicos forenses, los informes en una gran parte de los casos no recogieron el relato de las víctimas o se limitaron a referir lo señalado por el detenido, sin profundizar o contrastar las alegaciones con un conjunto de evidencias o valorar el grado de congruencia de dicho testimonio con los hallazgos”.

“Tampoco hay evidencia de que se hayan pedido analíticas específicas frente a denuncias reiteradas, salvo en uno de los casos analizados donde se utilizaron pruebas enzimáticas para reconocer el impacto muscular de formas de torturas como ejercicios físicos extenuantes, y cuya validez fue reconocida por una sentencia del Tribunal Supremo y los informes forenses en ese caso”, apunta. En tal sentido, el estudio remarca que en muchos casos “se recoge incluso un empeoramiento del trato al detenido después de visitas del forense, lo que conllevó un mayor miedo y desconfianza, y por tanto un menor impacto de su posible papel”.

Críticas del PSE

El siguiente paso será presentar este informe en la Ponencia de Memoria y Convivencia creada en el Parlamento Vasco, donde participan todos los partidos a excepción del PP, que optó por quedarse fuera. En cualquier caso, ya puede vaticinarse que, además de los populares, el citado estudio sobre las torturas en Euskadi tampoco recibirá el apoyo del PSE, socio de gobierno del PNV. Este lunes, coincidiendo con el acto de presentación en Donostia, la formación socialista hizo público un comunicado en el que mostró sus absolutas discrepancias con su contenido.

“Consideramos un error entender que medio siglo de terror de ETA se resume en 840 asesinados y 3.400 torturados, una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido, y obvia la labor de una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho al asentarse la falsa idea de una tortura generalizada”, argumentan los socialistas. En realidad, era previsible: el informe interpela también a los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, bajo los cuales también se produjeron denuncias de vejámenes contra detenidos en el marco de la denominada lucha antiterrorista.

Por su parte, EH Bildu ha anunciado que mañana martes comparecerá ante los medios para hacer una valoración sobre este asunto. Hace algunos meses, Sortu, el partido de la izquierda abertzale que forma parte de esa coalición, realizó escraches ante sedes de la Ertzaintza para denunciar que allí también se había torturado, lo que molestó profundamente al Gobierno Vasco. En la valoración dada a conocer este lunes, el Ejecutivo de Urkullu defendió que “la Ertzaintza ha contado con un modelo preventivo que ha sido positivamente valorado por las instituciones que lo han auditado, y que puede seguir mejorándose”. Por parte del gobierno español, el otro interpelado, no hubo ninguna reacción.