Los hogares con rentas más bajas dedican casi un 40% de sus ingresos a pagar el alquiler

Europa vive una crisis estructural de la vivienda que pone en cuestión el alcance de las políticas adoptadas en las últimas décadas. En España, la vivienda se mantiene como el principal problema de la ciudadanía, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El precio medio de los nuevos contratos de alquiler en Barcelona se sitúa en 1.135 euros, según el Institut Català del Sòl (Incasòl).

Buscar piso se ha convertido en una carrera de obstáculos, sobre todo en las grandes ciudades. Colas, subidas de precio repentinas, fondos buitre, alquileres temporales o por habitaciones y pisos en cada vez menos manos. Un estudio de la Fundació Irla y la Coppieters Foundation pone cifras a esta problemática. 

Según el dossier Objetivo 25: Vivienda social para una Europa social, elaborado por los economistas Ferran Elías, David Palomera y Marta Ribera a partir de datos de Eurostat, la OCDE y diversas instituciones europeas, los hogares con menos ingresos destinan un 38% de sus ingresos a pagar la vivienda, muy por encima del umbral internacional de asequibilidad, situado en el 30%. 

La situación es aún más crítica en las grandes ciudades, donde el coste de alquilar un piso puede llegar a superar el 100% de los ingresos medios. Es decir, incluso un trabajador con un salario equivalente a la media no puede asumir el coste del alquiler sin endeudarse o sacrificar otras necesidades básicas. Esta realidad, presente en diferentes capitales europeas, demuestra que la escasez de vivienda asequible no es una anomalía puntual, sino el síntoma de un problema estructural. 

Los expertos que han participado en el estudio avalan esta tesis. La combinación de mercados de alquiler cada vez más concentrados, la irrupción de la vivienda turística y el papel creciente de los fondos de inversión ha alterado los equilibrios tradicionales. La vivienda, alertan, se ha convertido en un activo especulativo y no en un derecho protegido. 

Para revertir esta situación, el dossier propone garantizar que al menos el 25% de los hogares europeos vivan en vivienda pública, social o comunitaria. Se trata de aumentar en 15 puntos porcentuales el parque residencial social, un reto que equivale a crear 32 millones de viviendas nuevas bajo gestión pública o comunitaria. Actualmente, solo un 10% de los hogares europeos tienen acceso a vivienda pública. 

Una inversión histórica, pero asumible   

Alcanzar el Objetivo 25 requeriría una inversión de entre el 3,6% y el 4,7% del PIB anual de la Unión Europea durante una década. Aun así, solo el 30% de este gasto debería provenir de financiación pública directa, lo que dejaría a las administraciones un coste aproximado del 1% del PIB anual europeo. 

Los economistas que han trabajado en el estudio argumentan que la inversión es perfectamente realista si se considera la vivienda como una infraestructura social esencial, igual que los hospitales o las escuelas. Además, recuerdan que no actuar tiene un coste aún mayor: desigualdad crónica, desplazamiento de población, caída del consumo y tensión social. 

El mapa europeo muestra diferencias extremas en cuanto al acceso a la vivienda pública. Austria, Dinamarca o Países Bajos disponen de parques públicos y sociales que superan ampliamente los estándares continentales. En cambio, el sur de Europa y los países del antiguo bloque soviético arrastran déficits históricos que los sitúan muy por debajo de la media. 

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El dossier también señala que esta desigualdad genera dinámicas internas: ciudades europeas que atraen talento pero expulsan a sus vecinos; zonas rurales que no pueden retener a los jóvenes; y barrios enteros que se vacían mientras miles de pisos se destinan a usos especulativos o turísticos. 

Una estrategia que va más allá de construir pisos   

Aunque el aumento del parque social es el eje central, el informe también aboga por medidas inmediatas: regulación del alquiler, limitación de los apartamentos turísticos, restricciones a los contratos temporales y reconocimiento legal de los sindicatos de inquilinos. Además, propone reforzar los mecanismos contra la especulación, como impuestos sobre pisos vacíos o el derecho de tanteo y retracto por parte de las administraciones públicas. El Govern catalán ya anunció que estudiaría prohibir la compra especulativa de vivienda.