Retiran del turno de Violencia contra la Mujer al abogado investigado por maltrato

El Colegio de Abogados de Gipuzkoa (Icagi) ha retirado "cautelarmente" al abogado Miguel Alonso Belza, investigado por presuntos malos tratos a su pareja, del Turno de Oficio de Violencia contra la Mujer al que se encontraba adscrito voluntariamente.

Miguel Alonso Belza, conocido por haber representado a la familia de Nagore Laffage, víctima de un asesinato machista en Sanfermines de 2008, ha sido profesor de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco y es Miembro de Honor del Instituto Vasco de Criminología (IVAC), además de diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, a la que dejó de pertenecer a raíz de este caso.

La decisión adoptada por unanimidad de la Junta de Gobierno del Icagi se produce tras conocerse que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián ha dictado una orden de protección en favor de la víctima, que impide al letrado aproximarse a la perjudicada y comunicarse con ella durante la tramitación de la causa que se sigue por este asunto.

Los hechos que han motivado ahora la orden de protección contra Alonso Belza tuvieron lugar presuntamente entre abril y diciembre de 2016, cuando, según el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, supuestamente la víctima habría sufrido, "indiciariamente", "numerosos episodios de agresividad física, psíquica y ambiental" por parte de su compañero, con el que había iniciado una "relación afectiva" en 2015.

El abogado que representa a Alonso Belza en esta causa, Juan Román Zubillaga, ha rechazado "categóricamente" los hechos que se imputan a su defendido y ha precisado que la medida cautelar de protección dictada contra su cliente ya ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia de Gipuzkoa.

No obstante, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Gipuzkoa ha emitido hoy un comunicado en el que explica que, por unanimidad, "considera conveniente" la "separación cautelar" del letrado del citado turno de oficio con el objetivo de "garantizar el funcionamiento normal del Servicio de Asistencia y Asesoramiento a las Mujeres víctimas de la violencia de género".

En su nota, el Icagi muestra "el máximo respeto a la actuación judicial en curso" y "a la presunción de inocencia de la persona afectada", al tiempo que reafirma su "compromiso institucional" y de sus abogados "con la erradicación" de la "lacra social" de la violencia machista.