Memoria HistóricaGrabar en una cripta franquista es delito; rezarle a la dictadura, no

Hacer un documental sobre un templo franquista puede acarrear multas e incluso cárcel. Esta frase -aunque suene extraña- ha sido escrita en octubre de 2018 y tiene como protagonistas a una pareja que se atrevió a grabar dentro de una de las últimas criptas ultraderechistas del país. Carolina Martínez y Clemente Bernad, integrantes del movimiento memorialista ZER, han topado primero con los franquistas y seguido con la Fiscalía: los primeros les piden dos años y seis meses de cárcel, mientras que esta última solicita 24.000 euros en multas y dos años de encierro por un supuesto delito de “revelación de secretos”.

A la espera del juicio, ambos documentalistas prefieren guardar silencio. Hablarán, dicen, cuando salgan del juzgado. Eso no ocurrirá hasta dentro de algunas semanas: los días 14 y 15 de noviembre tendrá lugar este curioso juicio en el Juzgado Penal Número 3 de Pamplona. Según las filtraciones del sumario aparecidas en los últimos meses, ambos consiguieron grabar imágenes dentro de la cripta del Monumento a los Caídos que aún existe en Pamplona y donde hasta hace un par de años reposaron los restos de los militares franquistas José Sanjurjo y Emilio Mola.

Aún hoy, el lugar –cuyo acceso está restringido a la ultraderechista Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz y al Arzobispado de Pamplona- es utilizado por los nostálgicos del franquismo para celebrar una misa mensual en homenaje a los generales franquistas. Precisamente, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía Superior de Navarra para advertir sobre la “posible ilegalidad” de ese acto que se celebra el día 19 de cada mes, “en conmemoración del triunfo del golpe franquista en julio de 1936”. Sólo en Navarra, el alzamiento fascista se tradujo en 3.500 personas asesinadas.

“A sus muertos”

Sin embargo, lo que la Fiscalía persigue a día de hoy no son esas misas, sino el trabajo de Martínez y Bernad, quienes accedieron al interior del templo –con la autorización del ayuntamiento, que es el propietario del monumento- para filmar en su interior. La grabación realizada por ambos formaba parte del trabajo que posteriormente se plasmó en el documental “A sus muertos”, en el que distintas voces analizan qué hacer con ese templo. En ese contexto, los miembros de la Hermandad les acusan de haber colocado un micrófono y una cámara oculta en una rejilla.

Según ha podido confirmar Público, ambos documentalistas ya tuvieron que declarar ante la Policía Judicial. Ocurrió hace ya más de un año, el 8 de julio de 2017. Entonces decidieron no realizar declaraciones a los medios, a la espera de conocer el rumbo de los acontecimientos. Ahora aguardarán el desenlace en el juzgado.

“Libertad de expresión”

En tal sentido, más de 1.500 personas han firmado un manifiesto en el que denuncian este ataque a la libertad de expresión. “Conocedores de su impecables trayectorias profesionales, entendemos que no puede considerarse un delito investigar con fines de documentación artística el uso que de un espacio público, el ominoso Monumento a los Caídos de Pamplona, hace una organización de tan dudosa cualidad democrática como es la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz”, destacan.

De hecho, subrayan que en los estatutos fundacionales de dicha hermandad, “a los que no han renunciado, declara entre sus cometidos el de ‘mantener íntegramente y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España’, y que continúa celebrando hasta hoy todos los días 19 de cada mes una misa en honor de los militares golpistas Mola y Sanjurjo”.

En tal sentido, subrayan que “bajo ningún supuesto puede ser considerado delito que dos creadores realicen su trabajo de investigación sobre episodios vinculados a la memoria histórica, en el marco del derecho constitucional y la libertad de expresión. Muy por el contrario, es el delito de apología del fascismo y exaltación de la violencia golpista como instrumento de acción política por el que la Fiscalía debería interesarse”. Hoy ocurre exactamente lo contrario.