El Ministerio de Igualdad ha hecho públicos este miércoles los borradores de las leyes para garantizar los derechos de las personas Trans y LGTBI que lleva meses trabajando con diversas organizaciones que representan a estos colectivos. Tal como han afirmado fuentes del Ministerio, se trata de borradores que deberán pasar aún un largo trámite para convertirse finalmente en leyes. La ministra Irene Montero presentó ambos proyectos de ley la semana pasada a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y apuesta por tenerlos aprobados en la primera quincena de febrero, lo que supone que podrían estar en la agenda del próximo consejo de Ministros, que se celebrará el martes nueve.

La aprobación de ambas leyes durante la presente legislatura es parte del acuerdo de Gobierno que firmaron entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, a pesar de que desde hace meses algunos puntos concretos de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans ha levantado críticas desde la cúpula socialista por aspectos como la autodeterminación de género. Aquí analizamos algunos puntos clave de dicha propuesta.

Libre determinación de la identidad de género

Entre las principales novedades que incluye la ley trans con respecto a la legislación actual destaca el reconocimiento al "derecho a la determinación de género libremente manifestada", es decir, que permite el cambio de sexo registrado con la simple manifestación del interesado a partir de los 16 años. Para ello no será necesario ningún tipo de informe médico o psicológico, ni la necesidad de tratamientos hormonales o procedimientos quirúrgicos. 

La actual ley, vigente desde 2007, contempla ya la posibilidad de cambiar el sexo registral, pero exige un diagnóstico de disforia de género y demostrar al menos dos años de tratamiento hormonal para adecuar la apariencia física al sexo sentido. La despatologización ha sido una reivindicación histórica del movimiento LGTB, que considera que si bien la ley de 2007 fue pionera en su momento, se ha quedado obsoleta y niega derechos. Desde Igualdad consideran líneas rojas negociar la autodeterminación de "género" y la despatologización de las personas trans, puesto se trata de derechos humanos reconocidos y exigidos a nuestro país desde diversos organismos internacionales, cono los de Naciones Unidas o el Consejo de Europa.

Este derecho a la identidad de género libremente manifestada también se reconocerá a los extranjeros residentes en nuestro país, con independencia de su situación administrativa.

Menores y tratamientos hormonales

El borrador contempla que, en cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en línea con el informe de la ponencia que aprobaron los principales grupos parlamentarios en 2019, se elimina el requisito de la mayoría de edad para solicitar la rectificación de la mención registral del sexo. Los mayores de 16 años podrán solicitarlo sin permiso paterno ni informes médicos, mientras que los menores de entre 12 y 16 podrán pedirlo a traves de progenitores, o representantes legales. 

Por lo que se refiere a los tratamientos hormonales a menores, el borrador de la ley contempla que se pueda iniciar un tratamiento bloqueador hormonal "al inicio de la pubertad". Esta tratamiento permitiría bloquear el desarrollo de atributos sexuales como el bello o los pechos. Este tratamiento se podrá prestar a mayores de 16 años con consentimiento informado. 

Fuentes del Ministerio de Igualdad desmienten las voces que afirman que esta ley obligará a los menores a hormonarse y explican que es la actual ley la que obliga a demostrar un período de hormonación de dos años para tener acceso a un cambio registral del sexo en los documentos y que al no exigirse este requisito la necesidad de consumir fármacos disminuye, sobre todo en los menores.

Derecho y obligaciones jurídicas

El borrador de la ley afirma que el cambio registral "no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio". Es decir, que las personas serán responsables de los delitos o actuaciones que hayan cometido mientras estaban registrados con un sexo determinado. El texto hace una referencia expresa a la ley de violencia de género de 2004. Esta cita pretende rebajar las criticas que desde ciertos sectores del PSOE y del feminismo se hacen a la posibilidad de que se realicen cambios registrales para evitar condenas por violencia de género.

Tratamientos médicos y reproducción asistida pública 

El texto de la ley especifica que "la atención sanitaria específica a las personas trans se incluirá en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud". Esto significa que el sistema público deberá facilitar los tratamientos hormonales, las terapias de voz, las cirugías genitales, mamoplastias, mastectomías y material protésico. En este sentido, serán las comunidades autónomas, que tienen transferidas la competencias en salud, las responsables de garantizar servicios.

Por lo que respecta a los servicios de reproducción asistida a las personas trans "con capacidad de gestar", la ley establece que estas técnicas serán parte también del sistema de salud. Esto incluye, además, el acceso a las técnicas de congelación de tejido gonadal y de células reproductivas en personas que se sometan a tratamientos hormonales.

En cuanto a la práctica del deporte, el texto recoge que las personas trans participarán en eventos deportivos en función de su "sexo registral" y que no se podrán realizar pruebas "de verificación del sexo". Lo mismo ocurre en el caso de las personas que son internadas en centros penitenciarios. La ley prevé que sean "tratadas y separadas según su sexo registral", a menos que consideren que esto ponga en peligro su integridad.

Discrepancias con el PSOE y parte del feminismo

A lo largo de los últimos meses diversas voces dentro del Partido Socialista (los socios de Gobierno) y del feminismo han expresado sus temores hacia algunos términos conceptos contenidos en esta ley, como el concepto de la autodeterminación de género que, afirman, borra a las mujeres y difumina derechos adquiridos.

En verano el PSOE hizo público un documento firmado, entre otros, por Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, que advertía de que este tipo de términos introduce ambigüedad y que puede generar inseguridad jurídica. De hecho, tras conocerse los borradores de las leyes, fuentes del PSOE han manifestado que no se trata de una ley de Gobierno, sino de un texto que presenta Unidas Podemos. Desde el ministerio que dirige Irene Montero han afirmado, sin embargo, que "no tienen constancia de que el Ministerio de Igualdad no forme parte del Gobierno", y afirman que lo que "realmente causa inseguridad jurídica es que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la ley 2/2007 incumple derechos a la integridad moral y física de las personas trans y que tengamos 14 leyes autonómicas distintas que regulan la autodeterminación de género". Desde el Ministerio de Igualdad insisten en que no es posible que "tener o no derechos dependa de dónde vivas".

Consultados por las posibles discrepancias entre los socios de Gobierno, fuentes del Ministerio de Igualdad no han querido entrar en detalles y han afirmado que el texto es prácticamente el mismo que la proposición que el PSOE presentó en 2019 para modificar la ley de 2007 y que muchas partes del texto han sido acordados en la comisión de Igualdad a lo largo de la pasada legislatura. Desde Igualdad explican que hay tiempo para buscar amplios consensos. 

Desde una parte del feminismo denuncian que el borrador no ha tenido en cuenta las "prescripciones que el movimiento feminista viene diciendo en los últimos años" y que esta ley "no defiende los derechos de los transexuales ni de las mujeres", afirma Alicia Miyares en representación del colectivo Contra el borrado de las mujeres, un grupo de organizaciones que se han unido para hacer presión contra estas leyes. Denuncia que la ley pone en cuestión la categoría sexo y que esto "convierte en irrelevantes todas las políticas específicas hacia las mujeres y los datos desagregados por sexo". Miyares afirma, además que "ninguna norma jurídica debería regular deseos, sentimientos o aspectos subjetivos como la identidad de género". 

Por su parte la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) espera que el Gobierno de coalición se ponga de acuerdo. Su presidenta Uge Sangil ha declarado este miércoles a la agencia Servimedia, que es importante "aprovechar este momento histórico".  Sangil, que calificó el borrador como "sólido" afirmó que "estamos al principio del diálogo y la fractura actual" entre los dos socios del Gobierno "se puede salvar. Ahora, a las partes nos queda sentarnos, dialogar y llegar a un consenso porque es un momento histórico que tenemos que aprovechar para consolidar los derechos de las personas trans".

Fuentes del Ministerio de Igualdad afirman que el texto del proyecto de ley se aprobará en Consejo de Ministros antes de mediados de febrero y que hay tiempo suficiente para ello, a pesar de que antes de que eso ocurra tiene que recabar e incorporar las opiniones o modificaciones de diversos ministerios y secretarías de Estado. "Lo importante es seguir negociando", añadieron.