9.000 familias indígenas resisten en Argentina la presión de los terratenientes de la soja

@e_bayona

ZARAGOZA.—“Para nosotros es dificultoso disponer de un papel [de propiedad], pero un papel no da derecho a destruir un ecosistema”. Deolinda Carrizo, del Mocase (Movimiento Campesino Santiago del Estero), explicó este lunes en Zaragoza, en un acto convocado por el Comité de Solidaridad Internacionalista, la lucha que desde hace más de 25 años mantienen las 9.000 familias agrupadas en este colectivo contra el desalojo silencioso al que vienen siendo sometidos por terratenientes y grandes empresas que están extendiendo por esta provincia del norte de Argentina el monocultivo de la soja transgénica.

Santiago del Estero es una semidesértica provincia del noreste de Argentina –su superficie equivale a la de Castilla y León y Extremadura juntas, con 20.000 habitantes más que Guadalajara- que forma parte del Gran Chaco y a la que a principios de los 90 comenzaron a llegar propietarios de grandes extensiones de los que hasta entonces nadie había oído hablar.

Intensificaron el proceso de ocupación de tierras iniciado en la dictadura —ahora para implantar el monocultivo de la soja—y el desalojo de comunidades, muchas de ellas de pueblos originarios anteriores a la colonización. “No sabemos de dónde salían esos títulos, algunos eran prendas de deudas que habían acabado en el juzgado”, señala Carrizo.

El proceso, impulsado por “la necesidad de ocupar los lugares del país que habían sido despreciados para el progreso”, se intensificó en 1996, con la autorización para cultivar en Argentina soja transgénica, que hoy es prácticamente un monocultivo en la zona.

Y que lleva camino de agravarse con las políticas de Mauricio Macri, cuyo Gobierno ha eliminado los impuestos que gravaban la exportación de ese cultivo —también los del maíz y los productos mineros— y ha abolido el límite del 20% de la propiedad de la tierra al que podía acceder el capital extranjero.

El avance de las toperas, las máquinas que allanan lomas y deforestan llanuras, y de las vallas que agrandan las propiedades de terratenientes y empresas al tiempo que achican el espacio de las comunidades, se ve apoyada por dos estrategias cuyo objetivo es amedrentar a los indígenas, explica Carrizo: las fumigaciones indiscriminadas, incluso sobre los pequeños núcleos de población y sus escuelas, y la aparición de escuadrones de la muerte.

“Están contratando a grupos armados paramilitares para expulsar a las familias. Se está reactivando la criminalización en la lucha por la tierra, como en los años 90”, indica, en una estrategia del terror que hace unos años se cobró la vida de dos activistas. Esas decisiones de Macri, anota, “están reactivando muchos conflictos” tanto en el norte como en el sur de Argentina, en la zona de los mapuches, como consecuencia de los procesos de acaparamiento de tierra.

“Muchas familias llevan siete, diez y más generaciones en esas tierras, y la ley ampara tanto a las comunidades históricas como a las familias que cultivan un terreno”

El inicio de las hostilidades hizo que las comunidades indígenas de Santiago del Estero comenzaran a organizarse. Normalmente, cada familia combina la crianza de cabras, vacas y chanchos (cerdos) con el cultivo de parcelas de 10 a 30 hectáreas de secano, más extensiones secas de varios miles con otros grupos, con cuya producción subsisten y suministran a los mercados locales.

“Muchas familias llevan siete, diez y más generaciones en esas tierras, y la ley ampara tanto a las comunidades históricas como a las familias que cultivan durante veinte años de manera pacífica un terreno”, explica Deolinda Carrizo, que sostiene que “logramos resistir de manera conectiva difundiendo el conflicto” cuando comenzaron a ser expulsadas y a perder sus tierras a principios de los 90. “No les interesa la soberanía de los pueblos, solo les interesa la soberanía de las corporaciones que vienen a romper nuestra forma de vida”, sostiene.

Mocase, integrado en Coloc (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo) y en Vía Campesina —representa a más de 200 millones de campesinos de 164 organizaciones de 73 países—, ha apostado por dos líneas de trabajo para mejorar la situación de las comunidades de Santiago del Estero: fomentar la puesta en marcha de fábricas de transformación agroalimentaria y promover una Escuela de Tecnicatura Agroecológica en la que, desde hace ya diez años, la enseñanza de técnicas académicas se combina con la de las tradicionales.

“No les interesa la soberanía de los pueblos, solo les interesa la soberanía de las corporaciones que vienen a romper nuestra forma de vida”

El centro incluye estudios de disciplinas no agrarias, como arquitectura, medicina y comunicación, y sus planes de estudio combinan las estancias de los alumnos en universidades públicas con las que mantienen convenios con la realización de prácticas en las comunidades.

“El reto de Vía Campesina —señala Carrizo— es poner en marcha el Instituto de Agroecología latinoamericano”, una especie de universidad popular de esta disciplina que cuenta con el apoyo de centros de Argentina, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Perú, Uruguay, Paraguay y Brasil.