La huelga del metal en Cádiz acaba con reproches entre los sindicatos, detenidos y denuncias de "represión policial"

La huelga del metal de Cádiz, un sector estratégico —emplea a unas 30.000 personas en una zona de alto desempleo, además de su valor productivo— para la provincia y el país, ha tenido varias huelgas en su interior, como las matrioskas rusas. La primera de ellas, la más relevante, terminó el pasado 27 de junio. Entonces, el sindicato mayoritario UGT firmó en solitario un pacto con la patronal FEMCA, que tendrá larga vigencia, hasta finales de 2031. Después, las factorías retomaron la actividad. 

Frente a este acuerdo, el sindicato CGT, que analiza que la duración del nuevo convenio es "inaceptable", mantuvo su convocatoria de huelga indefinida casi dos semanas más, hasta este martes pasado, cuando la cerró "por decisión de las asambleas de trabajadores del metal". Tampoco la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) ha querido saber nada del pacto y, además de ser muy críticos con UGT, lo son con CCOO, que también se sentó en las mesas, aunque se desmarcó del acuerdo el mismo día de la firma.

Y viceversa. Dos días después de que UGT cerrase el pacto, que deberá ahora plasmarse en un nuevo convenio, y mientras CGT decidía proseguir con la huelga, CCOO llamaba a la "responsabilidad, la legalidad y el compromiso colectivo": "El sindicalismo no puede caminar desde la anarquía ni desde utopías inviables. Nuestro trabajo debe seguir siendo riguroso y honesto con la clase trabajadora", dijo Pedro Lloret, portavoz de CCOO Industria Cádiz.

"Brutal represión"

Los paros se han saldado con más de 20 detenidos. La Policía Nacional abrió la operación Fuego a través de la que investiga todo lo sucedido desde el inicio de la huelga indefinida. Se acusa a los arrestados de diferentes delitos —daños, atentado contra la autoridad y desórdenes públicos—, varios de ellos concentrados en los incidentes ocurridos el 18 de junio, cuando una manifestación por las calles de Cádiz terminó con bronca con la Policía y contenedores quemados.

Varios trabajadores han sido arrestados en sus casas y a algunos se les impusieron fianzas de miles de euros. "Hemos recaudado 85.000 euros para evitar la entrada en la cárcel de cuatro trabajadores [tres de 15.000 euros y otra de 40.000]", resume una fuente conocedora del asunto en conversación con Público. Para CGT y algunos partidos de izquierdas, como Adelante Andalucía y Podemos, se trata de una criminalización en toda regla de la protesta y del derecho a huelga. Justo cuando las seis de la Suiza han entrado en prisión, el metal de Cádiz también sufre "represión", consideran.

"Ha habido un gran despliegue policial que se ha llevado a cabo durante los días que ha durado esta huelga, con registros y persecuciones. Por parte del Estado, y como pasó en noviembre de 2021 en la anterior huelga del metal en Cádiz, se ha reprimido duramente no solo a los trabajadores, sino también a sus familiares y a sus entornos directos que han estado mostrando apoyo en las movilizaciones y acciones establecidas en estas semanas", consideran en el sindicato CGT.

"Las leyes más duras se dirigen siempre hacia quienes se plantan contra los abusos y las injusticias de las grandes multinacionales. Pese a que en esta ocasión no ha habido tanquetas, como en 2021, sí que ha habido un grave abuso policial, con porrazos, palizas y persecuciones", agregan. CGT y CTM convocaron para este sábado en Carabanchel (Madrid) un acto para explicar "las experiencias vividas y la brutal represión", consideran en Cádiz.

La huelga de CGT

La patronal, tras la firma del acuerdo, mantuvo también un discurso con el que trató de desautorizar la legitimidad del paro mantenido por CGT: "La huelga está oficialmente desconvocada. Lo que estamos presenciando ahora es el intento irresponsable de una minoría sin respaldo para imponer por la fuerza lo que no han conseguido en las urnas ni en la mesa de negociación", indicó FEMCA en un comunicado el pasado 30 de junio. El mismo día en que se produjo una notable manifestación en Puerto Real en apoyo a mantener la huelga. 

Para CGT, "tanto la patronal FEMCA como los grandes sindicatos burocráticos y determinados sectores mediáticos han ido señalando directamente a quienes han ejercido su legítimo derecho a la protesta". 

El acuerdo firmado por UGT, según este sindicato, recoge la "actualización salarial conforme al IPC" y que "en 2030 se recupera al 100% el llamado Plus personal de toxicidad y peligrosidad", lo que supondrá "57 euros más al mes". También, asegura este sindicato, se ha pactado "la eliminación del salario reducido para nuevos [contratos] y la regulación de los contratos fijos discontinuos, priorizándose en los llamamientos el orden de antigüedad, así como la retirada de los contratos parciales". Todo esto deberá ahora quedar negro sobre blanco en el nuevo convenio.

CCOO asegura que hará un seguimiento "exhaustivo" del pacto. Para CGT, ahora toca trabajar "empresa a empresa" para poder mejorar las condiciones laborales y sociales de las plantillas del sector: "Las condiciones [pactadas por UGT] solo beneficiarán a la patronal y blindarán un nuevo convenio colectivo hasta el año 2032 [termina, según UGT, el 31 de diciembre de 2031], una vigencia inaceptable en unos momentos donde la carga de trabajo vuelve a la Bahía".