La Guardia Civil eleva a más de seis millones de euros el daño causado por los pozos ilegales de la Casa de Alba junto a Doñana

El informe pericial del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, encargado por la Fiscalía y al que ha tenido acceso Público, concluye que la extracción de agua de los pozos sin autorización de la finca Aljóbar, propiedad de la Casa de Alba en las proximidades de Doñana, ha podido causar daños ambientales por valor de más de seis millones de euros.

La fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla remitió el informe pericial el pasado 30 de diciembre al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor, que investiga este caso desde hace año y medio. En su escrito, el ministerio público destaca que la extracción ilícita de agua de un acuífero, “que tiene un índice de sobreexplotación del 0,91% y un descenso importante del nivel piezométrico en los últimos cinco años, supone daños importantes para el ecosistema que pueden llegar a ser irreversibles, debido a las interconexiones naturales existentes entre las diferentes matrices (suelo, agua, biota)”.

El informe pericial sobre valoración económica del daño causado por la extracción ilegal de agua subterránea desde ocho pozos de la finca Aljóbar de Aznalcázar (Sevilla), donde la empresa Eurotécnica Agraria de la Casa de Alba cultiva naranjos, hace un somero análisis de las cantidades que han podido ser utilizadas entre los años 2014 y 2021 para el regadío de un terreno de 200 hectáreas, situado a las puertas del Espacio Natural de Doñana. Y concluye: “El valor del recurso extraído, teniendo en cuenta el rango de las necesidades hídricas del cultivo de cítricos y el beneficio obtenido por el cultivo de cítricos de forma irregular, oscila entre 5,83 millones y 6,18 millones de euros”.

La Guardia Civil, que estima que en esos años analizados se pudieron extraer de forma ilegal del acuífero entre 3,8 y 6,6 millones cúbicos de agua, suma además la pérdida de valores de los servicios ecosistémicos en el área afectada que ha podido causar también esa práctica fraudulenta y que calcula entre 62.539 y 113.353 euros. De esta forma, el informe pericial dictamina que la valoración total del daño provocado por los pozos sin autorización de la finca Aljóbar se sitúa entre los 6,10 y los 6,49 millones de euros.

El informe pericial analiza también la posible afección a Doñana, al advertir que, en este caso, “la importancia de la sobreexplotación del acuífero adquiere un carácter muy relevante”, puesto que la circulación del agua subterránea predominante es de norte a sur, “y se encuentra hidráulicamente conectado con el sistema acuífero Almonte-Marismas y el aluvial del río Guadiamar, nutriendo el Parque Nacional de Doñana”.

“El agua subterránea de Doñana es el responsable de mantener de forma ininterrumpida las zonas húmedas, charcas, lagunas, etc. y de inundar las marismas durante parte del año, y sin ellas no hubiera sido posible desarrollar la importante reserva ecológica que representa Doñana, siendo uno de los patrimonios naturales más importantes de la Unión Europea”, recalca el informe de la Guardia Civil para la fiscalía.

Daños a la biodiversidad y la fauna

En el informe pericial se advierte, asimismo, de los posibles daños sobre la biodiversidad en la zona afectada: “Si existe menos volumen de agua en las épocas de otoño e invierno, puede aumentar notablemente la presencia de nutrientes y este exceso puede conducir al dominio de algas verdiazules o plantas flotantes, lo que implica la pérdida de biodiversidad, generación de sustancias tóxicas por parte de las cianobacterias y la generación de condiciones anoxias en la columna de agua que favorece lo que se conoce como la eutrofización”.

En cuanto a posibles afecciones sobre la fauna, el informe del Seprona destaca que “el deterioro del Parque Nacional de Doñana cada vez es más notorio y está perdiendo la capacidad de refugio para multitud de aves amenazadas, como es el caso de los gansos o las garzas, que han visto mermadas las poblaciones en los últimos años”. “Esta situación —añade— implica que los hábitats para estas especies se vuelvan inhóspitos y ponen a prueba la resiliencia de las poblaciones de aves presentes en la zona”.

La Guardia Civil recalca que la explotación de aguas subterráneas mediante bombeo, independientemente del sistema utilizado, produce “inexorablemente un descenso del nivel piezométrico, tanto en las inmediaciones de los pozos como en un área más extensa”. “Cuando el bombeo es continuo —precisa—, con caudales medios que excedan la recarga y durante un tiempo suficientemente largo para evitar desequilibrios locales, el resultado de la sobreexplotación podría conllevar un vaciado de las reservas”.

Según este informe pericial, el regadío con aguas subterráneas con altos contenidos en sales puede provocar la salinización de los suelos. “La evaporación elimina parte de la humedad del suelo, formándose un depósito de sal en el suelo, con una serie de repercusiones directas sobre las plantas, como disminución de la capacidad de absorber nutrientes y, por tanto, un descenso de la productividad”, advierte el Seprona.

De acuerdo con lo enunciado en el informe pericial, la Fiscalía de Medio Ambiente sostiene que la extracción ilícita de aguas subterráneas investigada en este caso, “por sí misma o junto con otras”, produce “efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar el estado favorable de conservación de determinados hábitats o especies descritas en el cuerpo del informe”.

La Fiscalía, a tenor de la conclusiones del informe de la Guardia Civil, considera que hay “base suficiente” para continuar con la instrucción del procedimiento judicial por un presunto delito contra el medio ambiente, por el que presentó querella en septiembre de 2023 contra la empresa Eurotécnica Agraria, en cuyo consejo de administración figuran Eugenia, Cayetano y José Martínez de Irujo Fitz-James Stuart, y Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, integrantes de una de las más importantes familias aristocráticas y la mayor propietaria de tierras agrícolas de España.

Los pozos tuvieron que ser nuevamente clausurados

El pasado mes de noviembre, la Guardia Civil constató durante una inspección a la finca que seguía extrayéndose agua de los pozos de Aljóbar sin autorización después de que el juez hubiese ordenado el levantamiento de su precinto cautelar, tras lo cual, en diciembre, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) volvió a sellarlos.

Este caso comenzó en la primavera de 2023 con la denuncia que presentó un vecino de la zona ante la Confederación Hidrográfica, donde dijo que había descubierto nueve pozos que estaban ocultos bajo lonas de color verde para camuflarlos entre los cientos de naranjos plantados en la finca Aljóbar. Ante la falta de respuesta, el hombre se puso en contacto con Ecologistas en Acción, que presentó a su vez otra denuncia, también ante la CHG, y que se ha personado como acusación particular en la investigación abierta en el juzgado de Sanlúcar la Mayor.

A raíz de esas denuncias y tras una inspección previa, agentes de la Guardia Civil y de la CHG se personaron en junio de ese año en la finca para sellar de forma cautelar ocho pozos que habían comprobado carecían de autorización. Pero les negaron el paso. Así que la Confederación Hidrográfica, a través de la Abogacía del Estado, tuvo que solicitar en el juzgado la autorización para proceder al cierre de los pozos, mientras se tramitaba el expediente por una supuesta captación ilegal de agua en un terreno que tan solo contaba con permiso para dos puntos de extracción destinados al riego y una balsa de acumulación.

Tres meses después, en septiembre, fue cuando la Fiscalía de Sevilla presentó la querella en los juzgados de Sanlúcar la Mayor por un presunto delito contra el medio ambiente en la finca Aljóbar, basándose en un informe de la CHG, en el cual se valoraban en 36.702 euros los daños ocasionados al dominio público hidráulico por los riesgos ilegítimos con más de 305.851 metros cúbicos de agua en solo media campaña agrícola.

La querella de la Fiscalía incorporó el atestado de la Guardia Civil, en el cual se detalla que los hechos pueden ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente, por detracción ilegal de aguas, tipificado en ella artículo 325 del Código Penal, y de otro de desobediencia, por haber impedido la clausura de los pozos ordenada por la CHG.

El ministerio público solicitó un informe específico de la Confederación Hidrográfica en el que, además de cuantificar los perjuicios ocasionados sobre la base del importe que se precise para la restauración de la zona a su estado originario, aclarase si la extracción de agua había causado daños sustanciales a la calidad del acuífero afectado y perjudicado gravemente su equilibrio, e, incluso, un riesgo para la salud de las personas.

Como medida cautelar, la Fiscalía pidió la retirada de los materiales de bombeo de esos pozos para impedir que siguieran extrayendo agua de ellos y, entre las diligencias a practicar, que se tomase declaración al representante legal de Eurotécnica Agraria, en la que en ese momento figuraba como presidenta Eugenia Martínez de Irujo, hija de la fallecida duquesa de Alba.

La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emitió un informe en enero de 2024 en el que concluyó que la extracción de agua de los pozos sin autorización de Aljóbar “es susceptible” de haber causado daños sustanciales al acuífero afectado, Aljarafe Sur, o de haber perjudicado gravemente su equilibrio natural. Las posibilidades de haber originado un daño son aún mayores, según este órgano dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, si se tiene en cuenta que las extracciones de agua se han hecho sin control volumétrico alguno y sin conocimiento de su régimen estacional.

Sin embargo, el titular del juzgado de Sanlúcar la Mayor encargado de la instrucción de este caso, Pablo Aragón, emitió en mayo un auto por el cual ordenó al Seprona desprecintar “de inmediato” los ocho pozos que había mandado sellar de forma cautelar en octubre de 2023 por carecer de autorización de la Confederación Hidrográfica.

El intento de legalizar los pozos

A petición de la empresa de la Casa de Alba, y en contra de la opinión de la Fiscalía, que solicitó mantener el precinto de los pozos, el juez basó su decisión de cesar las medidas cautelares en un informe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHG emitido en noviembre de 2023. En ese documento se informa favorablemente sobre la solicitud de Eurotécnica Agraria para incorporar los ocho pozos a la cantidad de agua autorizada a esa explotación agraria, reduciendo la superficie de riego.

De acuerdo con ese informe, en el que se precisa que la incorporación de los ocho pozos que carecían de permiso no supone un aumento de la superficie ni del volumen de regadío, el juez consideró que no resultaba procedente mantener su precinto, ya que no “parece que su uso o utilización suponga un riesgo” para la masa de agua afectada.

De forma paralela a la instrucción judicial por un presunto delito contra el medio ambiente, la empresa de la Casa de Alba ha emprendido un proceso administrativo para intentar legalizar en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la situación de los ocho pozos cuyo uso se investiga por la vía penal, transformando de derecho privado a concesión de aguas públicas esas extracciones.

De acuerdo con la solicitud que presentó en la CHG, Eurotécnica Agraria se compromete a reducir de 200 a 161,62 las hectáreas autorizadas para un riego por goteo de naranjos y olivar superintensivo, incorporando los ocho pozos que carecen de permiso, pero sin superar el caudal máximo concedido. Además, asegura que informará a la Confederación Hidrográfica en el primer trimestre de cada año de los volúmenes de agua extraídos y que dispondrá de un libro de control con el consumo mensual.

El magistrado Pablo Aragón emitió el 27 de noviembre un auto en el que consideraba que aún no ha quedado suficientemente determinado que haya existido un grave daño al medio ambiente, a expensas, no obstante, de lo que indique el informe de la Fiscalía, que es el que fue presentado el pasado 30 de diciembre y que concluye que se han podido causar daños por valor de más de seis millones de euros.

La empresa difundió un comunicado en 2023 en el que, además de asegurar que la extracción de agua no había superado en ningún momento el volumen máximo autorizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, precisó que Luis Marínez de Irujo era el miembro del consejo de administración responsable de la explotación de la finca y que Eugenia Martínez de Irujo nunca había participado en esa gestión.