MADRID.-  Cerca de 400.000 jóvenes de toda España se enfrentan este mes de junio a los tres días de más nervios en la vida de un estudiante. Las tradicionales pruebas de acceso a la universidad (PAAU) cumplen este curso 41 años de historia, pero puede que desaparezcan a partir de 2017.  Si el gobierno resultante de las elecciones del 26-J no tumba la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), se pondrá en marcha la reválida de Bachillerato, una suerte de Selectividad que tiene en frente a 12 comunidades y que los rectores vigilan con lupa.

El Ministero de Educación insiste en que la reválida será similar a la Selectividad y no le falta razón si nos ceñimos a los aspectos técnicos: las preguntas no cambiarán, la nota máxima seguirá siendo un 10 (ampliable a 14) y contará un 40% en la nota final (el 60% corresponde a la media de Bachillerato). Igual que ahora, los exámenes serán corregidos por profesores de instituto y de universidad. 

Las diferencias —y los motivos por los que 12 comunidades la rechazan—están en los aspectos conceptuales. Lo más importante es que la reválida será obligatoria para obtener el título de Bachillerato y poder seguir estudiando, algo que para Comisiones Obreras (CC OO) "contribuirá a las tasas de abandono escolar temprano", explica a Público Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato. La Selectividad, en cambio, no es un título imprescindible para mantenerse en el circuito educativo e incluso algunos centros universitarios ni siquiera la exigen a los alumnos de primer curso. La reválida, además, se aprueba con un 5 mientras que las PAAU se consideran superadas con un 4 en el examen y una media de 5 con el expediente. 

Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, coincide con García y piensa que la reválida de Bachillerato sería la repetición de un problema que ya tuvo la LOGSE: "Dejar a una parte del alumnado fuera del sistema, sin vías de continuidad. En la economía del conocimiento se pueden diversificar las vías para seguir aprendiendo, pero nadie debe encontrarlas cerradas por completo", explica Público.

La LOMCE abre la puerta a que cada centro pueda hacer sus propias pruebas y seleccionar de este modo a sus futuros alumnos

En un principio —en la mente de José Ignacio Wert y en el texto que aprobó el rodillo de la mayoría absoluta del PP— la reválida estaba planteada para ser una prueba de 35o preguntas tipo test igual en toda España. Mismas fechas, mismos criterios, mismos tipos de exámenes. Sin embargo, tras un año y medio de negociación con los rectores, el actual ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, ha descartado la idea de las preguntas tipo test y ha permitido que sean las comunidades las que elaboren los exámenes, fijen los tribunales y decidan las fechas de las pruebas. Es decir, como ahora.

Sin embargo, el mayor escollo en el debate sobre la nueva Selectividad es la desregulación del acceso a la universidad. La LOMCE abre la puerta a que cada centro pueda hacer sus propias pruebas y seleccionar de este modo a sus futuros alumnos, como sucede en Estados Unidos. Se acabaría así con el llamado distrito único, que permite que la nota que obtiene un alumno en Barcelona le sirva para entrar en una universidad de Madrid. La Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE) rechaza este modelo porque, como dijo su presidente Segundo Píriz, "puede suponer cierta segregación" porque no todas las familias pueden permitirse que sus hijos tengan que ir a distintos campus para hacer varios exámenes. Así se lo ha hecho saber la CRUE al ministro, que recientemente afirmó que “probablemente las universidades no tengan que hacer otras pruebas para acceder a la Universidad”. Aun así, no hay ningún acuerdo firmado y la ley vigente no lo prohíbe, sino que lo permite. 

Julio Carabaña: "El Gobierno tiene el derecho y el deber de hacer una prueba estatal que sirva para obtener títulos que son válidos a nivel estatal"

Por todo ello, CCOO pide al Gobierno en funciones que no apruebe el real decreto en el que se desarrollan las características de esta nueva Selectividad. "El actual Ejecutivo no tiene legitimidad. La perdió el 20 de diciembre y además existe una moción mayoritaria en el Congreso para derogar la Lomce", recuerda Francisco García.

Para Julio Carabaña, catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, el cambio que prevé la Lomce en el acceso a la universidad es "incoherente" pero cuestiona que la opinión de los rectores o una moción parlamentaria puedan modificar el contenido de una ley aprobada en el Congreso. "El Gobierno tiene el derecho y el deber de hacer una prueba estatal que sirva para obtener títulos que son válidos a nivel estatal", afirma el catedrático, aunque advierte: "La reválida es un paso más hacia la destrucción del sistema universitario español". El hecho de que las universidades y las facultades puedan hacer pruebas de acceso beneficia, en su opinión, a los centros privados. De igual modo, Fernández Enguita, considera "esencial que pruebas únicas tengan la misma validez para todas las universidades, porque lo contrario es vulnerar el ámbito de la ciudadanía y la unidad del mercado de trabajo".

CC OO: "El actual Ejecutivo no tiene legitimidad para desarrollar la LOMCE"

El filósofo Juan Antonio Marina, en cambio, aboga porque sean las facultades las que diseñen sus propias pruebas de acceso y defiende que "las universidades deberían poder decidir si estas pruebas son más o menos difíciles porque cada uno tiene que defender la calidad de su escuela", explicó en declaraciones a Europa Press.

Del mismo modo que sucedió con las pruebas externas en Secundaria, alumnos y padres coinciden en rechazar la reválida del Bachillerato. El sindicato de Estudiantes cree que la nueva prueba de acceso a la universidad "es muy similar a la reválida franquista" y los padres de alumnos de la escuela pública (CEAPA) consideran que será un "obstáculo" para miles de estudiantes. 

La falta de consenso con la comunidad educativa fue uno de los principales ingredientes en la tramitación de la LOMCE y de aquellos polvos, esos lodos. De hecho, es probable que la ley Wert sea una de las primeras normas que se conviertan en papel mojado cuando se forme un nuevo Gobierno porque no es probable que el PP logre de nuevo la mayoría absoluta. Fernández Enguita señala además que "al práctico equilibrio izquierda-derecha, que podría resolverse en cualquier sentido, quizá con probabilidades algo mayores a favor de la izquierda, se suma la oposición nacionalista a todo lo que suene a reforzar o ejercer competencias estatales".