La Guardia Civil castiga con multas a quienes protestan por el 'caso Altsasu'

La solidaridad se paga cara en Alsasua. Tras la trifulca nocturna del pasado 15 de octubre –en la que se vieron involucrados dos guardias civiles de paisano-, la Benemérita ha emprendido una campaña de multas contra varios jóvenes de esta localidad, a quienes acusa de participar en distintos actos a favor de los jóvenes detenidos por este caso. Los expedientes sancionadores han sido redactados en el cuartel local, exactamente el mismo donde trabajan los agentes que denunciaron la agresión a manos de una supuesta “turba abertzale”, una versión que se fue desinflando con el paso de las semanas.

Actualmente, tres de ellos siguen en el centro de reclusión de Soto del Real bajo un severo régimen carcelario, mientras que los restantes están en libertad con medidas cautelares. El número de acusados se redujo este martes de nueve a ocho tras el revocamiento por parte de la Audiencia Nacional del procesamiento de uno de ellos.

Durante los últimos tres meses, este caso no solo provocó una catarata de portadas en la prensa estatal, casi todas dirigidas a dar datos privados de los acusados. Mientras todos los focos apuntaban hacia Altsasu –que durante varios días recibió innumerables visitas de medios de comunicación, incluso con cámaras ocultas-, familiares y amigos de los detenidos salieron a la calle para reivindicar el nombre de este municipio navarro –uno de los más militarizados de Europa- y pedir la libertad de los detenidos.

La respuesta de la Guardia Civil tardó pocos días en llegar. Desde las pasadas Navidades, alrededor de veinte personas han sido multadas por la Benemérita. ¿El motivo? Su participación en distintos actos en solidaridad con los encausados.

Las sanciones –que oscilan entre los 100 y los 400 euros- han llegado incluso a los protagonistas de un video informativo grabado a plena luz del día en la plaza de esta localidad. En ese spot de tres minutos y medio de duración –disponible en Youtube-, Edurne Visiers y Unai Otermin explicaban las características de una cadena humana que se realizaría algunos días después.

“La multa nos llegó hace un par de semanas –relata Otermin a Público-. La Guardia Civil dice que fue una asamblea ilegal de cuarenta personas y asegura que nosotros fuimos los promotores. Nos piden 100 euros a cada uno”.

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Tanto en ese caso como en otros, la Comandancia de la Guardia Civil en Altsasu se ha amparado en la polémica Ley Mordaza del PP, un instrumento legal que permite castigar este tipo de actos.

Frente a esta situación, los afectados por estas multas han presentado sendos recursos ante la Delegación del Gobierno en Navarra. “Se ha formado un grupo de gente que asesora a las personas multadas y les ayuda con la presentación de los recursos”, explica. De momento no ha habido respuestas, aunque muchos la intuyen.

De hecho, en este pueblo aseguran que hay una larga tradición en materia de sanciones. Según un recuento realizado por colectivos de esta localidad, desde 2013 se han abierto más de 100 expedientes por un importe que alcanza los 30 mil euros. El “goteo” habitual se acentuó tras los incidentes del 15 de octubre por la madrugada. “Desde entonces han llegado multas totalmente infundadas: hay casos de personas que simplemente estaban en una movilización, pero les acusan de ser los promotores o de insultar a la Guardia Civil a través de un micrófono”, señala Otermin.

Nuevas movilizaciones

En ese contexto, las madres y padres de los jóvenes de Altsasu emprenderán este miércoles una serie de movilizaciones quincenales frente al Palacio de Justicia de Pamplona para reclamar que sus hijos no sean juzgados por “terrorismo”, lo que podría acarrear penas de entre 10 y 15 años de prisión.

Según denuncian sus abogados, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se ha valido de la denominada “Ley Antiyihadista” para dictar su auto de procesamiento.

Aquella norma –impulsada por el PP con el apoyo del PSOE- amplió generosamente el concepto jurídico de “terrorismo”, lo que mereció severas críticas por parte de varios relatores de la ONU, quienes alertaron sobre los graves riesgos de criminalización que podría provocar esa normativa. El “caso Altsasu” ha confirmado sus presagios.