El Govern refundará la DGAIA para centrarse en la "prevención" y la "protección" de los jóvenes tutelados

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) será completamente refundada para ofrecer una mejor protección a los niños y jóvenes tutelados por la administración, con un enfoque basado en la prevención, un nuevo nombre y dos subdirecciones. El plan de reforma se anuncia tras los escándalos por presuntas irregularidades y por el caso de violación de una menor que estaba bajo custodia de la administración, víctima de una red de pederastia.

La DGAIA pasará a llamarse Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), dejará de gestionar las prestaciones económicas y la contratación de plazas, y estará liderada por Josep Muñoz –nombrado director general en marzo– y Esther Vallbona, que dirigirá una de las dos subdirecciones.

La DGPPIA estará compuesta, por un lado, por la ya existente Subdirección de Protección a la Infancia y Adolescencia Tutelada y Extutelada, y por otro, por la Subdirección de Prevención y Atención a la Infancia y la Adolescencia. Además, se creará una Oficina de Control de Gestión y una Unidad de Seguimiento de Incidencias y Revisión de Protocolos. El objetivo es "pasar de un modelo de atención a uno de prevención y protección", es decir, hacer un "abordaje profundo y transformador" para avanzar hacia la desinstitucionalización.

"El ingreso en un centro residencial debería ser el último recurso. No es un alivio, es un fracaso colectivo, pero sobre todo de la administración por no haber dado el apoyo necesario a la familia o no haber encontrado un hogar en la familia extensa o una de acogida", ha asegurado este lunes en una rueda de prensa la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez Bravo. El próximo 3 de junio se llevará al Govern el nuevo decreto para suprimir la DGAIA y crear la DGPPIA.

Cuatro ejes de reforma

El plan de reforma se estructura en torno a cuatro ejes principales: "nuevo modelo de gestión", "giro hacia la prevención", "calidad de la atención" y "liderazgo y refuerzo de los equipos". El cambio más importante es, sin duda, que la DGAIA dejará de tener la capacidad de otorgar prestaciones económicas –que pasarán a la Dirección General de Prestaciones Sociales– y de contratar plazas, una función que asumirá la Dirección General de Provisión de Servicios.

La Oficina de Control de Gestión desplegará un Plan de Integridad que identificará "riesgos de opacidad", solicitará auditorías, supervisará la "transparencia salarial en entidades externas" y, entre otras funciones, abrirá un canal de denuncias. Según la consellera, la transformación tecnológica y la gestión basada en datos serán clave para lograr el éxito.

En cuanto al giro hacia la prevención, se mejorarán los protocolos y se trabajará en coordinación con los Mossos d’Esquadra para "combatir los abusos a través de redes sociales" y con Salut para poner el foco en la salud mental de los niños y jóvenes tutelados. La consellera ha subrayado también la intención del departamento de encontrar más familias de acogida y de reforzar la calidad de la atención.

Se revisará el modelo residencial y se mejorarán las condiciones laborales del personal de los centros. "Queremos espacios más pequeños y más humanos", ha afirmado. También se pondrá en marcha un plan de choque con Salut y Educación "para reforzar los recursos para trastornos de conducta" y se impulsarán las trayectorias de los jóvenes extutelados.

Derechos Sociales dotará a los equipos de protección a la infancia con 300 nuevos profesionales hasta 2027. En concreto, habrá 37 nuevos efectivos en la DGPPIA, dos en la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud, nueve personas en la Dirección General de Provisión de Servicios, seis en la de Prestaciones, y 243 profesionales en los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) que trabajarán en el ámbito local.

La DGAIA no se ha "redimensionado" al ritmo necesario

Antes de detallar cada uno de los elementos clave del plan de reforma, la consellera ha dejado claro que no se trata de una "reacción" o de un "plan exprés", sino de una iniciativa trabajada durante tiempo que se ha acelerado a raíz de las últimas noticias. Ha agradecido el trabajo del anterior Govern de Pere Aragonès, como la creación de las Barnahus, pero ha señalado que era necesaria una reformulación más amplia. "Para pasar del diagnóstico a la acción hacía falta una reflexión profunda que no solo tuviera en cuenta los puntos a mejorar, sino toda la estructura", ha remarcado.

El fuerte aumento de la demanda "ha tensionado" el sistema de protección, que no ha sabido "redimensionarse al ritmo que tocaba". Según los datos presentados este lunes, en nueve años –de 2016 a 2025– se ha pasado de 8.563 niños y adolescentes atendidos por la DGAIA a 14.668. En este período, la administración ha incrementado las plazas, pero no la estructura, ni en equipos tecnológicos ni de gestión. Hasta ahora, el modelo estaba centrado en la atención residencial, en lugar de destinar "recursos suficientes" a la prevención.

Los antecedentes

El anuncio de la reforma llega después de una serie de hechos que han agravado la crisis interna ya existente en la DGAIA. El más reciente fue el lanzamiento de piedras y líquido inflamable contra el centro de menores de Piera (Anoia), tras varios días de tensión en el municipio con los jóvenes tutelados, pero fue el caso de la niña presuntamente violada por una red de pederastas –mientras estaba bajo custodia de la DGAIA– el que ha sacudido profundamente a la administración.

La noticia, que estalló este mes de mayo, ha forzado a Martínez Bravo a anunciar cambios estructurales antes de la comparecencia prevista en el Parlament, aún sin fecha, y que iba a centrarse en buena parte en los ceses de la cúpula de la DGAIA y las presuntas irregularidades en las contrataciones.

El caso de la menor de 12 años salió a la luz en 2021, pero es ahora cuando la fiscalía solicita 107 años de cárcel para el hombre que la violó de forma reiterada y la ofrecía en aplicaciones de citas para que otros hombres abusaran de ella mientras los grababa. El presunto agresor sería el líder de una red de pederastia y prostitución que afectó a otras menores. Por eso, Drets Socials ha abierto un expediente informativo para revisar las actuaciones llevadas a cabo tras detectar los abusos y la Síndica de Greuges ha abierto una actuación de oficio.

En cuanto a las irregularidades, la Sindicatura de Cuentas presentó en 2024 un informe sobre la contratación pública y adjudicación del servicio de acogida de infancia y adolescencia durante el período 2016-2020. Un golpe para la actual consellera, que en abril solicitó comparecer en el Parlament para explicar las anomalías detectadas y justificar la destitución de Isabel Carrasco y Joan Mayoral, exdirectora general y exsubdirector de la DGAIA, respectivamente. Martínez Bravo defendió que ambas decisiones no estaban relacionadas: el relevo respondía a la necesidad de "nuevos liderazgos". Paralelamente, Público ya informó de que la Oficina Antifraude está llevando a cabo una nueva investigación por irregularidades en el ejercicio de 2022.